Víctimas mueren esperando: 13 años de impunidad en estafa millonaria en Nicaragua

Don Alberto Eva Hernández alza su rostro y su mirada atraviesa el techo de su casa, en Managua, como quien busca una señal en el cielo. A sus 92 años, espera justicia tras 13 años de una estafa millonaria en Nicaragua que lo dejó sin sus ahorros y, hasta hoy, sin indemnización.

Con el cuerpo vencido en una silla de ruedas y la voz gastada por el tiempo, repite una misma oración que se ha vuelto rutina: que Dios le conceda vida suficiente para ver que su caso se resuelva. Don Alberto perdió la audición por edad y, para que comprenda las preguntas, «tenés que gritarle», recomienda su hija.

Desde entonces, cada día ha sido una prolongación de la espera, suspendida entre la esperanza y el desgaste, agravada por una justicia que no solo se mueve al ritmo del cálculo político y las órdenes «de arriba», sino que también se vuelve indolente, ciega, sorda y muda cuando las víctimas no tienen influencias en la dictadura que controla a esos jueces.

Aquel año, don Alberto entregó más de 800 mil dólares en lo que creyó era una oportunidad segura. Como él, otras víctimas confiaron en un esquema que prometía estabilidad y rendimiento, sin imaginar que terminarían atrapadas en uno de los casos de estafa más resonantes y mediáticos del país.

El expediente judicial tiene nombres, cifras y delitos; pero en su casa lo que pesa no son los documentos, sino el tiempo que se escapa y no vuelve.

El caso, que en su inicio fue conocido en Nicaragua como «la estafa a las monjitas», porque fueron unas religiosas teresianas las que hicieron la primera denuncia, salpicó a figuras vinculadas a la vida política y empresarial, y dejó una estela de al menos 17 víctimas, además de las religiosas de la orden Teresiana.

Aunque hubo condenas y sentencias firmes, la justicia, esa que se escribe en papel, no ha logrado traducirse en reparación efectiva. Los años han pasado sin que se ejecute lo ordenado por los tribunales, como si el proceso hubiera quedado atrapado en un limbo silencioso o quizá en una trama de intereses no muy claros, que han provocado un retardo de justicia amargo y cruel.

Mientras tanto, el tiempo ha cobrado su propia deuda. Al menos tres de las víctimas murieron sin recibir un solo dólar de lo que les fue arrebatado. Se fueron sin respuesta, igual que don Alberto, con la ilusión intacta y las manos vacías.

Sus nombres apenas sobreviven en los registros del caso, pero sus historias quedaron inconclusas, suspendidas en una promesa de justicia que para ellos nunca llegó.

Un jurista nicaragüense especializado en temas mercantiles, que tuvo conocimientos detallados del caso en su momento, aceptó hablar con este medio de comunicación y explicar los pormenores de esta trama, bajo condición de mantener su identidad en reserva.

Este experto advirtió que, pese a los riesgos, no puede callarse ante esta retardación de justicia porque «no debería morir una víctima más sin recibir lo que le pertenece. No se trata de simples indemnizaciones ni de tecnicismos legales; se trata, dice, de devolverles el dinero que confiaron, muchas veces los ahorros de toda una vida, con la esperanza de asegurar su vejez», y agrega una frase conocida pero que en este caso es lapidaria: «una justicia tardía es la peor de las injusticias».

Y no es para menos; tres víctimas, aunque haya reparación, ya no la verán.

A partir de esa alerta, este reportaje reconstruye uno de los casos de estafa más sonados del país. Artículo 66 revisó todo el expediente judicial, cada audiencia, cada resolución, pero también desde la voz quebrada de uno que aún espera.

Hablamos con don Alberto, una de las pocas víctimas dispuestas a contar su historia, y con uno de los tres condenados, Roberto Bendaña, el único que estuvo localizable y accedió a dar su versión.

Se fragua una estafa

La historia se remonta a los años en que Nicaragua aún respiraba cierta confianza en los negocios privados. Un grupo de inversionistas, algunos empresarios, otros jubilados, otros religiosos, depositaron su dinero en lo que parecía una estructura financiera legítima. Se les ofrecían retornos, seguridad, estabilidad. Nada que, en apariencia, rompiera la lógica del mercado. Pero detrás de esa promesa se tejía una trama que la justicia terminaría calificando como «estafa agravada, ofrecimiento fraudulento de crédito y crimen organizado».

El esquema terminó involucrando a tres nombres que no eran ajenos a la vida pública: Álvaro José Montealegre Rivas, Roberto Bendaña McEwan y Hugo Paguaga. El Ministerio Público los acusó en 2013, y años después, tras un proceso que atravesó todas las instancias judiciales, fueron condenados. La sentencia fue confirmada incluso por la Corte Suprema.

