Las instituciones de Nicaragua, bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, «son parte de un cártel del crimen organizado, traficantes de drogas y traficantes de personas»; sostiene la comandante guerrillera, opositora y exrea política desterrada Dora María Téllez.
La acusación de «tráfico de personas» contra el régimen Ortega-Murillo la hace la dirigente opositora luego de conocerse la llegada a Nicaragua de un avión cargado con migrantes procedentes de Marruecos, los que luego continuarían su travesía para entrar en condición irregular a EE. UU.
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El vuelo al que se refiere Téllez es un un avión Boeing 777, chárter, operado por la compañía egipcia Alexandria Airlines, que aterrizó el viernes, 15 de enero, en Managua, procedente de Casablanca (Marruecos), con al menos 370 pasajeros de nacionalidades india y marroquí.
En cuanto a los señalamientos de «tráfico de drogas» que Téllez le imputa a la dictadura nicaragüense se basan en la reciente la captura de un barco cargado con al menos una tonelada de droga en Rusia, que salió de puertos nicas, supuestamente, sin ser detectado.
«¿Qué se necesita para que un avión venga de Marruecos y que un contenedor lleno de cocaína vaya hasta Rusia? Se necesita que la Policía, la Aduana, Migración, Aeronáutica Civil y las compañías de transporte estén en complicidad», cuestionó la historiadora.
El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viajes para sus ciudadanos en la que les recomienda «reconsiderar» cualquier visita a Nicaragua, porque en ese país podrían ser víctimas de una «aplicación injusta de las leyes» que conllevaría hasta a encarcelamientos, juicios arbitrarios, confiscaciones y deportaciones. Además, mencionan entre los peligros el incremento de la actividad delictiva.
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La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de EE.UU. actualizó sus alertas de viaje y coloca a Nicaragua en «nivel 3», lo que implica una advertencia para sus nacionales de evitar visitas a la nación centroamericano, ya que no ofrece garantías de seguridad ni física ni jurídica, por el contrario, podrían convertirse en víctimas de las propias autoridades gubernamentales.
«En toda Nicaragua, funcionarios gubernamentales y encargados de hacer cumplir la ley continúan atacando a personas y organizaciones consideradas opositoras del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo», dice el aviso del Departamento de Estado publicado en su sitio web oficial.
La entidad pone en conocimiento de los posibles viajeros que los funcionarios del régimen de Managua señalan y vigilan «sistemáticamente a personas por motivos políticos, independientemente de su nacionalidad, incluidos antiguos aliados, activistas políticos, representantes empresariales, clérigos, defensores de los derechos humanos, líderes de la sociedad civil, académicos y miembros de la prensa».
Tras la reforma al artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua que elimina el carácter de independencia de la Policía, el abogado y secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, dijo a Artículo 66 que «Nicaragua es un país rehén de un brutal régimen dictatorial cuya única ideología es la permanencia en el poder, tal y como fueron múltiples dictaduras en el siglo pasado».
Para el opositor, el gobierno ilegal de Ortega-Murillo repite una característica de esos mandatos basada en «el aumento del flagrante enriquecimiento ilícito, mediante brutal terrorismo de Estado y masificada corrupción».
Leiva explicó que las reformas realizadas por la Asamblea Nacional «lo único que hacen es intentar dar una imposible formalización a uno de los brutales instrumentos que la dictadura Ortega-Murillo tiene a su discrecional disposición». El abogado comentó que con las modificaciones a la Constitución, en lo vinculado con la Policía, la tiranía «mantiene en el poder y fortalece aún más el férreo control que tiene sobre el país, las instituciones, y la población».
En una visión similar, el abogado Yader Morazán mencionó que «es cierto que con o sin reforma constitucional, la Policía ya era ‘apolítica‘ y ‘apartidista‘»; sin embargo, indicó que «los diputados hicieron una declaración explícita que los involucra y los hace coresponsables del régimen».
El opositor exiliado explicó que «ahora tenemos cómo documentar y cómo demostrar que son parte del aparato represivo». Por último, Morazán recalcó que «no perdamos la capacidad de asombro frente a lo arbitrario, y vemos los hechos como un nuevo acto criminal dentro de un sistema represivo en el que nada está normal».