Expertos de la ONU: Ortega y Murillo han cometido crímenes de lesa humanidad contra indígenas

Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo junto a siete instituciones de su administración han cometido crímenes de lesa humanidad contra pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes en las dos regiones autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, «de forma incrementada y sistemática» señala el más reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El informe que junto a otros documentos sobre el tema de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua ha elaborado el GHREN, luego de minuciosas investigaciones documentales y testimonios de víctimas y testigos, concluye que «a partir de 2018, las autoridades del Gobierno de Nicaragua y grupos afines al Gobierno paramilitares y colonos) han cometido violaciones y abusos de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes en las dos regiones autónomas de la Costa Caribe de forma incrementada y sistemática».

La investigación de los expertos sostiene que, entre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua en contra de líderes, guardabosques, defensores y activistas indígenas y afrodescendientes, así como integrantes de organizaciones de la sociedad civil indígenas, afrodescendientes o que defienden los derechos de estas poblaciones, opositores o percibidos como tales, destacan «la encarcelación, la tortura y la persecución por motivos políticos».

Agregan que las acciones violatorias son dirigidas también contra  «opositores o percibidos como tales, incluidas violaciones de los derechos a la libertad e integridad física, no ser sometidos a torturas y malos tratos, de participación en la vida pública, reunión pacífica y a las libertades de expresión, opinión, asociación y circulación, entre otros».

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Asimismo, los expertos de la ONU reiteran que todas las violaciones y abusos contra los derechos de las poblaciones caribeñas «fueron cometidos intencionalmente como parte del ataque contra la población civil, y que los autores materiales e intelectuales tuvieron conocimiento del ataque y sus actos formaron parte de éste».

Los investigadores de la ONU señalan además que las violaciones, abusos y crímenes documentados en la investigación se produjeron como consecuencia de los actos u omisiones de agentes y representantes de varias instituciones del Estado, incluidos principalmente el «poder legislativo, el poder judicial, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación (ahora Ministerio del Interior), el Consejo Supremo Electoral con su Dirección General de Atención a Partidos Políticos y TELCOR».

La estrategia criminal de la dictaduras

En el proceso investigativo, los expertos concluyeron que el régimen Ortega-Murillo y representantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) han sistemáticamente penetrado las estructuras y organizaciones de autogobierno de las comunidades indígenas y afrodescendientes en las dos regiones del Caribe «con el objetivo de mantener y extender su control político, social y económico, silenciar la oposición política e impedir cualquier participación libre en los asuntos públicos de las comunidades indígenas y afrodescendientes».

«A través de actos de cooptación, de la creación de un entorno de intimidación y miedo y de una política de tolerancia frente a las usurpaciones crecientes de tierras comunales por terceros, particularmente colonos, el Gobierno de Nicaragua, sus autoridades y simpatizantes han sistemáticamente socavado los derechos colectivos de las comunidades indígenas y afrodescendientes», afirma el documento.

El Grupo de Expertos también concluye que el Estado de Nicaragua, a través de sus autoridades, ha cometido violaciones graves de los derechos individuales de miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes, incluso por su falta de actuación en cuanto a la prevención y la investigación de delitos graves perpetrados por personas no indígenas, en particular colonos.

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«Estas incluyen violaciones de los derechos a la vida, a la integridad y la seguridad personales, a la libertad de circulación, a la libertad de opinión y expresión, de reunión pacífica, a la libertad de asociación, a la participación en los asuntos políticos, a un juicio imparcial, a no ser sometido a actos de tortura u otros tratos o penas crueles, así como violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales», establece la investigación independiente.

Y reitera que «algunas de estas violaciones cometidas por el Estado de Nicaragua constituyen, a su vez, los crímenes de lesa humanidad»

Discriminación

El documento, elaborado por los especialistas de la ONU denuncia que la dictadura Ortega-Murillo ha venido implementando «un plan discriminatorio» para eliminar voces críticas y cualquier amenaza al control del Estado 

Persiguiendo ese fin, el régimen de Nicaragua ha socavado las estructuras y organizaciones de autonomía y autogobierno de las comunidades indígenas y afrodescendientes «como con la cancelación de la personalidad jurídica del partido YATAMA y la detención arbitraria de líderes políticos y tradicionales indígenas, el Gobierno ha buscado privar a los Pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes de su representación política», denuncia la ONU.

Como ejemplo palpable señalan «la desaparición forzada de Brooklyn Rivera, líder de YATAMA y diputado de la Asamblea Nacional, y la detención arbitraria y condena a una pena de privación de la libertad por motivos políticos de Nancy Henríquez, también dirigente de YATAMA y diputada suplente de la Asamblea Nacional.

«Desarticularon a YATAMA y contribuyeron a descabezar el liderazgo indígena e infundir miedo en las comunidades indígenas y afrodescendientes», indica la investigación.

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Como parte del proceso de intimidación y reducción de las capacidades ciudadanas de las poblaciones caribeñas, el gobierno sandinista «ha buscado silenciar cualquier voz crítica o con capacidad de movilización social autónoma, estableciendo una estrategia basada en violaciones sistemáticas de los derechos humanos y actos de persecución contra miembros de las comunidades indígenas y afrodescendientes», agrega el informe.

El GHREN recuerda que, más allá de la afectación inmediata de las centenares de víctimas de las violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos detallados en el informe, esas violaciones y abusos afectan a todas las comunidades indígenas y afrodescendientes y «decenas de miles de personas viven en un contexto de miedo permanente y sin recurso para protegerse frente a la violencia, la impunidad y las otras violaciones y abusos».

La ONU advierte que el verdadero objetivo de la dictadura es silenciar a líderes tradicionales y políticos, defensores, activistas y guardabosques indígenas porque los considera «un obstáculo a sus intereses políticos, económicos y sociales y, por lo tanto, ha convertido a sus miembros en un blanco de represión».

«El Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que el Estado de Nicaragua es responsable de violaciones y abusos graves, sistemáticos y generalizados de los derechos humanos, fundados en un patrón de discriminación por motivos políticos», concluye el informe.

En investigaciones anteriores, el GHREN ya ha señalado a Ortega y Murillo junto a varias instituciones estatales como principales responsables de crímenes de lesa humanidad contra opositores, la Iglesia y la niñez de Nicaragua.