Rosario Murillo tilda como «crimen de lesa humanidad» las denuncias de la disidencia

Rosario Murillo, vocera del régimen nicaragüense, calificó este jueves, 23 de abril, la mentira como un «crimen de lesa humanidad».

Durante su intervención diaria, Murillo utilizó estos términos jurídicos internacionales para atacar a las voces disidentes, a quienes tildó de «traidores» por denunciar la realidad del país.

«Hay quienes piensan que decir la verdad es un descaro y nosotros pensamos que mentir es un pecado capital. Sobre todo cuando sirve para destruir, cuando es la base de crímenes contra la gente», declaró Murillo a través de los medios oficialistas.

Murillo afirmó, de manera velada, que la crítica y la disidencia política constituyen una forma de «mentira» que debe ser castigada bajo esta categoría penal internacional.

La paradoja del discurso oficial

La lógica de Murillo busca equiparar la libertad de expresión y la denuncia ciudadana con los delitos que han sido adjudicados contra el régimen sandinista que ella representa.

Según su planteamiento, cualquier cuestionamiento a la dictadura es una violación a los derechos colectivos del pueblo.
«Cuando se atenta contra un pueblo de fe, contra un pueblo cristiano, contra un pueblo que camina en paz, seguridad para ejercer el derecho a trabajar y prosperar, la mentira es un crimen contra la gente, por lo tanto, es de lesa humanidad», insistió la funcionaria.

Además, Murillo, en un intento por arremeter contra los nicaragüenses en el exilio y opositores, los calificó de «traidores» que utilizan su condición para dañar la imagen del país.

«El descaro de quienes mienten y se sirven de su propia condición que es la condición de traidores a su propia sangre, su propio pueblo, su propia tierra… se sirven de la condición de traidores para hacer daño».

Resulta irónico que la vocera del régimen utilice la terminología de «lesa humanidad», cuando es precisamente esa la acusación que pesa sobre ella y Daniel Ortega ante la comunidad internacional.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU (GHREN) ha documentado que el Estado de Nicaragua ha cometido actos que sí encajan en la definición legal de estos delitos.

Informes de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) detallan que, desde 2018, en Nicaragua se han ejecutado asesinatos selectivos, torturas, violencia sexual y persecución política «de manera sistemática y generalizada».

Estos organismos señalan directamente a Ortega y Murillo como los responsables de una cadena de mando que incluye a 54 altos funcionarios encargados de reprimir a la población.

La justificación de Murillo

Para desestimar las denuncias de abusos, Murillo recurrió a la enumeración de obras públicas, sugiriendo que la infraestructura física invalida las violaciones a los derechos civiles.

«Cualquiera que camina por las calles, comunidades y las hermosas carreteras que tenemos, cualquiera que se atiende en el sistema de salud que nunca se tuvo, cualquiera que va a las escuelas, centros técnicos y universidades sabe cuál es la verdad», afirmó.

Sin embargo, para los defensores de derechos humanos, este argumento ignora que el acceso a servicios básicos, la salud y el derecho a la educación han sido utilizados como una herramienta de represión por motivos ideológicos.

Al llamar «crimen de lesa humanidad» a la opinión disidente, Murillo busca desviar la atención de las investigaciones internacionales que pesan sobre su gestión por delitos reales contra la población civil.