Ortega incrementa años de cárcel por «traición a la patria» e impulsa criminalización a sacerdotes

La Asamblea Nacional, controlada por la administración de Daniel Ortega, aprobó este miércoles cuatro de mayo, un informe que pretende reformar las normas jurídicas penales de Nicaragua, en las cuales incrementan las condenas de cárcel contra los futuros presos políticos juzgados por «atentar contra la patria» y legalizan la confiscación de sus bienes.

Con 77 votos a favor, 11 en contra, cero abstenciones y tres presentes, los diputados aprobaron el informe final sobre el análisis de las normas jurídicas penales presentada por la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos en conjunto con la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos

En el documento presentado por los diputados orteguistas plantean añadir al artículo 409 del Código Penal la figura de «extinción de dominio, aplicado como pena accesoria para aquellos condenados que utilizaron o adquirieron bienes, en la comisión de delitos de Traición a la Patria».

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Cabe resaltar, que la modificación a este artículo sería «inconstitucional» porque el artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua prohíbe las confiscaciones.

Además, el artículo 410 del Código Penal será reformado, aumentando la condena de 15 a 20 años de cárcel para los nicaragüenses, que sean declarados culpables por cometer menoscabo a la integridad nacional. Anteriormente, la pena máxima era de 15 años.

También, se detalla la modificación del artículo 147 del Código Procesal Penal para que durante una investigación en curso sea «obligación guardar reserva al citado y/o entrevistado, por parte del Ministerio Público y/o la Policía Nacional».

Las leyes que «analizaron» los diputados sandinistas para impulsar estas reformar son la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley Especial de Ciberdelitos, Ley de Defensa de la Soberanía y la reforma al Código Procesal Penal que permite mantener a una persona detenida «bajo investigación» hasta por 90 días.

Según los legislativos, entre el 11 de febrero y el 6 de abril, dos comisiones de la Asamblea Nacional, efectuaron 17 sesiones de trabajo con representantes de las instituciones que integran el sistema de justicia penal, como son la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y a Procuraduría General de la República.

De igual forma, se reunieron con representantes de las alcaldías de Diriamba, Jinotepe y Granada, de las universidades y con supuestas víctimas y familiares de crímenes de odio, para supuestamente «consultar» la modificación de las normas penales del país.

Persecución contra la Iglesia Católica y defensores

En la iniciativa aprobada, también señalan que las «víctimas del golpismo» demandan «justicia para con los religiosos y directores de organizaciones de Derechos Humanos» de Nicaragua. Por lo tanto, solicitan una «investigación exhaustiva» para que sean juzgados por «traición a la patria».

Además, insisten en investigar a las comunidades o asociaciones religiosas que se «involucraron en la aventura golpista» del 2018. En el documento proponen abrir un proceso contra el Colegio San José de Jinotepe, por apoyar a los nicaragüenses que protestaban contra la administración de Ortega.