Con 91 votos a favor y ninguno en contra, y sin ningún debate, los diputados orteguistas y sus colaboradores zancudos aprobaron, este miércoles, 5 de julio, la reforma en primera legislatura, al artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua, referido a la institucionalidad de la Policía Nacional y de esa forma desaparece legalmente el carácter apartidista, apolítico y no deliberante de ese cuerpo armado.
Y con la misma cantidad de votos, también reformaron en la misma sesión la Ley 872, de Organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional, a la que le cambiaron el contenido de los artículos 1, 64 y 65.
El artículo constitucional reformado, en primera legislatura, que antes establecía el carácter apartidista, apolítico y no deliberante de la Policía y además establecía su naturaleza civil ahora dice así: «La Policía Nacional es un cuerpo armado subordinado al Presidente de la República encargado de proteger la vida de los habitantes del país preservar el orden social y el orden interno, garantizar la seguridad de las personas y las instituciones, velar por el respeto de los bienes nacionales, sociales y particulares, ejercer la prevención, persecución e investigación del delito y prestar el auxilio necesario a las autoridades civiles y judiciales para el cumplimiento de la ley y el desempeño de sus funciones».
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En segundo párrafo del artículo probado dice que «la Policía Nacional depende de la autoridad ejercida por el presidente de la República en su carácter de jefe Supremo, y en estricto apego a la Constitución política, a la que guardarán respeto y obediencia. En el cumplimiento de sus funciones la Policía Nacional se basa en el protagonismo de las personas la familia y la comunidad. La organización interna de la Policía Nacional se fundamenta en la jerarquía única y en la disciplina de sus mandos y personal».
Esta reforma deberá ser aprobada en segunda legislatura, es decir, para que entre en vigencia deberá ser aprobada el próximo año, según la norma que regula las reformas constitucionales.
Para algunos analistas, esta reforma constitucional, termina de poner, ya de forma legal a la Policía supeditada completamente a Ortega y sus desmanes dictatoriales.
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Durante la aprobación de la Ley de reforma al artículo 97 constitucional, el presidente de la Asamblea Nacional, el operador político de la dictadura, Gustavo Porras, restó importancia a la eliminación legal del carácter apartidista, apolítico y no deliberante de la Policía argumentando que esa condición no es importante para el trabajo de la institución.
Reforman ley de Policía para recetar cárcel a efectivos
Los diputados al servicio de la dictadura reformaron la Ley de la Policía para sancionar, principalmente lo que llamaron incumplimiento de sus deberes o «desobediencia» los que serán sancionados con penas de cárcel de entre seis meses y dos años, y las deserciones que serán castigadas hasta con 3 años de cárcel.
Con estas reformas, la dictadura pretende, en primer lugar, obligar a los policías a obedecer cualquier orden, incluyendo las de reprimir al pueblo de lo contrario irían a la cárcel, además pretenden frenar las deserciones del cuerpo armado represivo.
Ninguna de las reformas sometidas hoy a la aprobación de los legisladores fue discutida en el plenario.