Interpol activa orden de captura internacional contra un nicaragüense acusado de violación contra una niña

La justicia nicaragüense solicitó a Interpol la captura internacional de Martín Antonio González Murillo, de 46 años, quien está acusado por el delito de violación agravada en concurso real con violencia psicológica grave. La víctima es una niña y en el juicio la representa su mamá, según la información que este medio conoció a través de fuentes judiciales.

Interpol activó la alerta esta semana, cinco meses después de que la jueza Karla García Zepeda, del Juzgado Sexto Distrito Especializado en Violencia, de Managua, emitiera la orden de detención en su contra.

Según información judicial compartida por estas fuentes a este medio, la acusación fue presentada el 21 de febrero de 2025 por fiscales del Ministerio Público ante la jueza García Zepeda, bajo el número de asunto 003855-ORM4-2025-PN. El 28 de febrero de 2025, la judicial ordenó su captura inmediata por la presunta comisión de ambos delitos.

En su resolución, la jueza autorizó no solo la detención en la vía pública, sino también el allanamiento de morada en el domicilio del prófugo, ubicado en el barrio Hugo Chávez, de la Kativo, 12 andenes al norte, en el Distrito Seis de Managua. Asimismo, solicitó a la Dirección General de Migración y Extranjería un reporte de movimientos migratorios para confirmar si González Murillo permanecía en el país y ordenó su circulación nacional para garantizar la captura.

Sin embargo, pese a la gravedad de los cargos y a la orden judicial emitida en febrero, fue hasta esta primera semana de julio que Interpol publicó en su sitio oficial la alerta internacional para su localización y detención. González Murillo, de nacionalidad nicaragüense, mide 1.68 metros, pesa aproximadamente 90 kilogramos, tiene cabello negro y ojos castaños. Según Interpol, habla español y nació en Managua el 1 de junio de 1979.

El acusado enfrentaría audiencia inicial con características de preliminar una vez detenido. La jueza advirtió que esta orden responde al principio de tutela de los derechos humanos de las víctimas y a la obligación del Estado de garantizar el acceso a la justicia en casos de violencia sexual.