Régimen traslada La Gaceta y Secretaría Jurídica a la Procuraduría General de Justicia
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo trasladó la administración del diario oficial La Gaceta y las funciones de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República a la Procuraduría General de Justicia (PGJ), mediante una reforma publicada este viernes 23 de octubre en La Gaceta.
La medida quedó establecida en la Ley 1285, denominada «Ley de Adiciones a la Ley N°. 1259, Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y de Reforma al Decreto Ejecutivo N°. 31-2002, Reglamento del Diario Oficial La Gaceta».
La Asamblea Nacional, controlada por el sandinismo, aprobó la normativa el jueves 22 de octubre.
Con esta reforma, la PGJ incorpora nuevas atribuciones relacionadas con la elaboración de iniciativas de ley, decretos legislativos y acuerdos presidenciales, además de asumir la dependencia jerárquica del medio encargado de publicar oficialmente las disposiciones del Estado.
La PGJ asume funciones jurídicas y editoriales de La Gaceta
El artículo primero de la Ley 1285 incorpora los artículos 19 ter y 19 quáter a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia. El primero establece que la Secretaría Jurídica quedará adscrita a esa institución y será la sucesora de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, sin interrupción de sus obligaciones y funciones.
Entre sus nuevas responsabilidades figuran elaborar los acuerdos presidenciales de nombramiento, traslado y destitución de funcionarios; preparar iniciativas de leyes y decretos legislativos que la Presidencia presente ante la Asamblea Nacional; tramitar su sanción, promulgación y publicación, y llevar los registros de acuerdos y decretos presidenciales.
La ley también le asigna la elaboración de propuestas de normas legales, reglamentarias y administrativas, así como de resoluciones relacionadas con recursos de apelación administrativa.
La reforma al Reglamento del Diario Oficial precisa que «depende jerárquicamente de la Procuraduría General de Justicia».
El cambio concentra bajo una misma institución las funciones de asesoría jurídica presidencial y la administración del medio donde se publican las leyes, decretos, acuerdos y otras disposiciones oficiales.
Procuradora decidirá sobre publicaciones y tirajes
La reforma también modifica las reglas para la administración de La Gaceta. A partir de su entrada en vigor, la procuradora o el procurador general de Justicia deberá recibir un informe mensual de gestión de la dirección del diario oficial, dentro de los primeros diez días de cada mes.
Además, resolverá las dudas sobre las publicaciones gratuitas, la prioridad de los documentos por razones de importancia o urgencia y otros asuntos de funcionamiento que requieran una decisión de la autoridad superior. Estas decisiones deberán contar con la autorización previa de la Presidencia de la República.
La normativa también establece que la Procuraduría aprobará, a propuesta de la dirección de La Gaceta, el número de páginas de cada edición y la cantidad de ejemplares impresos, según las suscripciones pagadas, la demanda y la disponibilidad presupuestaria.
Trasladan bienes y recursos presupuestarios
Las disposiciones transitorias ordenan transferir a la PGJ la administración, el uso y la custodia de los recursos presupuestarios, financieros y patrimoniales asignados tanto a la Secretaría Jurídica como a La Gaceta.
El traslado abarca bienes muebles e inmuebles, vehículos, equipos, sistemas informáticos, archivos físicos y digitales, acervo documental y cualquier otro recurso destinado al funcionamiento de ambas instancias.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá coordinar con la Procuraduría las modificaciones presupuestarias, financieras, contables y patrimoniales necesarias para ejecutar la reforma.
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