Ortega impone nueva Ley Electoral alineada a su Constitución partidaria

La Asamblea Nacional, bajo el control total del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó una nueva Ley Electoral enviada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en la que se consolida aún más el dominio del oficialismo sobre los procesos electorales del país. La reforma deroga la Ley Electoral vigente desde el año 2000, modificada en múltiples ocasiones, y establece nuevas disposiciones alineadas a la Constitución reformada por el sandinismo, una Carta Magna creada a la medida de la dictadura de los Ortega Murillo, con el propósito de consolidar su poder absoluto y garantizar la continuidad de su dinastía.

En la exposición de motivos de la iniciativa, el régimen justifica la necesidad de una nueva normativa señalando que «la presente iniciativa de Ley Electoral busca fortalecer el marco jurídico electoral asegurando su alineación con los principios constitucionales». Sin embargo, la realidad es que esta legislación sigue el mismo patrón de la reforma constitucional impuesta en primera legislatura en 2024 y concluida en segunda legislatura en enero de 2025, cuyo propósito fue someter el ordenamiento jurídico a los designios de Ortega y Murillo.

Copresidencia y control del Consejo Supremo Electoral

Uno de los cambios más significativos es la inclusión en la Ley Electoral de la figura de copresidente y copresidenta, en correspondencia con la reforma constitucional aprobada sandinista y que entró en vigencia hace unas semanas, la cual estableció estos términos para referirse a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Con esta reforma electoral, el régimen incorpora formalmente estas figuras en el marco legal que rige los procesos electorales en el país, alineando así la normativa electoral con la estructura de poder impuesta en esa Constitución deforme.

Asimismo, el artículo 5 de la nueva Ley Electoral establece que «el Consejo Supremo Electoral estará integrado por seis magistrados o magistradas elegidos por la Asamblea Nacional para un período de seis años». Esto representa un incremento en la duración del mandato de los magistrados, alineándolo con el nuevo período presidencial.

Además, el mismo artículo señala que «los magistrados o magistradas serán propuestos por la Presidencia de la República o por los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional», lo que en la práctica significa que Daniel Ortega y Rosario Murillo tendrán el control absoluto sobre la designación de los integrantes del Consejo Supremo Electoral.

El artículo también establece que «el Consejo Supremo Electoral tendrá un presidente o una presidenta y un vicepresidente o vicepresidenta, quienes serán propuestos por la Presidencia de la República y juramentados por la Asamblea Nacional». Con esto, la decisión sobre quiénes dirigirán el poder electoral ya no será tomada por los magistrados del propio Consejo Supremo Electoral, sino que será impuesta directamente por Ortega y Murillo.

Este cambio no es aislado, sino que forma parte de la estrategia del régimen de equiparar todos los períodos institucionales al mandato presidencial de seis años, garantizando que el control del Consejo Supremo Electoral coincida en todo momento con la permanencia de Ortega y Murillo en el poder.

Condiciones ideológicas para ser funcionario electoral o candidato

En la nueva normativa, la dictadura impone un condicionamiento ideológico para quienes aspiren a desempeñar un cargo en los distintos niveles del sistema electoral o deseen postularse a una elección. La ley establece que toda persona que quiera ser magistrado del Consejo Supremo Electoral, miembro de los consejos electorales departamentales, regionales o municipales, así como quienes aspiren a cargos de elección popular, deben «respetar los principios y disposiciones de la Constitución».

Este requisito adquiere un significado aún más restrictivo si se toma en cuenta que la Constitución impuesta por el sandinismo establece la bandera del Frente Sandinista como un símbolo nacional y contiene disposiciones que refuerzan el control absoluto del régimen sobre el Estado. En la práctica, esto significa que cualquier ciudadano que no se alinee con la ideología oficialista o que haya manifestado alguna crítica contra el gobierno podría ser excluido del sistema electoral.

Además, esta exigencia constitucional abre la puerta para que el régimen utilice los señalamientos de «traición a la patria» para bloquear la participación de opositores en los comicios. En Nicaragua, la dictadura ha aplicado esta acusación de manera arbitraria y desenfrenada contra ciudadanos, periodistas, activistas y políticos que han expresado su rechazo a las políticas de Ortega y Murillo, lo que podría convertirse en un filtro político para determinar quiénes pueden o no participar en las elecciones.

Restricciones a la doble nacionalidad: un veto a los desterrados

Otro de los aspectos más llamativos de la nueva Ley Electoral es la restricción impuesta sobre los ciudadanos con doble nacionalidad. Según la nueva normativa, quienes aspiren a un cargo de elección popular deben renunciar a cualquier otra nacionalidad al menos seis meses antes de la elección.

Esta medida tiene un impacto directo sobre los más de 300 nicaragüenses desterrados o desnacionalizados por el régimen en 2023, entre ellos los 222 presos políticos expulsados a Estados Unidos en febrero de ese año y los 94 ciudadanos a quienes se les despojó de su nacionalidad días después.

