PEN España pide al gobierno de Sánchez responder a solicitud de protección de siete periodistas nicaragüenses «apátridas de facto»

La organización PEN España exigió al gobierno de Pedro Sánchez responder a las solicitudes de protección que introdujeron desde 2025 siete periodistas nicaragüenses considerados «apátridas de facto» .

Se refirieron a los casos de Carmen Lucía Navas, Tania Jeannette López Rodríguez, Óscar Enrique Navarrete, Gerall Isaac Chávez, Donaldo Eliezer Hernández, Luis Eduardo Martínez Membreño y Reyna María Tapia, quienes desde mayo de 2025 entregaron las solicitudes al cónsul de España en Costa Rica, pero a casi un año de esa petición siguen sin obtener respuesta de las autoridades.

«La organización sin ánimo de lucro PEN España, miembro de PEN Internacional, respalda la demanda de los siete periodistas de poder acogerse al mecanismo de protección que España ofreció a los 222 nicaragüenses desterrados en 2023 y a quienes el régimen despojó de su nacionalidad», dijeron este domingo 3 de mayo, a propósito de celebrarse el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Nicaragua continúa en la cola de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que elabora anualmente la organización Reporteros Sin Fronteras, que el pasado jueves, 30 de abril, alertó que el 2026 es el peor año con la puntuación media más baja en los 25 años de elaboración de este índice. El informe ubicó a Nicaragua en el puesto 168, de un total de 180 naciones, como las que más atacan este derecho, casi inexistente en la nación centroamericana.

La exigencia de PEN España a Pedro Sánchez

«PEN España se suma así a la petición de otras prestigiosas organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y la Asociación de Prensa de Madrid en las que se demanda que el gobierno español considere a este grupo de periodistas como “desnacionalizados de facto”, ya que sus pasaportes fueron confiscados o no se les renovó y se les impide entrar de nuevo en Nicaragua y poder moverse a otros países», dijo la organización en un comunicado.

Más de 300 periodistas se vieron forzados al exilio tras la brutal represión desatada por la dictadura a partir de abril de 2018, justo hace ocho años, después de las masivas protestas ciudadanas en contra de las políticas de Ortega y Murillo.

Desde entonces, el régimen inició el desmantelamiento de la sociedad civil con detenciones arbitrarias, más de 300 muertes, así como la confiscación de bienes, entre ellos de varios medios de comunicación, y la expulsión de más de 200 nicaragüenses de su país a quienes despojó de su nacionalidad.

«Pedimos al Gobierno de España que se aplique a este grupo los mecanismos de protección previstos para las apátridas víctimas del régimen nicaragüense y, de manera más general, que adopte medidas que permitan a los cada vez más numerosos periodistas exiliados en España proseguir su labor informativa en defensa de la democracia en sus países» señala PEN España en una carta que dirigió al gobierno de Sánchez, a sus tres vicepresidentes, al ministro de Exteriores y el presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara de Diputdos, e incluso al rey Felipe VI.