En el papel, el caso quedó cerrado. En la vida real, aún no termina.

El engranaje financiero detrás del fraude

Pero antes de que la justicia pusiera nombre y condena a los responsables, hubo un sistema que funcionó con precisión y silencio de reloj suizo. No fue un arrebato ni una estafa rudimentaria, sino una verdadera estructura profesional, que se presentó como empresa financiera formal, con oficinas, documentos y un lenguaje diseñado para inspirar confianza.

En el 2009, dos ciudadanos panameños crearon en ese país la sociedad cuyos accionistas eran anónimos, aunque el escándalo que condujo al juicio contra Montealegre, Bendaña y Paguaga permitió conocer que los dos primeros estaban en la junta directiva de dicha sociedad en calidad de ‘dignatarios’.

Según consta en el expediente judicial, la operación giraba en torno a esa sociedad, constituida para ofrecer servicios financieros y oportunidades de inversión, una empresa con nombre pomposo, en inglés, «International Investment & Financial Services (IIFS)», fundada en el país canalero por supuestos inversionistas anónimos, pero que en su Junta Directiva eran los únicos visibles Montealegre y Bendaña. Este último reconoció, en entrevista con Artículo 66, que los fundadores realmente son ellos dos.

Empezaron a operar desde el edificio corporativo Invercasa, un lujoso Centro de Negocios en Managua, que dio gran apariencia de legalidad a la empresa y desde ahí captaban fondos de particulares bajo la promesa de rendimientos atractivos y acceso a créditos.

Un esquema Ponzi disfrazado de inversión segura

El mecanismo era sencillo en apariencia, pero eficaz en su ejecución. A las víctimas se les ofrecían «certificados de inversión» con tasas de interés superiores a las del mercado, ganancias de ensueño, de hasta el 7 por ciento anual, respaldadas, según se les decía, por operaciones comerciales y financieras seguras. En algunos casos, los primeros pagos se cumplían puntualmente, generando una ilusión de estabilidad y los captados renovaron sus certificados. Ese cumplimiento inicial no era un detalle menor, era la piedra angular del sistema. Bastaban unos meses de pagos para consolidar la credibilidad y abrir la puerta a nuevas inversiones, muchas veces más altas que las iniciales.

Pero el expediente revela que esa aparente rentabilidad no se sostenía en actividades productivas reales. El dinero que entraba era, en gran medida, utilizado para responder a las obligaciones con inversionistas anteriores. Es decir, el sistema dependía de un flujo constante de nuevos aportes para mantenerse en pie. Mientras más personas confiaban, más tiempo podría prolongarse la ilusión. Cuando ese flujo comenzó a debilitarse, la estructura empezó a mostrar fisuras que terminarían por derrumbarse y finalmente se supo que los certificados que «vendían» no eran legales porque no estaban autorizados por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), tal como lo establece la Ley.

El mismo jurista que habló con este medio de comunicación a condición de anonimato, explicó que ese patrón, en términos técnicos, se asemeja con un esquema Ponzi. «Se trata de un tipo de fraude financiero en el que los rendimientos prometidos no provienen de inversiones legítimas, sino del dinero aportado por nuevos participantes. A diferencia de un negocio real, donde las ganancias surgen de la generación de valor, en un esquema Ponzi la sostenibilidad depende exclusivamente del ingreso constante de nuevos fondos. Cuando ese ingreso se detiene, el sistema colapsa inevitablemente», explicó el especialista.

Asimismo explica que, en paralelo, el caso también presenta rasgos que lo acercan a un esquema piramidal, en la medida en que la captación de nuevos inversionistas se convierte en el eje que sostiene toda la operación. Aunque ambos modelos no son idénticos, comparten una lógica estructural. El crecimiento constante no es una consecuencia del éxito, sino una condición indispensable para sobrevivir. Y cuando ese crecimiento se agota, lo que queda es una cadena de pérdidas que recae, casi siempre, en los últimos en llegar.

El abogado mercantil analiza que, tomando en cuenta las decisiones judiciales, todo indica que concluyeron que fue bajo esa lógica que operó la estructura que hoy mantiene en espera a don Alberto y a las demás víctimas. No como un negocio que fracasó, sino como un sistema que dependía de la confianza para sostenerse, y que terminó quebrándose cuando esa confianza ya no pudo seguir alimentándose. En ese momento, las cifras dejaron de ser promesas y se convirtieron en ausencia. Y lo que antes era un contrato, pasó a ser una deuda que, hasta hoy, sigue sin pagarse, porque la justicia, en este caso, se detuvo justo antes de llegar a las manos de las víctimas.

El juicio, que duró aproximadamente tres años, culminó con el veredicto de culpabilidad y condena de los encausados en 2016, según se especifica en el expediente y lo documenta el medio de comunicación Confidencial.

