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sáb. 3 oct.
Política

Dictadura cancela 12 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas a la Fundación Holcim

El cierre del brazo de responsabilidad social de la cementera suiza, según el régimen, se debió a «falta de recursos para continuar sus proyectos»
Por Artículo 66 abril 30, 2026
Foto tomada de la Fundación Holcim Nicaragua, una de las canceladas por el régimen este 30 de abril

El Ministerio del Interior publicó en la Gaceta número 76, de este jueves 30 de abril, el acuerdo número 06-2026-OSFL por el que ordena la disolución y cancela la personalidad jurídica de 12 organizaciones sin fines de lucro.

En el diario oficial de la nación se publicó el listado, que el ministerio dice fue por «disolución voluntaria» de estas fundaciones, que en su gran mayoría son de Estados Unidos y Canadá, algunas relacionadas con iglesias cristianas.

El listado lo componen Project Concern International (PCI), originaria de Estados Unidos, que se constituyó en Managua en el año de 1999. Su trabajo estaba enfocado en seguridad alimentaria, educación y alfabetización, así como en áreas de salud materno-infantil, entre otras.

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La dictadura que ha cancelado a miles de organizaciones no gubernamentales desde el año 2018 y ha expulsado a sus miembros del país también ordenó disolver a la Asociación Promoviendo Cambios para la Vida (Aprocavin), registrada en el año 2015.

La decisión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo igualmente alcanzó a la Iglesia Evangélica Libre de Canadá (Evangelical Free Church Of Canada), la Sociedad Médica y Dental Cristiana, de Estados Unidos; la Fundación de Emprendedores Socieconómicos de Occidente, de Nicaragua; la Fundación Holcim Nicaragua; la Asociación Unión de Campesinos Organizados de la Cuenca de San Dionisio.

Además, Svalorna Latinomerika, originaria de EEUU; la Fundación Busca el Cordero; Mission 14 Inc, de Estados Unidos; The David/Jonathan Proyect, de Canadá; y Manos de Amor Inc, de origen estadounidense.

Qué alegó el régimen para cancelar 12 ONG

El acuerdo señala que las disoluciones fueron solicitadas por estos organismos que alegaron mayormente «insuficiencia de fondos para mantener sus operaciones en Nicaragua» y otras por «disolución voluntaria de sus miembros» o que concluyeron sus proyectos en el país, así como el cumplimiento de metas y objetivos para las que fueron creadas.

La Asamblea Nacional, a pedido del régimen, aprobó la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL) en el año 2022 cuando se intensificó la cancelación de miles de ONG en el país.

Entre los polémicos puntos que contempla este instrumento jurídico es la potestad del Estado, para quedarse con los bienes de las organizaciones que se cancelan.

Esta ley, junto con la de Regulación de Agentes Extranjeros de 2020 es usada por la dictadura para cancelar las organizaciones no gubernamentales, al clasificarlas como aquellas que reciben recursos o financiamiento extranjero y que según Ortega y Murillo «utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua, atentando contra la independencia, la autodeterminación y la soberanía nacional, así como la estabilidad económica y política del país».

Lee también: Barrida empresarial: Ortega desaparece a AMCHAM y a otras 150 asociaciones del sector privado

El gran zarpazo de 2024

Desde 2018 y hasta la fecha, más de 5,000 organizaciones no gubernamentales han sido canceladas por la dictadura en grandes números, uno de los más elevados en 2024 cuando disolvieron a 1.500, algunas de forma unilateral como Save the Children Canadá.

En un solo día, en agosto de ese año, cancelaron 1,500 organizaciones entre ellas católicas, defensoras de la diversidad sexual, educativas, sociales y de militares retirados, con lo que se ordenó igualmente el traspaso de sus bienes al Estado por la Ley OSFL.

Ese año también afectaron a asociaciones de ganaderos, productores, de defensa de la niñez y excombatientes.

Cancelan la fundación Holcim

Antes de la aprobación de la Ley OFSL, el régimen hacía las cancelaciones en sesiones de la Asamblea Nacional en las que los diputados sandinistas atacaban con vehemencia la labor de estas organizaciones. Entre las razones que exponían contra estas asociaciones estaban que las violaciones a las leyes1040, de Regulación de Agentes Extranjeros; y la Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Llama la atención que entre las disoluciones de este 30 de abril esté Holcim Nicaragua bajo el alegato de que la fundación se quedó sin recursos económicos para continuar sus operaciones. Esta organización se constituyó justo en el año de las protestas antigubernamentales contra la dictadura, en 2018. Su presidente y director ejecutivo es el mismo CEO de la cementera de origen suizo en el país, Marcelo Arrieta, según el sitio web de la trasnacional.

La empresa tiene plantas en Nagarote, Managua, Tipitapa y reportó ganancias en Nicaragua como parte de su participación en la región centroamericana.

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