El observatorio independiente Urnas Abiertas emitió un comunicado en respaldo a la declaración emitida esta mañana por el grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la que denuncian los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«Tal como indica el Grupo de Experto en su primer informe estas “violaciones y abusos a los derechos humanos perpetrados desde abril de 2018 no son un fenómeno aislado, sino el producto de un proceso dinámico de desmantelamiento de la separación de poderes y de las garantías democráticas”», refiere el escrito de la organización.
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Urnas Abiertas reitera que en sus informes han constatado el cierre de espacios cívicos y democráticos en Nicaragua, lo que se agudizó en el contexto de las elecciones presidenciales de 2021 y 2022. Denuncian que el régimen ha instrumentalizado el derecho penal y las instituciones del Estado para perseguir y expulsar a personas opositoras, así como la ciudadanía que permanece en el país.
«Desde Urnas Abiertas nos sumamos a la recomendación hechas por el Grupo de Expertos que llama a los Estados a “iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones, abusos y crímenes documentados, de conformidad con su legislación interna, así como ampliar sanciones contra individuos e instituciones que hayan cometido crímenes en el derecho internacional», añade la organización.
Recuerdan a la comunidad internacional que las graves violaciones y los abusos a los derechos humanos en Nicaragua, incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y el derecho a permanecer en el propio país.
El grupo de expertos es un organismo independiente creado por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron protestas violentamente reprimidas con un saldo de 355 muertos y cientos de detenidos.
Este dos de marzo, el grupo presentó un informe en el que establecen que, en el país centroamericano, «se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos».