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Se instala mesa de diálogo en Panamá para solventar la peor crisis en décadas

La mesa de diálogo entre el Gobierno y los gremios y sindicatos que reclaman una bajada del costo de la vida en Panamá se instaló este jueves, casi tres semanas después de iniciadas las peores protestas vividas por el país en décadas.
Por Artículo 66 julio 21, 2022
panamá, protestas
Integrantes del gremio sindical Suntracs participan en una protesta en Panamá. EFE/ Bienvenido Velasco

La mesa de diálogo entre el Gobierno y los gremios y sindicatos que reclaman una bajada del costo de la vida en Panamá se instaló este jueves, casi tres semanas después de iniciadas las peores protestas vividas por el país en décadas.

La mesa única de diálogo fue instalada por el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, y en ella participa un equipo de ministros de varias carteras y representantes de dos alianzas que integran los gremios profesionales, sindicatos y organizaciones sociales e indígenas que impulsan las protestas.

«Toda crisis es una oportunidad para avanzar», dijo Ulloa, en un discurso en el que llamó a la unidad nacional y en el que alertó que la población espera de estas negociaciones «respuestas concretas que le hagan recuperar la confianza en las personas y las instituciones».

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La ministra de Trabajo, Doris Zapata, reconoció que la mesa tiene «una gran responsabilidad», ya que «todo el país está esperando que nos pongamos de acuerdo», y que en el proceso se le pueda «dar tranquilidad a cada uno de los panameños, a cada uno de los sectores, y cada una de los comunidades.

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Poco antes de la formalización de la mesa, el presidente Laurentino Cortizo presentó en una alocución a su equipo negociador, exhortó a que se logren acuerdos para sortear la crisis y pidió que se levanten los bloqueos que persisten en las carreteras y han generado escasez de alimentos en las ciudades además de pérdidas millonarias.

Unos de esos bloqueos se registraba en la ciudad de Santiago, a 250 kilómetros de la Ciudad de Panamá, donde permanecían camiones panameños y centroamericanos varados desde la noche del miércoles, como constató Efe.

Integrantes del gremio sindical Suntracs participan en una protesta en Panamá. EFE/ Bienvenido Velasco

Los temas de la mesa

La mesa única, que tiene su sede en la provincia interior de Coclé, es el primer intento exitoso de diálogo entre las partes, luego de que fracasara un acercamiento impulsado por Cortizo la semana pasada al que no asistieron las alianzas sindicales y gremiales alegando una falta de consenso previo en los temas a negociar y la mediación.

También naufragaron unos acuerdos logrados por representantes del Gobierno y dirigentes indígenas y docentes en dos mesas que fueron deslegitimadas porque no agrupaban a todos los actores.

Finalmente el martes pasado, tras reuniones preparatorias, los gremios y sindicatos acordaron la agenda que se abordará a partir de este jueves y que incluye temas como la rebaja y congelamiento del precio de la canasta básica de alimentos, del combustible, los medicamentos y de la electricidad; el aumento del presupuesto educativo, y la corrupción y transparencia.

«Hemos consensuado entre grupos diversos 8 puntos» a tratar en la mesa única con el Ejecutivo, que «debe llegar a dar respuestas concretas», afirmó el líder del poderoso sindicato de la construcción Suntracs, Saúl Méndez.

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El Gobierno aprobó una rebaja y congelación temporal de los combustibles, que dejó en 3,25 dólares el galón (3,78 litros) – que ahora se venden por encima de los 5 dólares la de 95 octanos – «el más bajo por lejos» en Centroamérica, una medida conlleva un «sacrificio presupuestario» para el país, destacó Cortizo.

El Ejecutivo también congeló el precio de 10 alimentos básicos, que se suman a otros 8 ya en esta situación, y anunció un plan de austeridad que incluye reducir en un 10 % el gasto público.

Todas estas medidas fueron tildadas en su momento como «insuficientes» por los gremios y sindicatos.

El mandatario anunció este jueves que como parte de las medidas de ajuste presupuestario enviará al Parlamento la petición de derogación de dos leyes referidas a unos cuestionados incentivos turísticos que se traducirían en millones de dólares menos en la recaudación de impuestos. 

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