El juez sandinista Octavio Roothschuh, hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia, estableció en la sentencia condenatoria que Montealegre debía pagar los tres delitos con 22 años de cárcel, más la ocupación de varios de sus bienes para cubrir la reparación económica a las víctimas. En tanto, a Bendaña le sumaron también 22 años de cárcel, más dos años por haberse fugado del arresto domiciliario: en total, 24 años, más decomiso de bienes valorados en varios millones de dólares. Finalmente, Paguaga fue condenado a 15 años de cárcel.

Ninguno de ellos guardó prisión y, más bien, se dio una de las fugas de la justicia más inverosímiles que se han registrado en el país. Roberto Bendaña estaba guardando arresto domiciliario en su casa, en Managua, custodiado por policías, pero pese a que había una sola vía de acceso al domicilio, que estaba fuertemente custodiada por efectivos, Bendaña se fugó. Según su propia versión, salió caminando tranquilamente por el portón de su casa en un momento de distracción de los custodios que tenían a cargo dicho acceso. Apareció en Estados Unidos, donde ahora milita en grupos de oposición al Gobierno.

El largo reclamo de indemnización de las víctimas

La justicia de Nicaragua determinó que las víctimas entregaron por los falsos certificados de inversión un total de 2 millones 639 mil 250 dólares. Pero, sumando los intereses hasta 2025, el monto total que los condenados debían pagarles a las 17 víctimas reclamantes suma aproximadamente 3.7 millones.

Para cubrir el pago a los afectados, la sentencia ordenó el decomiso de varios bienes a los condenados, entre los que destacan:

Álvaro Montealegre: una casa en el kilómetro 11.5 de la carretera Sur, valorada en 1 millón 186 mil dólares, además de otras dos propiedades en el sector de El Crucero.

Roberto Bendaña: la Finca El Paraíso, en Aranjuez, Matagalpa, valorada en 1 millón 185 mil dólares, además de otras dos fincas, La Esperanza y Laguna Verde, ambas también en Matagalpa.

En total, a los dos condenados les fueron decomisados bienes por 5.1 millones de dólares. Suficientes para pagar a los inversionistas afectados.

En marzo de 2021, los representantes de los afectados interpusieron una acción civil dentro del mismo proceso penal para exigir la indemnización por daños y perjuicios. El juez ordenó el avalúo de los bienes decomisados: casas, fincas y terrenos. El proceso avanzó hasta donde la ley lo permite. Y ahí se quedó, no porque esa misma ley no permitiera más, sino porque al parecer hay voluntades que decidieron que ahí quedara empantanado.

Desde entonces, el expediente duerme en una etapa crítica: la ejecución de la sentencia. Solo falta un paso administrativo, que es la emisión de edictos para subastar los bienes, para que el dinero llegue finalmente a quienes lo perdieron. Pero ese paso, sencillo en apariencia, ha tomado más de cinco años sin concretarse. En corrillos judiciales se conoce que hay al menos dos magistrados con intereses encontrados, uno porque se resolviera y otro porque se engavetara. «Quizá esperan que fallezcan todas las víctimas», dijo el abogado.

Actualmente, el proceso está estancado en el momento en el que el Juez de Ejecución de Sentencias, Melvin Vargas, quien tiene a su cargo el proceso, debe ordenar la subasta de los bienes ocupados y proceder a cancelar su dinero a las víctimas. Algo aparentemente sencillo y rápido, pero han pasado cinco años y eso no ha ocurrido.

Hace algunos meses, otro abogado que supo de este expediente contactó a un asesor de la entonces poderosa magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, para saber cómo se movería el caso entre los magistrados. Contó sobre un encontronazo entre la magistrada Ramos, que mostró su anuencia a que se resolviera a favor de los afectados, y el exmagistrado Marvin Aguilar, quien supuestamente le ordenó al juez que engavetara el caso para detener la subasta.

El jurista narró una escena que retrata el estira y encoge entre dos magistrados cuando hay intereses de por medio. En el despacho de la magistrada Ramos, la presidenta del Poder Judicial llamó a Vargas para «regañarlo» y cuestionarle la parálisis del expediente. «Le ordenó que procediera a la subasta de los bienes y se resolviera ese caso de una vez», le dijo el asesor a nuestra fuente; a lo que Vargas le contestó que Marvin Aguilar le había ordenado engavetarlo.

«¿Y quién es Marvin (Aguilar) aquí? Yo te di una orden de resolver ese caso, así que emití los edictos y resolvé», le gritó por teléfono la entonces poderosa presidenta de la Corte Suprema al juez Vargas. Pero pronto vino la barrida de magistrados en el máximo tribunal y el caso se quedó en el congelador.