Subordinación de los partidos políticos a la Constitución sandinista

Ortega también ha impuesto en esta reforma la subordinación absoluta de los partidos políticos a la Constitución impuesta por el sandinismo. La nueva normativa establece que «todas las organizaciones políticas legalmente constituidas deben respetar y acatar los principios y disposiciones de la Constitución de la República», lo que en la práctica significa que cualquier partido que intente actuar con independencia del FSLN podría ser ilegalizado.

Además, la reforma electoral también impone la visión oficialista sobre los símbolos nacionales. Desde la reforma constitucional de 2024-2025, el régimen ha establecido que la bandera del FSLN es un símbolo patrio. Con esta nueva Ley Electoral, los partidos políticos deberán reconocer esa disposición, lo que podría interpretarse como una obligación de exhibir la bandera del partido de gobierno en sus propias sedes, consolidando la idea de un sistema de partido único en el que todas las organizaciones políticas están sometidas a la voluntad del sandinismo.

Consolidación del control absoluto

Con esta nueva Ley Electoral, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo reafirma su intención de cerrar cualquier espacio de participación democrática en Nicaragua. La eliminación de la independencia del Consejo Supremo Electoral, el condicionamiento ideológico para participar en procesos electorales, la exclusión de exiliados y la subordinación de los partidos políticos a una Constitución creada para favorecer a Ortega y Murillo evidencian el carácter autoritario de la reforma.

Más que garantizar elecciones transparentes, la reforma electoral refuerza el esquema de poder instaurado por Ortega y Murillo, donde el aparato estatal, el sistema electoral y la Constitución misma están diseñados para garantizar su permanencia indefinida en el poder. Con esta nueva legislación, Nicaragua avanza hacia un proceso electoral en el que solo podrán participar quienes el régimen decida, mientras la oposición real queda completamente proscrita.

El abogado, exdiputado y analista político Eliseo Núñez Morales advierte que esta ley refuerza el control absoluto del régimen sobre el aparato electoral, eliminando cualquier resquicio de independencia.

«En realidad, esta Ley Electoral se parece mucho a la que ellos promulgaron en 2021, que ya era una ley bastante restrictiva, una ley con bastantes trampas puestas ahí», señala Núñez Morales.

Uno de los aspectos clave de esta nueva legislación es la eliminación total del pluralismo en los consejos electorales departamentales y municipales, consolidando un sistema completamente subordinado al oficialismo.

«Ya queda removido el tema de la distribución partidaria de los consejos departamentales y municipales. A ellos ahora no les interesa porque realmente se los tienen tomados todos y no ponen ninguna reglamentación para conformar estos consejos», explica.

El exlegislador resalta que con esta reforma, Ortega está liquidando el pacto libero-sandinista que Ortega había firmando con el expresidente Arnoldo Alemán, cuando el caudillo liberal tenía más poder que el propio Ortega.

«El aparato electoral quiere decir que ahora es totalmente de un solo partido. Empeoraron que antes era bipartidista, ahora es de un solo partido. Si ya era malo antes, ahora es peor», insiste Núñez.

Núñez también advierte que esta ley carece de derechos procedimentales claros y otorga plena discrecionalidad al Consejo Supremo Electoral para establecer las reglas del proceso electoral en cada ciclo electoral.

«No hay una fecha para convocatoria de elecciones, nada más dice que promulgará el calendario con suficiente tiempo de antelación», lo que deja en manos del régimen la decisión de definir los tiempos del proceso electoral sin parámetros claros.

Finalmente, el exparlamentario liberal se refirió al financiamiento electoral para los partidos políticos. «En el tema del financiamiento sigue muy parecido al que estaba anteriormente, pero removieron, que eso ya estaba removido en el 2021, el tema de la necesidad de un piso mínimo de votos para que tuvieras acceso al reembolso. Es decir, no desaparecés como partido si solo sacás el 0.5%. Quedás ahí, no lo dicen en ningún lado, y también recibís reembolso. Esto se ha convertido en una suerte de prebenda para los partidos políticos que participan y que obtienen una cantidad de dinero al final del día. El 1% de todos los ingresos ordinarios (del Presupuesto General de la República), para las nacionales, medio por ciento para las municipales, y 0.25% para las de la Costa Atlántica», menciona.

Núñez pone especial énfasis en el impacto de la reforma en las elecciones de la Costa Caribe, señalando que el financiamiento estatal destinado a estas elecciones se ha convertido en un incentivo para que partidos satélites del oficialismo participen con fines lucrativos.

«El 0.25% para una elección tan pequeña es para los partidos de Managua, ahora que desaparecieron los regionales. Es el mejor negocio que puede haber. Ir a unas elecciones regionales le queda una enorme cantidad de dinero en la bolsa a los partidos políticos. Van por negocio, no por mantener la autonomía», concluyó.