La hora de los cancilleres

La salida de una dictadura profundamente enquistada en el poder, como la de Daniel Ortega y Rosario Murillo, no será el resultado de una sola acción. Solo podrá alcanzarse mediante la suma sostenida de múltiples esfuerzos: resistencia dentro de Nicaragua, organización democrática, presión internacional y decisiones que, en distintos momentos, puedan modificar la correlación de fuerzas. La convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para examinar la situación de Nicaragua puede ser una de esas decisiones. No garantiza, por sí misma, el desenlace que los nicaragüenses esperamos, pero sí puede ampliar el margen de acción, elevar el costo de la inacción y situar la crisis en una dimensión política y jurídica cualitativamente distinta.

Un cambio de umbral en la crisis nicaragüense

La Reunión de Consulta no es una conferencia diplomática ordinaria. Es uno de los órganos políticos que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reserva para considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos. Al activar los artículos 61 a 63 de la Carta, el Consejo Permanente reconoció precisamente eso: que la crisis nicaragüense plantea un problema urgente y común para el hemisferio. Esa determinación constituye, por sí misma, un cambio de umbral. La convocatoria abre el órgano; no anticipa sus decisiones. Pero cambia el nivel en el que esas decisiones podrían discutirse.

La diferencia entre una sesión del Consejo Permanente y una reunión de cancilleres no es meramente protocolaria. Los embajadores representan y negocian las posiciones de sus países; los ministros de Relaciones Exteriores poseen la autoridad política para transformarlas en compromisos de Estado. Llevar Nicaragua a ese nivel significa pasar de la preocupación diplomática recurrente a la posibilidad de una respuesta concertada desde las capitales.

Un precedente que remite a 1979

Los antecedentes permiten dimensionar mejor la excepcionalidad del momento. La última Reunión de Consulta en la que Nicaragua estuvo directamente involucrada se celebró en 2010, pero examinó exclusivamente el diferendo fronterizo con Costa Rica. Para hallar un precedente comparable, es decir, una reunión dedicada a una crisis política interna nicaragüense con consecuencias regionales, hay que volver a la XVII Reunión de Consulta de 1978 y 1979. El 23 de junio de 1979, aquel órgano reclamó el reemplazo inmediato y definitivo del régimen de Somoza y el establecimiento de un gobierno democrático, respetuoso de los derechos humanos y comprometido con elecciones libres.

Casi medio siglo después, los cancilleres del hemisferio vuelven a ser convocados para examinar la naturaleza y las consecuencias regionales del poder político en Nicaragua. Las circunstancias históricas son distintas y nadie debería sugerir una repetición mecánica de 1979. Sin embargo, las instituciones también hablan por medio de sus precedentes. La OEA no había vuelto a emplear este mecanismo para abordar la crisis política interna nicaragüense desde entonces. Estamos ante un acontecimiento que ocurre una vez por generación.

Democracia, represión y seguridad hemisférica

Hay, además, un elemento especialmente trascendental: la claridad con la que el caso se incorpora al debate contemporáneo sobre la seguridad hemisférica. Lo novedoso no es que el sistema interamericano advierta efectos regionales; la resolución de 1979 ya se refería a la paz del continente. Lo extraordinario ahora es que el deterioro democrático, la represión transnacional, el desplazamiento forzado y la estabilidad regional comiencen a ser examinados como partes de una misma realidad.

Desde la Declaración sobre Seguridad en las Américas de 2003, el sistema interamericano reconoce una concepción multidimensional de la seguridad, fundada en los valores democráticos, los derechos humanos, el Estado de derecho y la protección de las personas. Este marco permite entender que la seguridad hemisférica no comienza únicamente cuando un ejército cruza una frontera. También puede verse comprometida cuando un Estado destruye los mecanismos pacíficos de sucesión, expulsa a su población, desnacionaliza a sus críticos y proyecta la coerción sobre quienes buscan refugio en otros países.

Una respuesta colectiva dentro del derecho internacional

Esta convocatoria se produce al amparo de la Carta de la OEA. Por sí misma no activa el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, no autoriza el uso de la fuerza ni militariza la respuesta. Significa algo más preciso: reconocer que la dictadura de Ortega y Murillo genera consecuencias que desbordan el territorio nicaragüense y que los Estados pueden articular, dentro del derecho internacional, una respuesta legítima y colectiva para proteger el orden democrático interamericano.

Nicaragua no vive una simple disputa entre un gobierno y una oposición. El régimen clausuró, una a una, las vías pacíficas mediante las cuales una sociedad procesa sus diferencias: vació la competencia electoral, subordinó los poderes del Estado, persiguió a la prensa independiente, proscribió organizaciones políticas y civiles y convirtió la nacionalidad, la libertad y el patrimonio en instrumentos de castigo. Cuando desaparecen la alternancia y la posibilidad de resolver los conflictos mediante instituciones, el conflicto no se extingue. Queda contenido por la fuerza y termina proyectándose hacia el exterior en forma de exilio, apatridia, desplazamiento forzado y persecución transnacional.

