Estas son las siete mineras sancionadas por oxigenar al régimen de Ortega y Murillo

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha ejecutado una nueva ofensiva contra el engranaje económico que sostiene a Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En esta ocasión, el foco se centra en siete empresas mineras, incluyendo consorcios chinos de reciente aparición, señaladas de ser piezas clave en una red de lavado de activos y financiamiento de grupos paramilitares que ejecutan la represión en el país.

El oro, principal producto de exportación de Nicaragua, se ha transformado en un recurso estratégico para la supervivencia del régimen tras el cierre de otras vías de financiamiento internacional.

Según las autoridades estadounidenses, estas entidades operan como «empresas fachada» destinadas a desviar fondos hacia la maquinaria política y represiva de El Carmen.

A continuación, perfilamos las siete empresas que hoy figuran en la «lista OFAC» de Washington:

Una de las piezas centrales en este tablero es la Exportadora de Metales Sociedad Anónima (EMSA). Con sede en Managua, esta compañía se ha dedicado a recolectar oro sin refinar en seis puntos distintos del territorio nacional para su procesamiento

Según las investigaciones de la OFAC, EMSA vende oro a granel en el mercado estadounidense y funciona como un canal de financiamiento directo para la represión.

Las ganancias obtenidas se transfieren a cuentas bancarias en la capital nicaragüense, fondos que, según Washington, se utilizan para el equipamiento, entrenamiento y pago de salarios de grupos paramilitares subordinados a la Secretaría del Frente Sandinistade Liberación Nacional.

El Grupo Minero Xiloa S.A. (Minero) cobró mayor protagonismo tras las sanciones impuestas por la OFAC a Compañía Minera Internacional S.A. (COMINTSA) y Capital Mining Investment Nicaragua el 15 de mayo de 2024.

Esta empresa se encarga de absorber el oro artesanal mediante transacciones en efectivo para luego exportarlo a través de redes aliadas.

La compañía es operada por una red de exfuncionarios vinculados a entidades sancionadas como la Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS), la cooperativa Caruna, sancionada desde octubre de 2020 y Albanisa, una empresa bloqueada por ley, ya que el 51% de su propiedad pertenece a Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), designada el 28 de enero de 2019 .

Esta estructura permite al régimen reciclar cuadros políticos y financieros para mantener el flujo de capital ilícito hacia sus operaciones de control social.

Capital chino para confiscar inversiones

La consolidación de las alianzas con Beijing se materializa con Zhong Fu Development S.A., empresa que ha recibido un trato preferencial con la adjudicación de 10 lotes mineros que abarcan 204,532.71 hectáreas.

Bajo la dirección de Feiwu Bian y el representante legal Aníbal Vladimir Matus Buitrago, esta compañía se dedica al comercio de metales. Además fue protagonista en 2025 de la toma violenta de la planta de procesamiento de la estadounidense BHMB Mining Nicaragua S.A.

Este asalto, ejecutado con el respaldo del régimen, resultó en la expulsión del personal y la revocación de licencias de la firma extranjera sin compensación alguna, consolidando un modelo de expropiación para favorecer a los aliados de China.

En este mismo esquema de expansión destaca Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A., otro consorcio chino que maneja 12 lotes con una extensión de 144,884.87 hectáreas.

A pesar de las crecientes restricciones, esta empresa logró movilizar más de 25 millones de dólares en oro hacia Estados Unidos durante la primera mitad de 2025.

Junto a ella opera Santa Rita Mining Company S.A., que administra un lote de 3,356.90 hectáreas y que también participó activamente en la ocupación física de las instalaciones de BHMB Mining Nicaragua S.A. .

Concesiones masivas a operadores sin experiencia

Thomas Metal S.A. es una de las compañías más consetidas del régimen. Ha recibido 17 lotes que suman la impresionante cifra de 229,772.98 hectáreas, según la base de datos de Artículo 66.

La magnitud de estas concesiones otorgadas por la pareja de dictadores refleja una estrategia de acaparamiento de tierras que ignora los impactos ambientales y sociales.

Esta entidad se ha convertido en uno de los mayores latifundistas mineros del país gracias a la discrecionalidad del Ministerio de Energía y Minas.

Finalmente, el caso de Brother Metal S.A. expone la falta de rigor técnico en la entrega de la riqueza nacional. Esta empresa posee 13 lotes que totalizan 204,854.08 hectáreas, a pesar de que las autoridades estadounidenses han señalado que cuenta con poca o ninguna experiencia previa en la exploración minera.

El otorgamiento de estas vastas áreas a una entidad sin credenciales técnicas refuerza la tesis de que estas compañías son creadas con el único propósito de funcionar como vehículos de transferencia de capital y blindaje patrimonial para la familia en el poder.