Ortega y Murillo intensifican la tortura, aislamiento y persecución en Nicaragua
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa profundizando su aparato represivo en Nicaragua. Durante el mes de marzo de 2025, el Monitoreo Azul y Blanco documentó 35 incidentes de violaciones a derechos humanos, con especial énfasis en los malos tratos, torturas y aislamiento extremo a personas presas políticas, en abierta contravención de las normas internacionales.
De todos los abusos registrados, los más graves se relacionan con tortura y tratos crueles. Se documentaron 8 casos de aislamiento prolongado, una práctica considerada por expertos como forma de tortura, que afecta gravemente la salud mental y física de las personas reclusas.
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«El aislamiento prolongado en las celdas tiene efectos profundamente negativos en la salud física y mental de las personas presas políticas», alerta el informe.
«Este tipo de reclusión puede causar desde insomnio, confusión hasta alucinaciones y psicosis (…) con cada día adicional se aumenta el riesgo para la salud», agrega el documento.
El informe señala que estas prácticas se intensificaron especialmente contra los hombres presos políticos contra quienes «se ha recrudecido el aislamiento prolongado en las celdas y las torturas psicológicas por parte de las autoridades penitenciarias».
Condiciones carcelarias inhumanas
A la tortura se suman condiciones precarias de detención que atentan contra la dignidad humana. Los operadores políticos sandinistas tienen prohibido «el ingreso de colchonetas, la alimentación es escasa y pobre en nutrientes, y el agua suministrada está contaminada».
Los presos políticos deben compartir un balde para múltiples usos, al no tener acceso a agua corriente. Además, «la atención médica es deficiente o nula», incluso cuando el 29% de los detenidos son adultos mayores con enfermedades crónicas.
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A esto se suma la reducción arbitraria de visitas familiares y la imposición de condiciones de vigilancia que afectan la privacidad de los pocos encuentros que autorizan, lo que constituye una forma de castigo psicológico adicional.
Los Ortega-Murillo tienen privados de su libertad a la fecha a 52 personas presas políticas.
Represión migratoria y exilio forzado
El informe también denuncia una política migratoria represiva como herramienta de control político. Durante marzo, continuaron los exilios forzados, expulsiones y negaciones de entrada al país, dirigidas tanto a nacionales como extranjeros.
«La estrategia busca no solo castigar a los disidentes, sino también infundir temor en la población para disuadir cualquier forma de oposición», apuntan.
Esta práctica ha sido condenada internacionalmente. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU ha calificado estos actos como «violaciones graves al derecho internacional» y parte de una «estrategia estatal para consolidar un régimen autoritario».
Siete años de represión
Desde abril de 2018, Nicaragua está inmersa en una crisis profunda y sostenida de derechos humanos, tras el estallido social reprimido violentamente por el régimen Ortega-Murillo.
Más de 350 personas fueron asesinadas durante las protestas, y desde entonces se ha institucionalizado un estado de terror, con cientos de presos políticos, cierre de medios de comunicación, criminalización de la disidencia y eliminación de la sociedad civil.
El informe de marzo sugiere que la baja en denuncias podría no reflejar una disminución de la persecución sino una apuesta al silencio para evitar represalias. «La disminución en el número de denuncias (…) podría atribuirse a la autocensura y al temor de represalias (…) la población vive sumida en el miedo», concluye.
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