El dirigente opositor de Masaya y miembro de la Alianza Cívica Yubrank Suazo será sometido a audiencia inicial el martes 31 de mayo, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
El joven, detenido por segunda ocasión, es acusado del presunto delito de conspirar para cometer menoscabo contra el Estado y será procesado por la jueza Nalia Nadezdha Úbeda Obando, del Juzgado Quinto de lo Penal de Audiencia de Managua.
La organización de derechos humanos añadió que la audiencia se realizará en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Nuevo Chipote», lo que evidencia que el régimen continúa «criminalizando y judicializando a inocentes, y sigue violando las garantías del debido proceso y las normas procesales».
Organizaciones de la oposición anunciaron una serie de acciones para restablecer la democracia en el país. Los participantes del denominado Espacio Plural de Diálogo de Actores Nicaragüenses denunciaron que, cuatro años después de la masacre del 30 de mayo, los crímenes continúan impunes y la represión ha escalado.
Ante el recrudecimiento de la agresión contra el pueblo y la Iglesia católica, llamaron a sumarse a la Jornada de Ayuno y Oración de monseñor Rolando Álvarez y suspender el ingreso económico de la dictadura. Los opositores proponen iniciar paros de consumo progresivos de combustible todos los miércoles de cada semana a partir del primero de junio, disminuir drásticamente el consumo de energía eléctrica y consumir productos de primera necesidad.
La diáspora y nicaragüenses en el exilio también continuarán presionando a organismos internacionales que financian al régimen de Daniel Ortega.
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Los obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras (C.E.H) se solidarizaron con la Iglesia católica nicaragüense y laicos ante el «creciente hostigamiento, agresiones y diversas formas de persecución» por parte del régimen de Daniel Ortega.
Los religiosos expresaron su preocupación «en estos momentos difíciles» para los sacerdotes en Nicaragua, y reconocieron la perseverancia de los pastores, a quienes respaldaron señalando que los apóstoles «no pueden dejar de contar lo que han visto y oído». Los obispos hondureños también pidieron para que vuelvan la armonía y el diálogo en el país.
Radio Católica de Bluefields (RCB) notificó este jueves el cierre de sus oficinas por motivos económicos. En un comunicado, la emisora de la Costa Caribe Sur, dirigida por monseñor Francisco Tijerino, detalló que «la radio salió fuera del aire en su frecuencia 100.5 FM, ya que no se pudo llegar a la meta establecida para su autosostenibilidad».
Al despedirse de su público, indicó que «en los medios de comunicación la Iglesia encuentra un excelente apoyo para difundir el Evangelio y los valores religiosos, así como para defender los sólidos principios indispensables en la construcción de una sociedad respetuosa con la dignidad de la persona humana y del bien común», y este 26 de mayo, con gran pesar, comunicó su salida del aire.
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Migración otorgó la nacionalidad nicaragüense al ciudadano Mohamad El Akli Mansour, originario de Venezuela, quien llegó al país en septiembre de 2019. Gobernación alegó que el hombre de 30 años es casado y tiene lazos de consanguinidad con nicaragüense. Según datos públicos, Mansour estuvo ligado a la empresa Makro Trading Panamá S.A., una compañía fundada en la ciudad de Panamá en 2015.
Ocupó los puestos de director y secretario hasta su destitución en 2019, año que coincide con su establecimiento en Nicaragua. El régimen también ha regalado la nacionalidad a empresarios panameños de nombres Mohamed Abou-Zeenni Waked y Ibtisam Makki, así como a exmandatarios de El Salvador, prófugos de la justicia, y jordanos señalados de supuesto lavado de dinero, contrabando y otros delitos.