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mié. 14 oct.
Nacionales

Dictadura recula: llega a un acuerdo con BHMB Mining que volverá a operar en Nicaragua

La empresa minera británico-estadounidense alcanzó un acuerdo del que no se conocerán los términos, informó la Procuraduría
Por Artículo 66 mayo 27, 2026

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio un paso atrás. Meses después de ordenar la confisación de la planta minera de la empresa británico estadounidense BHMB Mining, este miércoles 27 de mayo anunciaron que llegaron a un acuerdo con sus representantes.

A través de la Procuraduría General de Justicia informaron que le devolverán la propiedad confiscada en Palacagüina, que devolverán a sus legítimos dueños tras entregarlas a mineras de origen chino, por lo que Estados Unidos en abril pasado sancionó a varias de ellas, así como a los funcionarios de Minas involucrados en esta apropiación ilegal.

En un comunicado de la institución informaron que «como resultado de un proceso de diálogo y coordinación, desarrollado en un ambiente de cooperación y respeto mutuo, han alcanzado un entendimiento orientado a la normalización y reactivación operativa de la planta BHMB Palacaguïna, de manera ordenada y segura».

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Minera le reclamaba $80 millones al régimen

Ante el despojo de la propiedad, la empresa inició un litigio internacional en contra de los dictadores nicaragüenses que dijo elevaría ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, para demandar a Nicaragua por la expropiación de su plantel en el país centroamericano el pasado agosto de 2025.

Reclamaban 80 millones de dólares por la medida que los desalojó, cesó sus operaciones y entregó a la minera china Zhong Fu Development S.A., cuyos representantes tomaron a la fuerza las instalaciones de la compañía.

El representante legal de BHMB Mining, Baruch Rapaport, dijo a finales de marzo de 2026 al diario La Prensa que «la demanda se centra en una expropiación directa e ilegal, sin compensación, junto con violaciones al principio fundamental del derecho internacional a inversiones».

Este 27 de mayo, la Procuraduría cita a Rapaport con el que alcanzaron el acuerdo para devolver los bienes a la minera británico-estadounidense que operaba en Madriz. En el año 2020 logró los permisos para operar en territorio nicaragüense, cuando ese año el Ministerio de Energía y Minas le otorgó una certificación, aunque este ente le había dado concesiones desde cinco años atrás, según consta en el Acuerdo Ministerial No. 000-DM-697-2015.

Lee también: Estas son las siete mineras sancionadas por oxigenar al régimen de Ortega y Murillo

“La dictadura de Murillo-Ortega ha buscado llenar sus propias arcas utilizando a estas compañías auríferas y a sus cómplices, confiscando inversiones estadounidenses en Nicaragua y usándolas para generar fondos que le permitan mantener su poder político”, declaró  el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, el pasado abril cuando anunció las sanciones contra las mineras chinas.

En ese momento, sancionó a las chinas Thomas Metal S.A., Brother Metal S.A., Nicaragua Xinxin Linze Mineria Group S.A., Zhong Fu Development S.A. y  Santa Rita Mining Company S.A., junto con Exportadora de Metales Sociedad Anónima (EMSA) y el Grupo Minero Xiloa SA.

Un acuerdo confidencial con BHMB Mining

A todas esas empresas y a la dictadura las señaló de irregularidades en la comercialización del oro nicaragüense justo el 16 de abril de 2026.

«Estados Unidos no permitirá la confiscación ilícita de activos estadounidenses y seguirá atacando las fuentes de ingresos que fortalecen al corrupto régimen de Murillo-Ortega», afirmó Bessent.

La Procuraduría también señaló este 27 de mayo que las partes acordaron mantener «los términos y condiciones de este entendimiento» en estricta «confidencialidad», por lo que los nicaragüenses no tendrán derecho a conocer si el Estado perdió dinero por la confiscación o a qué estuvo dispuesto el régimen para recular en su intento de apropiarse de los activos de una minera extranjera dentro del territorio nacional.

 

ARTÍCULO 66 es un medio de comunicación nicaragüense que trabaja desde el exilio debido a la persecución del Estado contra la prensa independiente. Algunas de nuestras informaciones no revelan la identidad de nuestras fuentes ni están firmadas por nuestros periodistas por razones de seguridad.

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