El pasado 23 de febrero, la activista opositora y defensora de derechos humanos Tamara Dávila Rivas se enfrentó a un juicio armado por la dictadura de Daniel Ortega que la acusa de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional».
Dávila aprovechó los minutos que le dieron al final de su juicio para reclamarle al juez sandinista Félix Salmerón por el aislamiento al que la han sometido durante los ocho meses de encierro. Sobre todo, le encaró por el bloqueo de la dictadura que le ha impedido ver y hablar con su hija, una niña de cinco años que en sus dibujos le envía besos, corazones y mariposas.
«Yo estoy presa ilegalmente, han violentado todos mis derechos, exijo que no se los sigan violentando a mi hija de cinco años. No la castiguen, ella tiene derecho de ver a su madre y tener la certeza de que estoy viva, esto está establecido en las leyes de Nicaragua y convenciones internacionales de protección de la niñez», increpó la líder opositora.
Este reclamo, que es similar al expresado por la también prisionera política Suyén Barahona y por el periodista Miguel Mendoza será denunciado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por parte de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, en su informe que presentará este miércoles, dos de marzo, en Ginebra, Suiza.
«Las mujeres detenidas denunciaron violaciones específicas: muchas fueron mantenidas en aislamiento prolongado, lo que puede constituir tortura, y los funcionarios le dijeron repetidamente a una mujer que era una mala madre por haber dejado sola a su hija de 5 años… A principios de octubre y noviembre, se permitió a los detenidos una segunda y tercera visita de sus familias, dos personas cada una, durante un máximo de dos horas. Sin embargo, a los hijos menores de edad de los detenidos no se les permitió ingresar al recinto, recibir correspondencia ni (en el caso de los niños más pequeños) entregar sus dibujos a sus padres, lo cual es una violación de los derechos humanos de los detenidos y de derechos de los niños a “mantener relaciones personales y contacto directo con sus padres”», se lee en el informe que ya está en el sitio web de Naciones Unidas, en su versión en inglés.
Reglas internacionales y compromisos de Nicaragua
Entre los argumento para reclamar al régimen sandinista por esta violación al derecho de los niños, la Alta Comisionada cita reglas y compromisos internacionales suscritos por Nicaragua. «Las Reglas de Bangkok prohíben la suspensión del contacto familiar, especialmente con los niños, como medida disciplinaria (regla 23); enfatiza la necesidad de considerar la suspensión de la detención si eso es en el interés superior de los niños (regla 2 (2)); y obliga al Estado a “fomentar” y “facilitar” por todos los medios razonables el contacto con familias y niños (regla 26)», reprocha.
«El Comité de los Derechos del Niño también ha enfatizado que, bajo la Convención de los Derechos del Niño, de la cual Nicaragua es parte, los niños tienen derecho a visitar periódicamente a sus padres encarcelados, y ha recomendado que los Estados faciliten suficientes visitas para permitir relaciones sólidas entre los niños y los padres», insiste la funcionara de Naciones Unidas y expresidenta de Chile.
Las mujeres presas políticas y sus niños se han enfrentado a la saña de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pese a que la pareja presidencial pregona, en su propaganda, una supuesta política de «fe, familia y comunidad».
