Militares, a cuadrarse y a obedecer a Rosario Murillo por orden constitucional

La vicedictadora y próximamente «copresidenta» de la República, Rosario Murillo, está a punto de convertirse constitucionalmente en «jefa suprema» del Ejército de Nicaragua por lo que los militares, desde los más duros generales y coroneles hasta los más sencillos soldados, estarán obligados a cuadrarse frente a Murillo y obedecer según quedará establecido en la nueva constitución reformada que impulsan los tiranos nicaragüenses.

De acuerdo con la reforma constitucional total, disfrazada de parcial, que ordenó el dictador Daniel Ortega a sus diputados el pasado 20 de noviembre, el nuevo artículo 133 establece que el Gobierno de Nicaragua ahora estará compuesto por un copresidente y una copresidenta, que evidentemente se trata de Rosario Murillo junto a su marido, el tirano Ortega.

Pero unos párrafos antes, en el artículo 92, reformado, los dictadores ordenan establecer que el Ejército de Nicaragua es heredero del Ejército sandinista y que «está bajo el mando de la Presidencia de la República como jefatura Suprema», lo que significa que Murillo es jefa suprema al ser copresidenta.

Oficiales «no ven bien a Murillo» al mando

Un analista en temas militares y conocedor de las relaciones entre autoridad civil y fuerzas armadas, que aceptó hablar con Artículo 66 a condición de anonimato, considera que muchos de los aspectos de las reformas constitucionales que ha ordenado el dictador Ortega y su esposa, Rosario Murillo, en la práctica ya se han venido ejecutando y otros ya existían en leyes de menor rango.

Lo novedoso, explica el experto, es que ahora les dan carácter constitucional como la participación del Ejército en aplacar revueltas o en caso de calamidad, que ya existía en el Código Militar y la Ley de la Policía de 2014, y se establecía específicamente en qué casos podían participar los soldados en asuntos de orden interior, ahora queda completamente a discreción de los copresidentes.

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También confirman y respaldan la existencia de la Policía Voluntaria. «La diferencia es que la elevan a rango constitucional y por supuesto le dan legalidad a la existencia de los paramilitares», advierte el analista.

Asimismo, el experto advierte que al convertirse Murillo en copresidenta y con ello en jefa suprema del Ejército, «le fortalecen la autoridad a Murillo sobre la institución militar y refuerza la subordinación».

Pero el problema, según el analista, es que «seguramente una parte del estamento militar va a estar cómodo con eso, pero también es cierto que va a generar malestar entre quienes no ven a Murillo con buenos ojos».

Le recuerdan crímenes al Ejército

Para la abogada e investigadora nicaragüense en el exilio, Martha Patricia Molina, las reformas constitucionales de Ortega y Murillo son en realidad  el aniquilamiento de los preceptos constitucionales del país, y además, plasman en la Constitución que han hecho a su medida, que el Ejército ahora es constitucionalmente sandinista, y sobre todo, sellan su propia Carta Magna que le deben obediencia ciega , ahora no solo al tirano sino también a su mujer.

Molina destaca que se debe tomar en cuenta el alto peligro que representa que ahora sea de rango constitucional la participación de las fuerzas armadas en la represión a protestas sociales.

La investigadora recuerda que en la Constitución aún vigente, «solo en casos excepcionales» el presidente de la República, en Consejo de Ministros podía ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua «cuando la estabilidad de la República estuviera amenazada por grandes desórdenes internos, calamidades o desastres naturales».

Tras las reformas que están en trámite de aprobación, Ortega y Murillo, cualquiera de los dos, puede lanzar al Ejército a las calles a reprimir cualquier expresión de descontento social.

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Más peligro aún, alerta Molina, es que los tiranos, a su discreción serán los que definan en qué momento es necesario la intervención de los soldados, lo que reafirma que tanto la Policía como las fuerzas armadas son una «guardia privada» de los dictadores, puestos enteramente al servicio de sus intereses familiares dinásticos.

Asimismo, la abogada, y defensora de derechos humanos señala que, tras las nuevas reformas a la Ley Suprema, el Ejército ya no recibirá capacitación cívica y en materia de derechos humanos, «aunque nunca lo han puesto en práctica, siempre han sido asesinos y han estado bajo las órdenes del dictador Ortega y su consorte», acusa Molina.

Asimismo, la defensora aprovechó para recordarle al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, general de ejército Julio César Avilés, que sigue viva la demanda de justicia por el crimen de los dos niños campesinos, supuestamente a manos de efectivos del Ejército.

«General Julio César Avilés: ¿Dónde están los cuerpos de los niños de doña Elea Valle que el Ejército torturó, violó sexualmente y asesinó?», acentuó Molina.