La defensa del exdiplomático y preso político Edgard Parrales Castillo, de 79 años, solicitó por novena ocasión a la autoridad judicial que se atiendan las recomendaciones médicas emitidas por los médicos tratantes del analista político y se proceda al cambio de la medida cautelar a «arresto domiciliario». El reciente escrito se presentó poco antes de cumplirse el plazo de 90 días de «investigación» impuesto por el régimen en contra del prisionero.
Parrales es el reo político de mayor edad sometido al encierro en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como «El Nuevo Chipote», desde noviembre de 2021, acusado de supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional; delito que el régimen imputa a los opositores y voces críticas de la dictadura detenidos en periodo electoral.
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El abogado defensor Noel Alonzo Cano reiteró a la jueza Karen Chavarría, titular del Juzgado Noveno de Distrito Penal de Audiencias de Managua, que el preso político Edgard Parrales presenta diversas afectaciones en su salud, las cuales son de su conocimiento por escritos anteriores que le han presentado, acompañados de las constancias médicas respectivas.
Parrales «requiere de atención médica especializada, exámenes médicos específicos y una dieta balanceada para evitar complicaciones digestivas y sumado a ella la edad de mi representado de más de 80 años, requiere sin duda un trato carcelario más humano», señaló el abogado.
Alonzo Cano advierte que su cuadro de afectaciones bajo las actuales condiciones podría desembocar en «grave lesión a la integridad física y hasta la pérdida de la vida» de Edgard Parrales.
El 23 de noviembre, en una audiencia secreta, el Ministerio Público y la jueza a cargo impusieron detención judicial durante 90 días contra el exembajador, término que se cumple este próximo domingo, 20 de febrero.
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El reciente escrito, enviado a la jueza el 18 de febrero del año en curso, detalla que Parrales presenta hemicolectomía izquierda y colecistectomía, portador de síndrome de colon irritable patrón de estreñimiento, diverticulosis, hernia post incisional y dislipidemia; asimismo, requiere el uso permanente de auxiliar auditivo y está padeciendo síndrome urinario bajo con urgencia urinaria y en ocasiones incontinencia.
El médico tratante del preso político indica que este requiere urgentemente exámenes de ultrasonido urinario y exámenes de laboratorio como biometría hermática completa, PSA (antígeno prostático específico), química sanguínea.
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El régimen de Daniel Ortega ha encarcelado por razones políticas a 21 personas mayores de 60 años, a pesar que la Ley del Adulto Mayor los protege. Familiares de los reos denuncian que sus parientes son sometidos a torturas psicológicas y físicas. La muerte del exgeneral Hugo Torres a mediados de mes despertó la alerta.
Tras el fallecimiento del excomandante sandinista, el régimen informó la noche del 18 de febrero que los presos políticos Arturo Cruz, de 68 años, el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, de 77 años, y el exvicecanciller José Bernard Pallais Arana, de 68 años, pasarían a detención domiciliaria por su condición de salud.