El Centro Nicaragüense de Derechos humanos (Cenidh) realizó un análisis de los diferentes abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen de Daniel Ortega durante los juicios contra los actuales presos políticos detenidos entre mayo a noviembre de 2021, los que se llevaron a cabo en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en Managua, centro de tortura donde permanece ese grupo de opositores que aglutina a los liderazgos de las agrupaciones sociales.
«El trabajo de monitoreo, seguimiento y acompañamiento a los familiares por parte del Cenidh permitió la actualización de la información y la divulgación de lo que ocurría dentro y fuera de las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (El Nuevo Chipote) donde se desarrollaron las farsas judiciales en medio de una serie de aberraciones jurídicas y violaciones a los derechos humanos», detalla la organización.
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El organismo indicó que los abogados de los rehenes de conciencia denunciaron una serie de violaciones a su labor, entre las que desatacan requisas e interrupción de la defensa.
«A los abogados defensores les requisaron sus documentos necesarios en el juicio, les quitaron computadoras, celulares, incluso les revisaron el pelo y la ropa; fueron objeto a revisiones corporales y ocasiones les pidieron que se quitaran los zapatos y la faja», denuncian.
También señalan que durante las audiencias, a algunos jueces les interrumpieron sus alegatos de defensa y les negaron su derecho a preguntar a los testigos propuestos por la Fiscalía, «que en su mayoría eran los mismos miembros de la Policía Nacional».
Violaciones a la Constitución y de derechos humanos
En cuanto a las violaciones constitucionales y de derechos humanos durante los procesos judiciales contra los presos políticos de la dictadura de Ortega, el Cenidh comunicó que fueron 16 derechos humanos violados a los 47 procesados hasta el día de hoy.
También fue violada la integridad integridad física, psíquica y moral, la libertad individual, el respeto a la honra y reputación , respeto a la inviolabilidad de su domicilio y comunicaciones de los abogados y de los mismos presos políticos.
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Entre otras «aberraciones jurídicas» están el derecho a la igualdad ante la ley, principio de legalidad; prisión arbitraria. Sobre todo se violó el derecho al debido proceso.
«Fue evidente la parcialidad de las autoridades judiciales en la tramitación de los juicios: todas las solicitudes de la Fiscalía fueron declaradas con lugar e incluso se impuso exactamente la pena que solicitó la Fiscalía, aún cuando esta no estaba fundamentada, violando evidentemente el principio de igualdad ante la ley», apuntó la organización.
El Cenidh informó que de los actuales presos políticos, dos (Álvaro Vargas y Michael Healy) aún no se les ha realizado juicio; al exembajador de la OEA, Edgard Parrales hasta ahora se le está realizando audiencia y en el caso de Hugo Torres, falleció bajo la custodia de la Policía de Daniel Ortega.
Todos los actuales presos políticos fueron capturados entre mayo a noviembre del 2021, previo a las cuestionadas elecciones presidenciales celebradas el siete de noviembre, donde Ortega se impuso en para gobernar por otros cinco años.