Ilegalizada Universidad Paulo Freire condena que Ortega haya «liquidado» la autonomía universitaria

La cancelada Universidad Paulo Freire (UPF) condenó y denunció la reforma aprobada a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, ejecutada por la aplanadora de diputados sandinistas en la Asamblea Nacional.

La directiva de la casa de estudios calificó la modificación a la normativa como una «liquidación de la autonomía universitaria», ya que afirman que esto constituye «una regresión de más de medio siglo en la educación nicaragüense, una contradicción profunda con los postulados de la reforma de córdoba de 1918 y un escarnio y burla a la sangre y el sacrificio de los nicaragüenses, con los cuales se forjó la autonomía universitaria arrancada a la dictadura militar somocista».

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En un comunicado con fecha del primero de abril, la universidad afirma que el rechazo a la disposición de Ortega se basa en los efectos jurídicos, académicos y políticos de la referida norma.

En primera instancia, señalan que el artículo primero de la nueva ley elimina y disuelve el Consejo Nacional de Rectores, consignado en el artículo 48 de la ley 582 o Ley general de Educación como órgano representativo y plural de toda la comunidad universitaria nicaragüense que tenía la facultad de definir las grandes políticas de la educación superior «y le reserva esa facultad con exclusividad hegemónica al sector estatal y partidario que hoy controla la educación universitaria en Nicaragua».

«Igualmente, la nueva norma regulatoria de la educación superior, reduce a un miembro, la representación del sector privado de la educación superior aún cuando esta aglutina a un aproximado del 40 % de la población estudiantil universitaria en el país, con el agravante ofensivo de que ese miembro», recalca.

Asimismo, señalan que el artículo segundo de la nueva norma, que reforma el artículo 58 inciso 5 y 6 de las anteriores facultades del Conejo Nacional de Universidades (CNU), elimina las facultades de los consejos universitarios de las Universidades para aprobar sus planes de estudio en las áreas de pregrado, grado y postgrado, «tal y como estaba consignado en el artículo 9 de la ahora fenecida ley 89 de Autonomía y los cuales tendrán ahora que estar autorizados por el CNU».

Universidades privadas perdieron la validez jurídica

Para Adrián Meza Soza, rector de la cancelada universidad, el régimen de Ortega «liquida la autonomía universitaria», porque le «está arrancando a la universidades el corazón de la autonomía, que es la facultad académica de aprobar los programas, planes y diseño de carrera, grados y posgrados».

«Ciertamente en todos los países los Estados ejercen una función de monitoreo de calidad, pero lo ejercen a través de organismo específicos que son independientes, pero en Nicaragua se está autorizando al CNU que decida cuáles son los planes de estudios con el que va estudiar los universitarios», explicó.

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Agregó que la universidades privadas perdieron la validez jurídica de sus propios diplomas y certificaciones, «porque esos diplomas no van a tener ningún valor sino aquel al que el CNU los avale, lo cual reduce el papel de las universidades a simples tramitadores y ejecutores de planes de estudios aprobadas desde el Estado».

«Ahora hay un nuevo requisito, y es que si el CNU no pone su certificación a los títulos (de las universidades privadas), estos no tendrán ningún valor» recalcó Meza. Además, dijo que la firma del rector no tendrá ningún valor.

«El Estado nos demostró que va en la ruta de un partido que controle todos los ámbitos de la vida social y económica del país y ahora lo está haciendo en el ámbito de la educación. Cualquier cosa que el partido (FSLN) no le guste tendrá un mecanismo que asegure su voluntad», concluyó el rector.

La Asamblea Nacional al servicio de la pareja dictatorial resolvió la cancelación la personalidad jurídica de la universidad Paulo Freire, acusándola de violar la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.

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En cuanto a sus estados financieros, la Universidad mencionó que jamás han recibido del Departamento de Registro de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, ningún comentario, ni observaciones a sus estados financieros de los años 2017, 2018 y 2019.

Distintos organismos opositores han calificado a Ortega como «enemigo de la autonomía universitaria» y afirman que esta es la nueva maniobra del régimen para «mantener sometido el pensamiento crítico y la libertad de cátedra».