Ortega arrasa lo que quedaba de autonomía en municipios: personal y bienes de las alcaldías pasan a la PGJ

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo concretó el fin de la autonomía municipal con la reforma de la Ley de la Procuraduría General de Justicia que da a este órgano el control sobre las 153 alcaldías del país, tras su aprobación «unánime» este 25 de marzo por parte de la Asamblea Nacional en control del sandinismo.

Además, los legisladores decidieron derogar de un plumazo la Ley de Carrera Administrativa Municipal bajo el argumento de una mayor «eficiencia» en las municipalidades del país.

La reforma también establece que las alcaldías están obligadas a destinar el 2 % del monto total de sus planillas, recurso que pasará directamente al Instituto Nacional Tecnológico (Inactec).

Cuál será el papel de la Procuraduría en alcaldías

«Esta reforma establece que el personal que labora para la Carrera Administrativa Municipal, que no son trabajadores de las municipalidades, pasarán a formar parte de la nómina de la Procuraduría General de Justicia, respetando sus derechos y beneficios conforme a lo establecido en la Ley N°.476», dijo el Parlamento en su sitio web.

Ahora, controlarán, a través de la Procuraduría de las Municipalidades, la labor que ejecutan los alcaldes en cada localidad del país, que ya estaban subordinadas desde el año 2009 a El Carmen.

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«Es velar por las municipalidades y la Región Autónoma del Caribe, en beneficio de los trabajadores. Se promueve un sistema en recursos humanos que asegura la gestión eficiente, eficaz y transparente de las políticas públicas municipales», argumentó el diputado Alejandro Mejía Ferreti, quien es miembro de la directiva de la Asamblea Nacional.

En otras palabras, ya los alcaldes no tendrán la facultad de designar de forma autónoma a su personal. De ahora en adelante, quien llega, sale o asciende de cargo en los municipios no lo decidirá un alcalde, lo hará la Procuraduría que está controlada por Wendy Morales, una funcionaria leal a Rosario Murillo que fue sancionada en 2024 por Estados Unidos, quien la señaló de ejercer «de manera abusiva su función para facilitar una campaña coordinada que busca reprimir la disidencia incautando bienes de opositores políticos del gobierno sin una justificación legal».

Eliminan ley de carrera en alcaldías

En el año 2004, bajo la presidencia de Enrique Bolaños, se aprobó la Ley de Carrera Administrativa Municipal que protegía a los funcionarios técnicos en los municipios de los cambios de mando. Este sistema, aunque en la práctica ya no se ejecutaba tal como lo establecía la norma legal, quedó derogado «por orientaciones de la Co-Presidencia de la República», dijo la Asamblea Nacional al momento de discutir la reforma de la Ley de Procuraduría.

Este último organismo ha venido adquiriendo cada vez más atribuciones como la de la Dirección de Minas, en una reforma reciente que le entregó su administración de esa dependencia, por órdenes de los codictadores.

Los cambios de este 25 de marzo también señala que todo el patrimonio, bienes inmuebles y derechos activos se considerarán patrimonio del Estado y serán administrados por la Procuraduría General de Justicia. «El traspaso de bienes fortalece el poder local y el Estado, con mecanismos de transparencia. Los recursos de bienes y activos serán administrados por la Procuraduría General de Justicia; consolidando la transparencia en los recursos públicos del poder local», justificó en su participación el diputado orteguista Wálmaro Gutiérrez.