Desde que olvidó sus orígenes revolucionarios y se convirtió en dictador, Daniel Ortega ha enfrentado muchos desequilibrios durante su gobierno. A pesar de que pretende establecer su mandato como una monarquía, con su esposa como heredera del poder y sus hijos en la líneas de sucesión; y que las crisis las soluciona con más represión, los daños y las consecuencias de sus actos son irreversibles.
El estallido inesperado de protestas cívicas que le exigieron su salida del poder, ocurrido en abril de 2018, tuvieron la suficiente magnitud para incendiar al país. Ortega ordenó aplastar con armas las manifestaciones. El régimen fue señalado de cometer crímenes de lesa humanidad, según la CIDH y el grupo de expertos de las Naciones Unidas, que investigaron los hechos.
En mayo de 2018, la Organización de Estados Americanos (OEA) sesionó de forma extraordinaria sobre Nicaragua y más de 20 países respaldaron al pueblo de Nicaragua en su lucha por la democracia. Desde entonces se emitieron más de nueve resoluciones contra el régimen de Ortega.
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A finales de ese año, Ortega expulsó de Nicaragua a la CIDH por documentar la brutal represión del régimen contra los nicaragüenses. Al año siguiente, el 16 de noviembre de 2019, la CIDH, informó ante la OEA que había documentado 355 asesinatos, responsabilizando al régimen de todos ellos.
En abril de 2022, el gobierno de Daniel Ortega desalojó a la Organización de Estados Americanos (OEA). Se tomó con policías sus instalaciones y anunció la salida definitiva del organismo, al que una vez el FSLN acudió como guerrilla para el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza.
Durante el pasado diciembre de 2022, Ortega generó una de las crisis internas más grandes de su poder familiar cuando, sin la compañía de la vicedictadora, visitó de noche a su hermano Humberto Ortega. Analistas señalaron que el mandatario buscaba un mediador en la crisis que lo asfixiaba. Murillo quedó relegada y hubo división entre los que no la quieren y los que le son fieles.
En febrero del presente año, desgastado, el régimen destierra a 222 presos políticos. Los montó en un avión y los mandó a Estados Unidos, sin nacionalidad y con sus bienes confiscados. La barbarie fue condenada por la comunidad internacional. El obispo Rolando Álvarez, que se encuentra en prisión por delitos injustificados, se niega al destierro y desde entonces mantiene airado al régimen.
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Y en mayo de 2023, Daniel Ortega rompió sus lazos con el El Vaticano, acusando al papa Fransico y a los sacerdotes de mafia. El ataque en plaza pública terminó en la ruptura diplomática con la Santa Sede. Antes, había quemado toda posibilidad de negociación con mediación de países como Colombia y Brasil.
Las decisiones apresuradas y sus daños no sólo afectan al régimen, si no también a Nicaragua y a su pueblo. Las víctimas de la represión que las organizaciones internacionales contabilizan, las personas que continúan encarceladas y que se les atribuyen crímenes sin pruebas y con irregularidades legales, la ausencia de libertad religiosa y de pensamiento, son sólo unos de los resultados negativos que generan las crisis del dictador Ortega.
Por Voces Unidas