CIDH: «La situación de derechos humanos en Nicaragua sigue siendo una de las más críticas de la región» 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la represión sistemática que persiste en Nicaragua al cumplirse siete años del inicio de las protestas sociales de abril de 2018. En un comunicado, con fecha del 14 de abril, el organismo señaló que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha consolidado un modelo autoritario, mientras continúa violando los derechos humanos de miles de nicaragüenses.

«La situación de derechos humanos en Nicaragua sigue siendo una de las más críticas de la región y continúa deteriorándose», advirtió la CIDH, al recordar que las manifestaciones fueron reprimidas a balazos por las fuerzas armadas al mando de la cúpula en el poder.

Desde entonces, más de 300 personas han sido asesinadas, al menos 2,000 detenidas arbitrariamente y más de 400,000 han tenido que huir del país.

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La CIDH denunció que las reformas constitucionales impulsadas este año por el sandinismo «centralizan el control absoluto del poder político en la Presidencia, encabezada por un copresidente y una copresidenta», en referencia directa al binomio Ortega-Murillo.

Según el organismo, estas reformas «consolidan bajo una apariencia de legalidad el desmantelamiento de la institucionalidad democrática».

Además de los ataques directos contra la disidencia política, el régimen ha anulado la personalidad jurídica de al menos 5,441 organizaciones de la sociedad civil desde 2018.

Estas cancelaciones, dice la CIDH, han sido «acompañadas de la confiscación y apropiación ilegítima de bienes», afectando a sectores sociales, educativos, religiosos y de desarrollo.

El organismo también alertó sobre la situación de las personas presas políticas. Actualmente, 42 personas se encuentran encarceladas en condiciones degradantes. «Forman parte del registro de más de 2,000 detenciones arbitrarias documentadas desde el inicio de la crisis en 2018», señaló la CIDH, que ha emitido 13 medidas cautelares este año y solicitado la ampliación de medidas provisionales ante la Corte IDH.

Ataque digital

La represión se extiende al ámbito digital y mediático. «El 13 de marzo pasado se registró el bloqueo arbitrario de sitios web que operan bajo el dominio .com.ni», denuncia el comunicado, mencionando a medios como Confidencial, La Prensa, 100% Noticias y Onda Local. Este control informativo busca, según la CIDH, «silenciar voces críticas y consolidar su monopolio informativo».

La persecución religiosa también persiste. Desde 2023, al menos 46 líderes religiosos han sido detenidos, liberados y posteriormente expulsados. La CIDH denuncia «la criminalización de expresiones de fe», además de la prohibición de procesiones públicas, la vigilancia de ceremonias religiosas y la moderación forzada de sermones.

Alerta por ataques a comunidades indígenas

Las comunidades indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe enfrentan una situación crítica. El comunicado indica que colonos armados, con la complacencia del régimen, «buscan despojar a las comunidades de sus territorios ancestrales mediante el uso de la violencia», lo que ha provocado desplazamientos forzados y una grave crisis humanitaria.

El despojo de nacionalidad también es parte del patrón represivo. La CIDH contabiliza más de 450 casos de apatridia, así como «290 personas a quienes se les ha negado la entrada al país y 348 actos de represión migratoria» desde enero de 2024. A esto se suma el control sobre los documentos de identidad y la confiscación de pasaportes.

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La CIDH cerró su comunicado con un llamado urgente: «urge al Estado de Nicaragua a cesar de inmediato las violaciones a los derechos humanos, restablecer el Estado de derecho y liberar de inmediato a todas las personas que se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad por motivos políticos». Asimismo, instó a la comunidad internacional a «redoblar los esfuerzos para exigir el fin de la represión y adoptar medidas concretas para el restablecimiento de la democracia en el país».

El organismo recordó que a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) sigue recibiendo información sobre graves violaciones a los derechos humanos tales como detenciones arbitrarias; denuncias de desapariciones forzadas; violaciones al debido proceso y las garantías judiciales; tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de las personas privadas arbitrariamente de la libertad; restricciones a la libertad de movimiento; privación arbitraria de la nacionalidad; destierro; así como persecución religiosa y severas restricciones al espacio cívico, tanto en el entorno físico como digital.