A penas empezó a circular el informe que presentará en los próximos días la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre las múltiples violaciones a los derechos fundamentales de los nicaragüenses, por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el régimen se apresuró a descalificarlo a priori y lo acusó de «valorar la aplicación de los derechos humanos de manera dispar entre los países».
Mediante comparecencia a través de video, que fue proyectado durante la 49 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Procurada General de la dictadura, Wendy Carolina Morales Urbina, señaló al organismo de ser «permisivo y tolerante con las barbaries» que cometen «las potencias», y de ser «irracionales con los países en vías de desarrollo, como Nicaragua».
Haciendo eco de la propaganda que todos los días lanza de manera frenética la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, la procuradora Morales acusó a la ONU de prestarse a la manipulación «del imperialismo».
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«Esta valoración desigual se presta a la manipulación e instrumentalización de los derechos humanos para otros fines y pretensiones hegemónicas, derivadas de intereses económicos y políticos de los países imperialistas que afectan la dignidad y soberanía de los pueblos que buscan labrar su propio destino, sin ningún interés foráneo», leyó la representante del gobierno que después de abril de 2018 ejecutó una matanza de por lo menos 355 personas —documentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)—.
La procuradora Morales Urbina sugirió a la organización que impulse «la aplicación y fortalecimiento de los derechos en el marco del respeto a la identidad, soberanía y desarrollo histórico de cada país, sin perder de vista la universalidad de los derechos humanos», obviando que es precisamente su gobierno el que se ha mostrado favorable a la guerra que ejecuta Rusia contra su vecina Ucrania, en una clara invasión militar sangrienta que ya acumula decenas de muertos.
Ataca a «las fuentes» usadas para documentar los abusos del régimen
Aunque la dictadura mantiene encerrado al país y ha prohibido el ingreso de los organismos defensores de derechos humanos como la CIDH y la propia Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para que puedan verificar in situ las denuncias, la funcionaria orteguista se lanzó contra «las fuentes», que incluyen a las propias víctimas, denuncias de familiares y recopilación de organismos nacionales de derechos humanos.
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«Observamos y desaprobamos las fuentes usadas como base para el análisis de esta Oficina de las Naciones Unidas, respecto a las llamadas actualizaciones, informes preliminares y rutas investigativas, que lejos de centrarse en recopilar información veraz sobre la realidad de los derechos humanos de la sociedad, recogen únicamente las voces de algunos sectores con intereses políticos, ideológicos y económicos, definidos bajo el diseño de la política interventora de las grandes potencias imperialistas».
La funcionara se lanzó a calificar de «verdaderas agresiones contra el país» las denuncias como la que presentará Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos en los próximos días, en Ginebra, Suiza.
«En el caso de Nicaragua, las llamadas actualizaciones sobre los derechos humanos no son justas ni equitativas, sino verdaderas agresiones contra nuestro país», dijo la Procurada orteguista. Además, expresó que «este tipo de informes» tiene como objetivo «seguir denigrando y descalificando a las autoridades de nuestro país, así como al ordenamiento jurídico que sustenta al Estado nicaragüense, sobre la base de información falsa y totalmente parcializada, con la finalidad de inmiscuirse en nuestros asuntos, irrespetando nuestra soberanía e independencia y haciendo eco de la política intervencionista de los Estados Unidos y de algunos países europeos».
Sanciones contra testaferros y verdugos son «crímenes de lesa humanidad»
En tono victimista, la funciona señaló que Nicaragua ha sido sometida permanente al «escrutinio inquisidor y malsano» de quienes pretenden someter a los nicaragüenses. A renglón seguido se quejó de las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza, Reino Unido y Canadá y las calificó de «medidas unilaterales, coercitivas e ilegales», que, según agregó, «constituyen un verdadero crimen de lesa humanidad».
La dictadura sandinista ha pretendido vender ante el mundo que las sanciones internacionales «castigan al pueblo», pero en realidad únicamente han bloqueado el dinero de funcionarios y testaferros del régimen, así como de empresas creadas al amparo de la corrupción gubernamental. Las tres instituciones públicas que hasta ahora han sido castigadas —la Policía, la Fiscalía y el Consejo Supremo Electoral— ha sido bajo señalamientos de cometer represión política, violencia y asesinatos; de fabricar acusaciones judiciales contra opositores de Ortega y por articular los fraudes electorales que han permitido la perpetuación de la dictadura.