Ortega y Murillo oficializan su poder monárquico con la publicación de la reforma constitucional en La Gaceta

El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializó este martes, 18 de febrero de 2025, la reforma constitucional que consolida su dominio total sobre Nicaragua. La modificación a la Carta Magna fue publicada en una edición especial de La Gaceta, diario oficial del Estado, marcando su entrada en vigor de manera inmediata.

La reforma está bajo el número de Ley 1234 y fue divulgada en la edición 32 de La Gaceta. Esta modificación que fue aprobada con el respaldo absoluto del oficialismo en la Asamblea Nacional, redefine la estructura del poder en el país, eliminando cualquier vestigio de independencia en los órganos del Estado y legalizando mecanismos de represión que han sido utilizados para sofocar la disidencia.

Los cambios clave: poder absoluto para Ortega y Murillo

Entre los aspectos más polémicos de la reforma destaca la introducción de la figura de copresidencia, lo que formaliza el mando conjunto de Daniel Ortega y Rosario Murillo en términos de igualdad de poder. Esto significa que Murillo, hasta ahora vicepresidenta, tendrá las mismas atribuciones que Ortega, consolidándose como su heredera política sin necesidad de elecciones.

Asimismo, la reforma amplía el período presidencial de cinco a seis años, eliminando cualquier límite temporal y asegurando la permanencia de la pareja gobernante en el poder.

Control total sobre el Estado y legalización de fuerzas represivas

El nuevo marco constitucional otorga al Ejecutivo la capacidad de coordinar y dirigir los otros poderes del Estado, eliminando la independencia del Poder Judicial, Legislativo y Electoral. En la práctica, esto convierte a la familia presidencial en autoridad absoluta sin posibilidad de contrapeso institucional.

En el ámbito de seguridad, la reforma crea la figura de las «fuerzas militares de reserva patriótica» y la «policía voluntaria», grupos que, según opositores y organismos de derechos humanos, institucionalizan a los paramilitares que han sido utilizados para reprimir manifestaciones y amedrentar a la ciudadanía.

Otro punto alarmante es la derogación de las garantías constitucionales contra la tortura, lo que deja en total vulnerabilidad a quienes sean detenidos por la dictadura. Esta eliminación de derechos humanos fundamentales confirma el giro represivo del Estado y legitima prácticas que han sido denunciadas en organismos internacionales.

Nicaragua: un Estado de partido único

Además de los cambios estructurales en el poder y la institucionalización de la represión, la reforma constitucional incorpora símbolos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como parte de los emblemas oficiales del país. La bandera rojinegra del partido gobernante será reconocida como un símbolo patrio, en un intento por fusionar la identidad nacional con la ideología oficialista.

Con la publicación de esta reforma en La Gaceta, Nicaragua da un paso definitivo hacia un Estado totalitario, donde la separación de poderes, las garantías constitucionales y el pluralismo político han sido eliminados.

El impacto de estas modificaciones se reflejará en una mayor represión contra la oposición y la sociedad civil, en la consolidación de un aparato estatal al servicio exclusivo del gobierno autocrático y en un cierre aún más férreo de los espacios democráticos.

La comunidad internacional ha condenado estas reformas y ha alertado sobre la profundización del autoritarismo en Nicaragua. Sin embargo, la pareja presidencial continúa avanzando en su proyecto de control absoluto, sin permitir ninguna vía de resistencia interna.

Mientras tanto, el pueblo nicaragüense enfrenta un futuro incierto, con cada vez menos libertades y sin alternativas políticas visibles que puedan desafiar el dominio del gobierno dictatorial.