En el primer mes de este año se registraron cinco detenciones arbitrarias por motivaciones políticas, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. A esos cinco apresados se suman otros 14 que fueron reconocidos como detenidos por motivos políticos, revela el informe de enero 2024 del Mecanismo.
El documento comprende el periodo del primero al 31 de enero, elevando a 121 la cifra total de presos y presas políticas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En ese mes se reportó la excarcelación y destierro de un segundo grupo de religiosos a El Vaticano.
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El informe refiere que en los juzgados se ha establecido un proceso más burocrático para la admisión de recursos de exhibición personal que se ha caracterizado por la ausencia de asignación de números de seguimiento.
Esta misma situación se repite con los números de expedientes de las acusaciones, lo que impide que los abogados privados designados por la familia asuman la defensa en casos recientes.
«Las audiencias se llevan a cabo de manera virtual, con los detenidos conectados a través de Zoom para participar en las sesiones celebradas en el juzgado», resalta.
A esto se añade una «capa adicional de complejidad» para los afectados en su búsqueda de justicia y respuestas porque el Ministerio Público y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) aconsejan a los familiares esperar un periodo de entre 15 y 90 días para realizar consultas sobre el progreso de los casos.
El Mecanismo denuncia que la tortura física y psicológica continúan siendo una realidad dentro de las celdas. Además, que las condiciones de detención de varias personas han empeorado, lo que ha afectado negativamente su salud.
Las presas y presos políticos presentan diversos problemas de salud como diabetes, hipertensión, dolores de espalda e insuficiencia renal, entre otros. Todo esto lo padecen sin recibir la atención adecuada por parte de médicos especializados. También, se rechazan los medicamentos proporcionados por sus familias.
De las 121 personas presas políticas 22 son adultas mayores, quienes se encuentran privadas de libertad y en condiciones inhumanas, «sin que se les respeten sus derechos humanos», resalta el organismo. 78 de los detenidos están recluidos en el Sistema Penitenciario Nacional «Jorge Navarro», 18 en el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM), 5 en La Granja, Granada; 3 en León; 2 en Juigalpa y Matagalpa, respectivamente; 1 en hospital y dos en condición de desaparecidos.