Michelle Bachelet advierte que si continúa la represión el intento de diálogo «se verá inevitablemente socavado”

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, alertó a través de un comunicado publicado este viernes, 22 de febrero, que “si las detenciones y condenas de personas que expresan opiniones disidentes continúan en Nicaragua, los esfuerzos actuales para comenzar un diálogo que resuelva la crisis política y social en el país se verán inevitablemente socavados”.

En el escrito, Bachelet resalta que en los últimos seis meses cientos de personas, entre ellos universitarios, líderes campesinos, expolíticos y periodistas han sido arrestados y recluidos en prisión preventiva durante largos periodos de tiempo por haber participado y denunciado los abusos de la dictadura desde abril de 2018.

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En el caso de los procesos judiciales la representante de las Naciones Unidas destaca que “los juicios que han llegado a los tribunales se han caracterizado por falta de transparencia, cuestionamientos respecto a la credibilidad e independencia de los testigos, restricciones indebidas de las pruebas y testigos presentados por la defensa, y limitaciones de acceso de los acusados a sus abogados”.

“Se necesita una revisión independiente de las condenas y las sentencias impuestas a los líderes de la oposición y activistas que participaron en las protestas, para garantizar que los casos hayan sido tratados adecuadamente en cada etapa por la Policía, los fiscales y los jueces”, dijo Bachelet.

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Estas observaciones y recomendaciones las realizó a raíz del anuncio del dictador Daniel Ortega de realizar una mesa de negociación el miércoles 27 de febrero, en el cual van a participar representantes de la sociedad civil, empresarios y universitarios.

Sin embargo, a pesar de las diversas demandas de la población, de la comunidad internacional y los organismos de derechos humanos el régimen las ha ignorado y continúa agrediendo, encarcelando y torturando a los ciudadanos que siguen protestando contra su administración, lo que ha provocado el asesinato de más de 300 ciudadanos, más de 700 presos políticos, organizaciones no gubernamentales saqueadas y medios de comunicación confiscados por la guardia orteguista.