Estas son las noticias más importantes del 10 de octubre de 2024

La actual vicedictadora de Nicaragua, también llamada «co-dictadora», Rosario Murillo, definitivamente tendrá serias dificultades para controlar el poder e iniciar su anhelada sucesión dinástica hacia sus hijos, tras la desaparición física de su marido y caudillo sandinista Daniel Ortega.

La poderosa razón es que los militares no están dispuestos a subordinarse a ella y menos a uno de sus hijos, a los que no les reconocen méritos para liderar al sandinismo, sostiene el analista político y dirigente opositor Félix Maradiaga.

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Durante una entrevista a Maradiaga, realizada por el director de Artículo 66, Álvaro Navarro, para el programa En Contacto, de este medio de comunicación, el politólogo y exreo político de la dictadura, analizó las posibilidades reales de una sucesión dinástica encabezada por Murillo. El politólogo afirmó que la co-dictadora no las tiene fácil, sobre todo por la oposición que podría enfrentar de una buena parte de la alta oficialidad del Ejército de Nicaragua.

Es la segunda vez que un analista con conocimiento del comportamiento de la oficialidad de las fuerzas armadas pone en duda la posible subordinación de la institución castrense a Murillo, en caso de relevar a Ortega en el máximo cargo, que por ahora comparten en la llamada estrategia de co-gobierno que el sandinismo ha instalado desde el 2017.

Antes había puesto sobre el tapete este tema el recién fallecido general de ejército en retiro Humberto Ortega, jefe fundador de las Fuerzas Armadas, hermano del dictador y cuñado de Murillo. El militar retirado dijo en una entrevista con el medio Infobae que tras la desaparición de su hermano, habría un vacío de poder que nadie podría cubrir. Dejó claro que su cuñada y los hijos de ella no serían capaces de controlar el poder y por tanto, el Ejército tendría que tomar control y convocar a elecciones.

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Maradiaga considera que el análisis y la previsión del general Ortega eran bastante acertados pues sabe que Rosario Murillo y sus hijos gozan de muy baja aceptación dentro de las estructuras del Frente Sandinista.

La orteguista Franya Urey Blandón, directora general de la Dirección de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL), en el marco del 45 aniversario de fundación del Ministerio del Interior (Mint), defendió el cierre masivo de oenegés, que desde 2018 hasta este año suma más de 5,000 organizaciones y asociaciones canceladas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Urey Blandón primeramente aseguró que los cambios que se han dado en la legislación nicaragüense, vinculados a la Ley de Agentes Extranjeros, que obliga a las organizaciones a inscribirse como tal en caso que reciban financiamiento externo para sus programas, fueron para «evitar lo que sucedió en 2018», en referencia a las protestas sociales en las que la población exigía la salida de los dictadores Ortega y Murillo.

«Esta gente (oenegés) se venía preparando desde antes de 2018 con fondos para desestabilizar el país, quitarnos la paz y la tranquilidad. Recibían los fondos con el argumento de ayudar a Nicaragua en las zonas vulnerables y lo que menos hacían era ayudar a las zonas vulnerables», apuntó la funcionaria orteguista.

Además, resaltó que dichos cambios fueron para garantizar que «los fondos no sean usados para injerencia (…) o menoscabo de la soberanía de nuestro país».

La directora de Registro y Control de OSFL afirma que las miles de organizaciones canceladas han «perdido la personalidad jurídica, porque fue que la perdieron, no fue que el Gobierno las canceló, como se escucha en los medios de la derecha».

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«Ellos (los OSFL) tienen obligaciones por cumplir; los estados financieros, juntas directivas, con el propósito de saber qué están haciendo. Es transparencia, no es nada del otro mundo (…) entonces, no lo reportaron, había organismos que tenían 30 años de incumplimiento, algunos que se inscribieron y no volvieron a aparecer, organismos que estaban acéfalos».

El dictador Daniel Ortega, a través de su operador político que funge como ministro de Relaciones Exteriores, Valdrack Jaentschke, propuso una nueva terna para ocupar el cargo de Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que generará oposición y controversia entre las organizaciones de derechos humanos y de la oposición.

Se trata de tres mujeres operadoras políticas leales al dictador y que han sido parte del engranaje represivo contra la población nicaragüense, entre ellas se cuenta dos señaladas como perpetradoras de «crímenes de lesa humanidad».

Sonia Castro González, es exministra de Salud y actualmente se desempeña como asesora presidencial para «Asuntos de Salud». Fue una de las primeras mujeres funcionarias de la dictadura en ser sancionada por el Gobierno de Estados Unidos, por estar comprometida directamente con violaciones de derechos humanos. 

Castro era ministra de Salud para el 2018, cuando estallaron las protestas sociales de la población en demanda de libertad y democracia. Tras la orden de los dictadores de disparar a matar contra los manifestantes, Castro ordenó cerrar los hospitales para los heridos en las marchas y su orden provocó muertes de personas que con atención médica oportuna podrían haber sobrevivido.

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Otra de las propuestas para ocupar la silla de secretaria general del SICA es la actual ministra del Interior (antes de Gobernación), María Amelia Coronel Kinloch, llamada entre las organizaciones de la sociedad civil la «ministra de las confiscaciones», por ser la que ha cargado con la misión de ilegalizar a las Organizaciones Sin Fines de Lucro y ordenar las confiscación de todos sus bienes.

Asimismo, Coronel Kinloch ha sido la encargada de ejecutar, a través de la Dirección de Migración y Extranjería, bajo su mando, la expulsión o prohibición de entrada al país de centenares de nicaragüenses que han sido desterrados de facto por la dictadura sandinista.

La tercera candidata de Ortega para administrar la Secretaría general del organismo regional es la diputada orteguista Arling Patricia Alonso Gómez, en la lista enviada por la cancillería del régimen al organismo, aparece como candidata número uno. 

La candidata de Ortega es una militante y agitadora política de la dictadura en Chinandega, y durante los últimos 12 años ha sido diputada en la Asamblea Nacional.