Régimen de Nicaragua nombra «de boca» a 90 funcionarios judiciales

El sistema judicial nicaragüense, que tras las reformas constitucionales y legales de 2025 dejó de ser un Poder del Estado para convertirse en un órgano subordinado al Ejecutivo, ejecutó este martes, 21 de abril, el mayor paquete de designaciones de cargos desde la intervención policial de 2023.

La denuncia fue presentada por el experto legal Yader Morazán, quien reveló la asignación de más de 90 cargos a escala nacional bajo una modalidad de «nombramientos de boca», carentes de formalidad jurídica y procedimientos de carrera judicial.

«Esta acción ocurre tras años de desarticulación provocada por aquella intervención de la Policía Nacional, seguida de destituciones abruptas que afectaron a más del 10% del personal», señaló Morazán.

A pesar de que la nueva Ley Orgánica del Sistema Judicial (N°. 1244) establece que el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial debe dirigir estos ingresos y promociones, dicho órgano «aún no ha sido constituido formalmente», lo que ha dejado los nombramientos supeditados a la voluntad directa de la codictadora Rosario Murillo.

Reciclaje de figuras y cambios en la dirección administrativa

La reestructuración incluye el retorno de figuras que habían sido separadas previamente. Destaca la restitución de los magistrados Juan Francisco Vega Reyes y Sergio Martín Palacios Pérez en sus cargos dentro de la Sala Especializada en Violencia contra la Mujer del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), de donde fueron obligados a renunciar en febrero de 2026.

Asimismo, se reporta el «reciclaje» de Henry Antonio Morales Olivares, conocido por judicializar a opositores y periodistas en 2018. Morales Olivares, quien fue separado como magistrado del TAM en 2023, ha sido reincorporado al sistema pero bajo una degradación de cargo, ahora fungirá como juez, sin que mediara proceso o justificación pública para este descenso.

En el área administrativa, se aceptó la jubilación de Roger Espinoza, histórico director de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En su lugar, el cargo será asumido por Fernando Murillo, identificado como secretario político.

Mientras que Adalberto Cruz Zeledón, quien se desempeñaba como subdirector de la Defensoría Pública, fue nombrado director de la misma institución, reemplazando formalmente a Clarisa Indiana Ibarra Rivera, destituida desde 2023.

Promoción masiva de la Defensoría Pública

Yader Morazán también señaló que los cambios favorecen la promoción de funcionarios de la Defensoría Pública hacia cargos de jueces y magistrados, como un premio al «servilismo hacia el partido».

Los movimientos son los siguientes:

• Zayra Úbeda: Pasa de asistente del fallecido magistrado Francisco Rosales a Jueza Primero de Distrito Civil.

• Ruth Berrios: De defensora pública a Jueza Primero de Distrito de Familia.

• María Sequeira: De la Defensoría Pública a Jueza del Trabajo y Seguridad Social.

• Erick Avellán: De defensor público a los Juzgados Locales Civiles Orales de Jinotepe y Diriamba.

• Rodolfo Zúñiga: De defensor público al Juzgado Local Único de La Paz.

• Bayron Padilla: De defensor público al Juzgado Local Único de Santa Teresa (esposo de una jueza de audiencias en Carazo).

• Juan Santamaría: De defensor público a Juez de Juicio en León.

• Sergio Jarquín: De investigador de la Defensoría Pública a Magistrado.

• Jacqueline Toruño Ibarra: De supervisora en la Defensoría Pública (tras una degradación previa) a Magistrada.

Desorden administrativo

Otros nombramientos confirmados incluyen a José Luis Mayorga, Wendy Romero, Roberto Vladimir Pérez, Martha Orozco Laguna y Zayra Rivas como jueces. También resalta el caso de Kevin Fidel Zeledón (hijo de Adalberto Cruz Zeledón), nombrado juez, y el retorno de una jueza de Nindirí -previamente destituida por grabar videos en redes sociales- al Juzgado 8vo Local Penal de Managua.

En el departamento de León, el juez de juicio Sergio Berrios fue promovido a magistrado. Pese a este paquete masivo de más de 90 cargos, en el departamento de Masaya aún persisten dos vacantes para magistrados que no han sido completadas.

La irregularidad de los nombramientos ha provocado situaciones confusas en las delegaciones departamentales. Morazán relató que «muchos de los nuevos funcionarios se presentaron anunciando: «Buenas, soy el nuevo juez/magistrado», sin exhibir acuerdos formales.

Denunció que incluso los magistrados encargados de juramentar «desconocían el procedimiento exacto, ya que no existía una investidura clara ni acuerdo publicado».

Para el experto legal, estos movimientos «refuerzan la percepción de que los cargos judiciales responden más a la voluntad del partido sandinista que a una carrera judicial independiente y meritocrática», consolidando la transformación del sistema judicial en un apéndice administrativo del Ejecutivo nicaragüense.