El fallido intento de Nicaragua por controlar el SICA: esta es la lista de postulantes rechazados
La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) continúa acéfala desde mediados de noviembre de 2023, cuando el abogado nicaragüense Werner Vargas renunció de forma abrupta al cargo. Su salida marcó el inicio de una crisis institucional que, casi dos años después, expone el aislamiento diplomático del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Nicaragua parece que desistió de su afán por imponer candidatos estrechamente vinculados al oficialismo, luego que los gobiernos del sistema cerraron filas para evitar que la Secretaría General quedara bajo control del sandinismo.
A la dictadura de Nicaragua le correspondía ocupar el más alto cargo para el período 2022-2026, como parte de un acuerdo entre los presidentes centroamericanos que establece que cada país se turnaría el puesto, guiados por el principio de rotación geográfica.
Desde entonces, un desfile de candidatos orteguistas ha sido rechazado por los países centroamericanos. Uno tras otro, bajo múltiples justificaciones.
Los candidatos rechazados
Ya en junio de 2021 el Gobierno nicaragüense intentó colocar una terna encabezada por el exguerrillero sandinista Orlando Tardencilla, acompañada por la ministra del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, y por la arquitecta Luz Marina López Escobar, funcionaria del Gobierno Regional de la Costa Caribe Norte. Ninguno de estos nombres logró concitar el consenso requerido.
Posteriormente, en mayo de 2022, Managua propuso al exministro del Mific, Orlando Solórzano Delgadillo, cuya postulación tampoco prosperó. Solo un mes más tarde, los presidentes del sistema lograron finalmente un acuerdo para designar a Werner Vargas, cuya gestión, sin embargo, duró poco menos de año y medio antes de su inesperada renuncia. Hasta hoy, se desconocen los motivos oficiales de su salida.
La crisis se profundizó en agosto de 2024, cuando el régimen presentó otra terna encabezada por Valdrack Jaentschke, ministro asesor para asuntos internacionales e identificado por la oposición como operador político y agente de inteligencia.
Nota relacionada: Xiomara Castro lidera iniciativa para «fortalecer» y «reactivar» el Sistema de Integración Centroamericana
Junto a él fueron propuestos Violeta Irías Nelson, funcionaria de la Procuraduría de Derechos Humanos, y la diputada oficialista Irís Marina Montenegro Blandón. Pero tampoco entonces hubo consenso, y la propuesta fue desechada.
Ese mismo año, el Gobierno volvió a intentarlo con otra terna, esta vez compuesta solo por mujeres: la diputada sandinista Arling Patricia Alonso Gómez; por segunda vez, Coronel Kinloch; y la ministra de Salud Sonia Castro, sancionada por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido y Suiza.
Castro, además, arrastra señalamientos por haber impedido o dificultado la atención médica a heridos durante las protestas de 2018, hechos denunciados por múltiples organismos de derechos humanos. La reputación de la terna estaba marcada desde el inicio y los países miembros volvieron a cerrarle la puerta.
En noviembre de 2024, el régimen propuso al entonces excanciller Denis Moncada como nuevo secretario general, acompañado nuevamente por la diputada Arling Patricia Alonso Gómez y por la entonces ministra de la Familia Johana Vanessa Flores Jiménez.
Esta propuesta tampoco logró apoyo. La reacción del Gobierno de Nicaragua fue acusar a Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana de interferir en sus asuntos internos, una respuesta alineada con su estilo confrontativo.
«Aceptar un candidato del régimen sería legitimar la captura institucional»
La insistencia del régimen Ortega-Murillo en promover figuras estrechamente ligadas al oficialismo ha provocado un rechazo sistemático por parte de la mayoría de gobiernos de Centroamérica.
El SICA, integrado por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, funciona bajo el principio de consenso unánime para la elección de su secretario general.
El activista nicaragüense en el exilio Alex Aguirre, quien trabajó en el SICA, asegura que la renuncia de Werner Vargas no fue el inicio de la crisis, sino una consecuencia más del deterioro del régimen.
«Desde ese momento, Nicaragua ha intentado imponer candidatos alineados a su proyecto autoritario, pero se ha topado con un gran muro, que es la exigencia del consenso en un contexto donde la mayoría ve a Ortega como un factor de inestabilidad».
Para Aguirre, la negativa regional tiene un fundamento claro: «Aceptar un candidato del régimen sería legitimar la captura institucional del SICA y abrir la puerta a que se use para lavar la imagen de una dictadura asesina y criminal».
El costo para Nicaragua
Aguirre advirtió que el bloqueo tiene un doble impacto para el régimen. «Simbólicamente es una derrota diplomática que evidencia su aislamiento. Estratégicamente le impide controlar agendas, presupuestos y narrativas dentro del sistema regional».
Aunque la ausencia de un secretario general ralentiza algunos procesos, no paraliza al SICA, que actualmente opera bajo la conducción técnica de la Dirección Ejecutiva. «Los efectos no son tan negativos como el régimen quiere hacer ver. La directora ejecutiva ha demostrado capacidad para manejar toda la institucionalidad sin necesidad de la figura política del secretario general».
El activista también destaca que el panorama político ha cambiado en la región, con nuevos gobiernos en Honduras y Costa Rica menos dispuestos a tolerar las maniobras diplomáticas del régimen.
«Lo que está en juego no es un cargo, sino la credibilidad de la integración regional frente a los autoritarismos. Si el SICA cede, se convierte en cómplice; si resiste, se reafirma como un bastión democrático».
Aguirre no descartó que el régimen orteguista quiera tomar revancha tras finalizar, en 2026, el periodo que le correspondía para ostentar el máximo cargo dentro del Sica.
Comentarios