Artículo 66 no tiene otra forma de corroborar que dicha llamada haya existido, pero ahora ninguno de esos dos magistrados está en la Corte Suprema de Justicia. Ambos fueron descabezados por órdenes de la primera dama, Rosario Murillo, pero aun sin ellos, el caso sigue inerte, pese a que los abogados de los afectados han introducido 32 escritos de impulso para destrabarlo.

Víctimas esperan y algunas murieron en ese calvario

Petronila Ordeñana Acosta murió sin ver un centavo. También Lilian López. Y, más recientemente, José Ángel Rodríguez Alanís, quien alcanzó casi un siglo de vida aferrado a la idea de que la justicia llegaría. Sus muertes no figuran en grandes titulares, pero son, en sí mismas, una sentencia silenciosa: «la justicia tardía también es una forma de negación».

En el otro extremo, desde su silla de ruedas, don Alberto sigue esperanzado en que verá regresar su dinero. Es el que más invirtió de todos los estafados: 800 mil dólares que, según ha dicho en reiteradas ocasiones, eran los ahorros de toda su vida con los que espera vivir su ancianidad sin sobresaltos, pero lo que ha vivido es una tragedia.

Bendaña se defiende y dice ser «víctima del sistema»

En medio de ese escenario, la voz de Roberto Bendaña irrumpe con una versión que desafía el expediente judicial. Desde el otro lado del caso, se declara inocente. Asegura que nunca tuvo contacto con las víctimas, que nunca les ofreció inversión alguna, que no participó en las operaciones de la empresa que dio origen al esquema.

Su argumento central es sencillo, casi elemental: «no se puede estafar a quien nunca se ha conocido», afirma.

Bendaña reconoce haber sido fundador de la financiera, pero insiste en que su participación duró apenas tres meses y que se retiró antes de que la estructura comenzara a operar. Afirma que presentó documentos que prueban su salida, pero que estos fueron ignorados por la Fiscalía. Y va más allá: sostiene que el juicio estuvo viciado, manipulado, influenciado por motivaciones políticas derivadas de su postura crítica frente al gobierno sandinista en aquellos años.

Pero además, Bendaña se cuelga de informes recientes de expertos de Naciones Unidas que señalan al sistema judicial nicaragüense de ser una estructura represiva bajo control de Daniel Ortega y Rosario Murillo, para darle fuerza a su relato. «Es un sistema que hoy sabemos que no garantizaba justicia independiente… un sistema que ha sido señalado por el Grupo de Expertos de Naciones Unidas. Hoy, 13 años después, vemos claramente que no ha habido una justicia independiente», dice con insistencia.

En su relato, él también es una víctima. No solo de una condena que considera injusta, sino de un sistema judicial que, según dice, lo persiguió por expresarse contra los fraudes y la deriva autoritaria que para entonces ya empezaba a sacar las uñas.

Sin embargo, la sentencia cuenta otra historia. El jurista mercantil analiza que, independientemente de lo que Bendaña diga ahora, para los jueces, su rol como fundador lo convierte en «parte esencial de la estructura que permitió el fraude». Es decir, los administradores de justicia no tomaron en cuenta si habló o no con las víctimas, sino haber sido pieza de un engranaje que operó de manera coordinada. «En esa lógica, la responsabilidad no es individual, sino compartida», explica el abogado.

«Entre ambas versiones, la judicial y la personal, se abre una grieta que, más que jurídica, es humana. Porque mientras los argumentos se enfrentan en el terreno de la verdad, las consecuencias recaen sobre quienes siguen esperando, en ancianos y enfermos, sin olvidar que hay quienes han muerto en este calvario, esperando que les devuelvan su dinero», agrega el abogado.

Mientras, en la casa de don Alberto, esa espera tiene forma de días largos y noches angustiantes. A veces recuerda el momento en que decidió invertir. No lo hizo por ambición, sino por prudencia, aclara. Quería asegurar sus últimos años, no enriquecerse. Hoy, esos años se le escurren entre los dedos mientras el dinero que debería sostenerlos sigue atrapado en un proceso que no termina de cerrarse.

No pide castigo. Pide devolución. No exige venganza. Pide lo que era suyo. «Yo solo quiero que me paguen, quiero terminar con esta tragedia de una vez, siento que no podré soportar mucho tiempo más», dice el anciano que una vez creyó tener su vejez asegurada con casi un millón de dólares que le fue arrebatado por una estructura criminal de cuello blanco.

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Nota del editor: Álvaro Montealegre y Hugo Paguaga no pudieron ser localizados para este reportaje, pero Artículo 66 queda atento a sus reacciones y a la disposición de escuchar sus versiones respetando su derecho a réplica. Si desean contactarse con nosotros pueden hacerlo al correo electrónico: [email protected]