El aparato represivo que proyecta la crisis al exterior

La amenaza no son los nicaragüenses que buscan protección. La amenaza es el aparato represivo que produce el éxodo, intenta extender su vigilancia sobre el exilio y traslada costos humanos e institucionales a otros Estados. Cuando una dictadura persigue a sus ciudadanos en territorio extranjero o utiliza a sus familiares como instrumentos de represalia, el problema deja de afectar únicamente los derechos de las víctimas: compromete también la soberanía, la seguridad pública y el orden jurídico de los países receptores.

La amplitud del respaldo a la convocatoria merece igualmente una lectura política. La iniciativa impulsada por Estados Unidos recibió el apoyo de una mayoría que trascendió afinidades ideológicas y subregiones. El acompañamiento de varias delegaciones caribeñas amplió de manera decisiva la base geográfica y política de la convocatoria. No porque el Caribe constituya un bloque uniforme, que no lo es, sino porque ese respaldo demuestra que la preocupación por Nicaragua ha desbordado los alineamientos habituales. Ya no se discute solamente la naturaleza dictatorial del régimen, sino qué deben hacer los Estados americanos frente a sus consecuencias.

Soberanía y compromisos democráticos

Las reservas expresadas por Brasil y México merecen una crítica respetuosa, pero firme. La soberanía y la no intervención no pueden interpretarse aisladamente de los compromisos democráticos asumidos en la misma Carta de la OEA. El orden interamericano protege ambos principios y ninguno borra al otro. La no intervención protege a los pueblos frente a la dominación externa; no puede convertirse en un escudo para sustraer a una dictadura del examen legítimo de las obligaciones que el propio Estado contrajo.

Este avance tiene muchas manos detrás. Durante meses, distintas organizaciones de la oposición democrática nicaragüense desarrollaron una labor de incidencia paciente, coordinada y muchas veces invisible ante cancillerías, misiones diplomáticas y organismos internacionales. Ruta del Cambio ha tenido el honor de formar parte de ese esfuerzo, junto con otras organizaciones y plataformas cuyo trabajo corresponde reconocer con la misma claridad. Ninguna organización puede atribuirse este resultado en solitario. La convocatoria demuestra lo que los nicaragüenses podemos lograr cuando trabajamos desde la pluralidad, con objetivos comunes y disciplina compartida.

Hacia un entendimiento amplio sobre la transición

Precisamente por eso, esta experiencia debería servir para la siguiente tarea. Así como la oposición democrática logró coordinarse de manera plural durante esta fase de trabajo ante la OEA, también debería procurar un entendimiento amplio alrededor de un plan de transición. Ruta del Cambio participa, junto con otras organizaciones liberales, conservadoras y de centroderecha, en un esfuerzo que ha comenzado a formular una propuesta. Lo decimos con humildad: ese trabajo puede ser un punto de partida, pero no debe presentarse como un plan acabado ni como patrimonio de un grupo. Debería abrirse al diálogo con otras plataformas, con la diáspora y, sobre todo, con las voces que resisten dentro de Nicaragua, con la aspiración de convertirse en un verdadero plan de país.

Los verdaderos dientes están en las capitales

Conviene, sin embargo, no confundir una convocatoria extraordinaria con un resultado automático. La OEA no es un Estado supranacional y su Secretaría General carece de potestad autónoma para imponer sanciones económicas, diplomáticas o migratorias. La Reunión de Consulta puede fijar una calificación común, establecer mandatos, recomendar medidas y coordinar su seguimiento. La ejecución corresponde a los gobiernos, conforme a sus ordenamientos internos y al derecho internacional. Por eso, los verdaderos dientes del sistema interamericano están en sus capitales.

Precisamente allí reside otra razón de la importancia de esta reunión: reúne en un mismo órgano político a quienes sí poseen los instrumentos de acción. Son los gobiernos nacionales los que pueden proteger a los exiliados, investigar la represión transnacional, preservar pruebas para eventuales procesos de justicia, adoptar medidas financieras y migratorias focalizadas, revisar determinadas formas de cooperación y armonizar sus decisiones diplomáticas. Una resolución sin seguimiento corre el riesgo de quedar en diagnóstico; con ejecución coordinada puede convertirse en política hemisférica.

De la declaración a compromisos verificables

El verdadero valor de la reunión de cancilleres dependerá, por tanto, de que pueda producir algo más que una nueva declaración. Podría definir una hoja de ruta, identificar responsabilidades, establecer mecanismos de seguimiento y convertir el respaldo político en compromisos verificables. El multilateralismo fija el rumbo, pero los Estados proporcionan la capacidad de ejecución. La OEA podrá ser tan firme y eficaz como sus gobiernos estén dispuestos a serlo.

La convocatoria merece un reconocimiento inequívoco. No es todavía el resultado que Nicaragua necesita, pero abre la posibilidad de elevar su crisis a un nivel excepcional de responsabilidad hemisférica. El sistema interamericano ya nombró el problema. Su alcance dependerá ahora de que los cancilleres puedan convertir esa calificación en estrategia y las capitales en acciones coordinadas.