Este día se cumplen tres años del segundo intento de diálogo nacional que se realizó en Nicaragua tras las protestas de abril de 2018. A la fecha, la opositora Alianza Cívica continúa demandando al régimen de Daniel Ortega que cumpla con lo suscrito, principalmente, la liberación de las personas presas políticas y el fortalecimiento de los derechos y garantías ciudadanas.
Desde la firma del acuerdo, en 2019, la dictadura ha promulgado leyes represivas y encarcelado a dirigentes de la oposición y gremiales, Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Max Jerez y José Pallais, quienes participaron en la mesa de diálogo. La organización deploró el incremento de la crisis nacional y el éxodo de nicaragüenses.
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La oposición nicaragüense preparó una serie de actividades enfocadas en exigir la libertad de las personas presas políticas en el país, en conmemoración a los cuatro años de la rebelión de abril.
La denominada «Jornada de Abril» se desarrollará, principalmente, en Costa Rica, donde culminará con un acto central el 23 de abril. Las organizaciones opositoras denunciaron que, a cuatro años de la insurrección, en Nicaragua «se ha impuesto un estado de terror, no se ha logrado la justicia» para las víctimas y todavía persiste el «clamor popular de libertad y democracia».
Los dirigentes del gremio empresarial Michael Healy y Álvaro Vargas continúan encarcelados, desde hace cinco meses, sin que aún se les programe el juicio. A finales de enero se reveló que el régimen les habría levantado el cargo por el supuesto delito de lavado de dinero y solo los procesaría por presunto «menoscabo a la integridad nacional».
Los exdirigentes del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), junto al preso político Edgar Parrales, son los únicos que están pendientes de juicio de un grupo de casi 50 críticos del régimen arrestados en el contexto electoral.
El exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, pidió a los 15 Estados miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) que se pronuncien a favor de la liberación de los presos políticos de Nicaragua.
Por medio de una publicación en su cuenta de Twitter, el exdiplomático señaló que «como afrodescendiente los desafía a que se pronuncien… (porque) el silencio los hace cómplices».
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Exjefes de Estado y de gobierno de Latinoamérica, agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), denunciaron al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por cometer «crímenes de lesa humanidad» en contra de opositores nicaragüenses, sometiéndolos a «tratos crueles, inhumanos y degradantes». Denuncian que los encarcelados han sido «condenados por la justicia al servicio del régimen» y piden que sean liberados «de inmediato».
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció este día que los reos de llamado «Nuevo Chipote», «son vigilados las 24 horas del día y si los policías los escuchan hablar, los castigan».
El régimen Ortega-Murillo recibió otro golpe dentro de su círculo. El abogado norteamericano Paul Reichler, quien sirvió como asesor legal internacional de Ortega en los años 80 y se reincorporó en el 2007, decidió renunciar a ese cargo porque, dijo, no podía continuar defendiendo a un «tirano» que «ha destruido la democracia». La carta de renuncia habría sido enviada a Daniel Ortega el dos de marzo.
Paul Reichler, en entrevista con Lucía Pineda Ubau, aseveró que el Ejército de Nicaragua se «convirtió en una vergüenza» por someterse a las órdenes de la dictadura de Daniel Ortega y desproteger a los nicaragüenses.
Además, catalogó al sancionado jefe militar Julio César Avilés de «títere», ya que ha servido y apoyado al régimen de Ortega en estos cuatro años de crisis, donde claramente la dictadura ha violado los derechos humanos de los nicaragüenses.