CIDH exige al régimen informar sobre el paradero de Ricardo Mendoza Irigoyen

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para proteger a Ricardo José Mendoza Irigoyen, un nicaragüense de 64 años desaparecido desde hace cinco meses por agentes del régimen de Ortega.

La decisión quedó establecida en la Resolución 50/2026, aprobada el 22 de junio, mediante la cual el organismo regional concluyó que los derechos a la vida y a la integridad personal de Mendoza Irigoyen están en riesgo de sufrir un daño irreparable.

«La Comisión estima que los derechos a la vida e integridad personal del beneficiario están en grave riesgo en la medida que, hasta la fecha, no se tendría información oficial acerca de su destino o paradero, así como sobre su situación actual», señaló el organismo.

Mendoza Irigoyen fue capturado la noche del 23 de enero de este año durante un operativo realizado en su vivienda ubicada en la Carretera Sur, Managua. Familiares denunciaron que más de una veintena de policías ingresaron a la propiedad sin presentar una orden judicial y posteriormente se lo llevaron detenido.

Desde entonces, sus allegados aseguran que no han recibido información oficial sobre su ubicación, condición física o situación jurídica. Las búsquedas realizadas en distintas instituciones del Estado, incluida la Dirección de Auxilio Judicial, el Ministerio Público y el Sistema Penitenciario Nacional, no han permitido conocer dónde se encuentra.

La CIDH señaló que los familiares continúan realizando gestiones para localizarlo, incluso en el centro penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, sin obtener respuestas de las autoridades.
«Hasta la fecha, no se tendría información oficial acerca de su destino o paradero, así como sobre su situación actual», indicó la Comisión en la resolución.

Ante este escenario, la CIDH solicitó al Estado nicaragüense adoptar medidas urgentes para establecer el paradero de Mendoza Irigoyen y garantizar su protección. Asimismo, pidió precisar si se encuentra bajo custodia estatal, informar sobre las circunstancias y condiciones de su detención, y permitir el acceso de sus familiares y representantes legales.

Un caso rodeado de incertidumbre

Familiares y allegados han denunciado que, de manera extraoficial, han escuchado versiones sobre una posible condena de 15 años de prisión, aunque hasta ahora no existe información pública que confirme la apertura de un proceso judicial en su contra.

Antes de su detención, Mendoza Irigoyen mantenía una vida alejada de la actividad política partidaria. Estudió una carrera relacionada con la ecología, trabajó en proyectos vinculados al estudio de la flora nicaragüense y participó en iniciativas sociales a través de organizaciones de apoyo a sectores vulnerables.

Sus allegados sostienen que nunca participó en manifestaciones ni actividades políticas. Sin embargo, su nombre ha sido mencionado en investigaciones relacionadas con personas cercanas al oficialismo, aunque hasta la fecha las autoridades no han informado oficialmente las razones de su detención.