Unab demanda al régimen de Nicaragua que declare «nulos» los juicios políticos contra opositores

La Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) continúa exigiendo la libertad de los presos políticos de Nicaragua, quienes están siendo procesados bajo «juicios anómalos». La organización asegura que el régimen ha encarcelado a decenas de opositores para «callar las voces de centenares de nicaragüenses que se oponen a su dictadura».

A través de un comunicado divulgado este siete de febrero, la Unab expresó su rechazo a los «juicios» que se les han realizado a los opositores Muammar Vado, Yader Parajón, Ana Margarita Vijil, Lesther Alemán, Dora María Téllez, María Fernanda Flores y Miguel Mora. Subrayaron que desconocen «sus resultados y condenas en perjuicio de todas las personas presas políticas».

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Afirmaron que esos juicios deberían ser catalogados como nulos porque han violado todos sus derechos de publicidad procesal, es decir, las garantías de transparencia, la imparcialidad y la rectitud en la administración de justicia; así como el derecho a la defensa. La Unab insistió en que a los presos políticos se les acusa por «delitos que no existen» con los que pretenden callar las voces opositoras, judicializar los derechos políticos y la libertad de expresión popular.

«Seguiremos demandando la nulidad absoluta de los juicios incoados, la liberación incondicional de todas las personas presas políticas y la restitución de todos sus derechos políticos y sociales», demanda la organización, que a su vez asegura que continuará acompañando a los familiares de las más de 170 personas detenidas.

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Familiares de los rehenes de Ortega se han pronunciado en conjunto por su liberación a través de la conformación de una alianza en la que participen distintos sectores de la sociedad y la Iglesia católica. La mayoría de grupos de oposición han respaldado esta decisión de las familias de quienes se encuentran en las celdas de castigo del régimen.

La Unab le ha solicitado a la pareja presidencial «la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presas políticas, el cese del estado policial de facto y la justicia sin impunidad. En tanto, el régimen debe cumplir los compromisos internacionales en el trato a las personas presas y sus familias».