Funcionaria orteguista del Ministerio del Interior sale a «defender» cierre masivo de oenegés y las señala de «recibir fondos para desestabilizar el país»

La orteguista Franya Urey Blandón, directora general de la Dirección de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL), en el marco del 45 aniversario de fundación del Ministerio del Interior (Mint), defendió el cierre masivo de oenegés, que desde 2018 hasta este año suma más de 5,000 organizaciones y asociaciones canceladas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Urey Blandón primeramente aseguró que los cambios que se han dado en la legislación nicaragüense, vinculados a la Ley de Agentes Extranjeros, que obliga a las organizaciones a inscribirse como tal en caso que reciban financiamiento externo para sus programas, fueron para «evitar lo que sucedió en 2018», en referencia a las protestas sociales en las que la población exigía la salida de los dictadores Ortega y Murillo.

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«Esta gente (oenegés) se venía preparando desde antes de 2018 con fondos para desestabilizar el país, quitarnos la paz y la tranquilidad. Recibían los fondos con el argumento de ayudar a Nicaragua en las zonas vulnerables y lo que menos hacían era ayudar a las zonas vulnerables», apuntó la funcionaria orteguista.

Además, resaltó que dichos cambios fueron para garantizar que «los fondos no sean usados para injerencia (…) o menoscabo de la soberanía de nuestro país».

La directora de Registro y Control de OSFL afirma que las miles de organizaciones canceladas han «perdido la personalidad jurídica, porque fue que la perdieron, no fue que el Gobierno las canceló, como se escucha en los medios de la derecha».

«Ellos (los OSFL) tienen obligaciones por cumplir; los estados financieros, juntas directivas, con el propósito de saber qué están haciendo. Es transparencia, no es nada del otro mundo (…) entonces, no lo reportaron, había organismos que tenían 30 años de incumplimiento, algunos que se inscribieron y no volvieron a aparecer, organismos que estaban acéfalos».

Urey intentó justificar violación a la libertad de asociación

Amaru Ruiz, biólogo, investigador y presidente de Fundación del Río —una de las primeras OSFL canceladas por el orteguismo en 2018— afirma que la funcionaria Urey Blandón condujo «un guión elaborado para imponer un discurso, pero que carece de la realidad y la historia de las organizaciones de la sociedad civil que estaban al servicio de la población, incluso frente a las violaciones históricas que ha tenido el Estado en términos de sus derechos civiles y políticos, sociales, económicos, ambientales. Creo que es parte del discurso del régimen en función de tratar de justificar sus violaciones en cuanto a la libertad de asociación».

Apuntó que «en principio lo que señala esta funcionaria no es totalmente cierto. (antes) Sí existía una regulación, la Ley 147 (Ley General sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro) establecía el procedimiento y los deberes y responsabilidades de las personerías jurídicas en el país y existían varios niveles de supervisión por parte del Estado a las personerías jurídicas de las organizaciones (…) entonces no es cierto que existía un nivel de discrecionalidad como lo trata de hacer ver ella (…) para actividades que consideraban que no estaban cumpliendo sus fines».

El activista ambiental recordó que «la libertad de asociación es un derecho humano (…) y el Estado es un regulador y no debería de ser juez y parte de los procesos de cancelación porque, si tenían queja sobre el funcionamiento de una organización, se debío abrir un proceso de investigación y eso no ocurrió».

«El régimen tomó la decisión de cancelar arbitrariamente a las organizaciones de la sociedad civil y luego lo que ha venido haciendo es modificando el sistema jurídico para el tema de libertad de asociación, restringiéndolo, dejando de aceptar la documentación para poner en incumplimiento a muchas de las organizaciones que recientemente han sido canceladas», denunció Ruiz.

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La defensora Ana Quirós, feminista y directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), otra de las oengés canceladas en 2018, concuerda con Ruiz al asegurar que el Ministerio del Interior aplicó una «política de boicot contra las organizaciones, no les recibía los informes, se hacían citas, se entregaban documentos y pedían siempre algo más, aunque fuera algo descabellado, y generalmente del todo no te recibían los documentos».

Resaltó que Cisas, al igual qu otras organizaciones, «buscó cumplir con las obligaciones y tener una política de transparencia y responsabilidad con el manejo de los fondos. Nunca tuvimos en nuestros 38 años de existencia una mala, un mal informe de auditoría ni tampoco una observación del Ministerio del Interior o de Gobernación».

«Lo que hace esta señora (Urey), que desconoce el funcionamiento de las organizaciones sin fines de lucro, es cubrirse con estas declaraciones, diciendo que las organizaciones funcionaban de manera ilegal, eso no es cierto, pueda que algunas no, pero la mayoría hacía el esfuerzos, sin embargo, había una barrera sistemática de parte del Ministerio del Interior o de Gobernación para recibir la documentación, por lo tanto que las declaraciones que hace la señora y los comentarios de Luis Cañas son inmerecidos, irresponsables y para hacer acusaciones de ese tipo debería estar mostrando pruebas, lo cual en ningún momento han hecho», cuestionó.

Quirós afirma que Cisas, al igual que ocurrió con otras docenas de OSFL, fue cancelada por la participación de esta «en la defensa de los derechos humanos, algo que estaba dentro de nuestra misión y que hicimos dentro de Nicaragua por más de 38 años y seguímos haciéndolo hasta el día de hoy».