Justo Pastor Urbina, el antiguo escolta de Ortega que dio la orden a francotiradores de disparar contra civiles en 2018
El comisionado general de la Policía Nacional y jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), Justo Pastor Urbina, fue uno de los operadores políticos armados responsable de los crímenes perpetrados en Nicaragua durante las protestas de 2018 en Nicaragua.
El reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), presentado el tres de abril de 2025, identifica a Urbina como una de las personas responsables de los principales patrones de violaciones y abusos de los derechos humanos y crímenes perpetrados en Nicaragua desde abril de 2018.
El GHREN, una misión independiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) integrada por los juristas Jan-Michael Simon, Ariela Peralta y Reed Bródy, ha documentado con nombres y estructuras la operación del aparato represivo del Estado durante las protestas. En ese esquema, el papel de Urbina resulta central.
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El informe detalla cómo Justo Pastor Urbina tuvo una «relevancia primordial» en los operativos llevados a cabo en el departamento de Carazo. Su jefatura de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) le permitió coordinar directamente con autoridades locales y participar en operativos de represión que incluyeron detenciones arbitrarias, uso de fuerza letal y desmantelamiento violento de barricadas.
El GHREN expone que existía «una coordinación entre Justo Pastor Urbina, jefe de la DOEP, y los jefes departamentales de Policía Nacional» para ejecutar acciones en distintos territorios. Esta coordinación permitió que la represión se aplicara de forma homogénea y sistemática en zonas clave de resistencia.
«Justo Pastor Urbina dirigió la participación de sus miembros en la represión de las protestas y el desmantelamiento de barricadas, en coordinación con los jefes de las estaciones de policía departamentales», añade el documento.
El jefe policial, quien fue en los años 80 escolta de Daniel Ortega y, según refiere Confidencial, hasta sirvió como doble del caudillo sandinista debido a su parecido físico, recibía órdenes bajadas por el propio dictacor.
«En el caso de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales, las órdenes se transmitían directamente del presidente (Daniel) Ortega a Justo Pastor Urbina, jefe de esta Dirección desde 2009, quien a su vez las transmitía al personal de la Dirección, incluso al personal del Departamento de Tácticas y Armas Policiales de Intervención y Rescate (TAPIR) y a los Grupos de Intervención Rápida (GIR) – destacamentos de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales a nivel departamental – que actuaban mientras se desplegaban las unidades de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales desde Managua».
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Fue uno de los que en conjunto con el Ejército dio la señal para el empleo de armas de guerra contra la población civil que se manifestaba. «El Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que el coronel de Infantería Manuel Salvador Gaitán, jefe del Comando de Operaciones Especiales del Ejército y la Dirección de Operaciones Especiales Policiales dirigida por Justo Pastor Urbina ordenaron el despliegue de francotiradores con rifles de
precisión diseñados para disparos de largo alcance con gran exactitud», subraya.
Justo Pastor Urbina: especialista en represión
El comisionado general Justo Pastor es el jefe de la temible Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP). Los policías vestidos de negros que aparecen, armados como para la guerra, reprimiendo a opositores desarmados.
La DOEP, bajo el mando de Urbina, son las fuerzas de élite de la Policía y por ende, las favoritas de la dictadura para lanzarlas contra las protestas opositoras o en violentos allanamientos y capturas contra líderes antiOrtega.
Este jefe policial, fiel a la tiranía, ha sido visto dirigiendo personalmente actividades represivas y comandando los operativos de allanamiento y captura contra opositores. Urbina también está sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea.
«Liberar la patria», el mandato policial
El informe también revela cómo la estructura policial operaba bajo una lógica de guerra. Uno de los testimonios recopilados indica que, previo a las operaciones, los agentes eran adoctrinados para cumplir su rol: «Nos decían que teníamos que liberar a la patria; nos hacían gritar: Patria libre o morir».
«Información recibida por el Grupo de Expertos establece que, durante los meses de la represión, los policías fueron adoctrinados a través de videoconferencias provenientes de los altos mandos donde se les ordenaba defender la revolución frente al golpe de Estado que se estaba fraguando», resalta el trabajo de los abogados independientes.
La Policía Nacional, y en particular las unidades dirigidas por Urbina, operaron en la sombra de la legalidad.
La represión de 2018 dejó más de 350 personas asesinadas, cientos de presas políticas, y miles de nicaragüenses forzados al exilio. El aparato de seguridad del Estado —con la Policía como eje ejecutor— aplicó una política de exterminio contra la protesta social, en defensa de la cúpula en el poder.
Desde entonces, Nicaragua ha vivido una crisis social y política sistemática. El régimen ha consolidado un modelo autoritario que persigue a sus críticos, anula libertades civiles y mantiene bajo control absoluto a las instituciones rebajadas a simples órganos.
La misión del GHREN ha subrayado que los crímenes cometidos durante ese periodo son de carácter internacional y podrían constituir crímenes de lesa humanidad. En ese marco, la identificación de Justo Pastor Urbina como operador clave es un paso importante hacia los procesos de rendición de cuentas.
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