Régimen muestra a la presa política Angélica Chavarría tras dos años de desaparición forzada
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo rompió este viernes, 22 de mayo, el absoluto silencio que mantenía sobre el paradero de Angélica Chavarría Altamirano, viuda del fallecido general en retiro Humberto Ortega Saavedra.
A través de un video de corta duración transmitido por los medios de propaganda oficialistas, la dictadura presentó una «prueba de vida» de Chavarría, quien permanecía en condición de desaparición forzada desde el 19 de mayo de 2024.
En la grabación, Chavarría aparece leyendo lo que parece un guión preestablecido en el que asegura encontrarse en condiciones óptimas dentro del Centro Penitenciario Integral de Mujeres.
«Mi nombre es Angélica Chavarría Altamirano. Actualmente, me encuentro detenida en el Centro Penitenciario Integral de Mujeres. Durante este tiempo, he sido tratada con dignidad y respeto por parte de las autoridades de la Policía Nacional y del Sistema Penitenciario», afirma.
En su testimonio, Chavarría añade que recibe visitas semanales, atención médica especializada y que cuenta con «consideraciones especiales» como acceso a televisión y salidas al jardín.
La difusión del material audiovisual fue acompañada por una nota de prensa del Ministerio del Interior, la cual califica de «falsedades» y «campañas difamatorias» los reportes de organismos defensores de derechos humanos sobre las torturas y el aislamiento en los penales, tachando las denuncias como «fechorías de los enemigos de la Paz».
La purga contra el hermano del dictador
El pasado 19 de mayo, al cumplirse exactamente dos años de su detención ilegal, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más demandó con urgencia una prueba de vida de Chavarría, denunciando que el Estado la mantenía en una indefensión total que elimina de facto el derecho a la defensa.
Angélica Chavarría, cuñada y concuñada de los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue arrestada por la Policía Nacional en mayo de 2024.
Su captura se ejecutó como parte de la violenta respuesta del régimen contra su esposo, el exjefe del Ejército Humberto Ortega, luego de que este brindara una entrevista periodística en la que cuestionó la «sucesión dinástica» que los mandatarios pretenden imponer en Nicaragua.
El mismo día de la detención de Chavarría, el general retirado fue recluido bajo un estricto arresto domiciliario e incomunicado por orden de su propio hermano, quien lo acusó públicamente de «traición a la patria».
Tras meses de hostigamiento y desatención médica, Humberto Ortega falleció bajo custodia estatal el 30 de septiembre de 2024. Desde ese momento, el paradero de su viuda se convirtió en un secreto de Estado.
Un desacato abierto a la Corte IDH
La puesta en escena del Ministerio del Interior ocurre casi un año después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitiera una resolución urgente, el 30 de mayo de 2025, ordenando al régimen de Managua determinar el paradero de Chavarría y proceder a su «liberación inmediata».
Aquella orden, firmada por la presidenta del tribunal, Nancy Hernández López, fue ignorada por el Estado nicaragüense, que además se ha negado a responder a las acciones urgentes interpuestas ante el Grupo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU.
Organismos humanitarios recuerdan que la táctica de grabar a presos políticos en condiciones de extrema vulnerabilidad es un patrón del régimen para desmarcarse de las acusaciones de crímenes de lesa humanidad.
Al igual que el caso de Chavarría, defensores de derechos humanos continúan exigiendo pruebas de vida de otros opositores bajo la misma condición de desaparición forzada, como el excoronel sandinista Víctor Boitano Coleman, arrestado en abril de 2024.
Comentarios