Human Rights Watch denuncia una nueva escalada en Nicaragua: régimen institucionaliza la pérdida de la nacionalidad
El más reciente informe de Human Rights Watch, publicado este miércoles, cuatro de febrero, confirma que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo consolidó un sistema de represión total que combina control institucional, persecución política y castigo generalizado contra sus críticos.
Lejos de moderarse, el informe Mundial 2026, capítulo Nicaragua, determina que la dictadura profundizó su deriva autoritaria mediante reformas legales diseñadas para blindar el poder y eliminar cualquier forma de oposición.
Uno de los pilares de esta escalada represiva es la reciente reforma constitucional aprobada por una Asamblea Nacional sometida al Ejecutivo. El nuevo texto concentra aún más poder en la figura presidencial, nombra a Rosario Murillo como «copresidenta» y otorga al Ejecutivo la facultad de «coordinar» a los poderes judicial y legislativo, es decir, que los transforma en órganos al servicio de los codictadores.
Este rediseño institucional, según el informe, elimina cualquier vestigio de separación de poderes y consolida a Nicaragua como un Estado policial bajo control familiar.
La persecución contra críticos y opositores se mantuvo como política de Estado y, en 2025, incluso alcanzó a antiguos aliados del oficialismo. Organizaciones de derechos humanos registraron al menos 77 presos políticos y documentaron un patrón sostenido de vigilancia, acoso, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. El régimen no solo encarcela: busca quebrar psicológicamente a quienes considera enemigos.
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El informe subraya un dato especialmente grave: desde 2019, al menos seis presos políticos han muerto bajo custodia del Estado.
En agosto, el abogado Carlos Cárdenas y el opositor Mauricio Alonso fallecieron tras pasar semanas en condición de desaparición forzada. Estas muertes, ocurridas en manos del régimen de Ortega y Murillo, evidencian un uso letal del aparato represivo y refuerzan las denuncias de crímenes de lesa humanidad.
Desnacionalizaciones, un castigo político
Otro eje central de la represión es la privación arbitraria de la nacionalidad. La nueva Constitución autoriza al Estado a despojar de su ciudadanía a quienes califica como «traidores a la patria», institucionalizando una práctica iniciada en 2023.
Al menos 452 nicaragüenses han sido desnacionalizados, muchos de ellos convertidos en apátridas, mientras el régimen confisca sus bienes y borra legalmente su existencia. La eliminación de la doble nacionalidad se convierte así en un castigo político y un mecanismo de expulsión forzada.
Represión transnacional continuada
La represión ya no se limita a las fronteras nacionales. Human Rights Watch recoge las conclusiones del Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua de la ONU, que alerta sobre una estrategia de represión transnacional. Exiliados nicaragüenses enfrentan vigilancia, amenazas y ataques en el extranjero.
El asesinato de Roberto Samcam en Costa Rica, tras recibir amenazas vinculadas a fuerzas de seguridad nicaragüenses, expone la capacidad del régimen para extender el terror más allá del territorio nacional.
Desde 2018, al menos siete críticos en el exilio han sido asesinados o atacados, según organizaciones de derechos humanos.
Ante este patrón, el GHREN pidió «mecanismos de protección para las poblaciones exiliadas y llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre la dimensión transnacional de las amenazas». El silencio o la inacción internacional, advierten los expertos, solo refuerza la impunidad del régimen.
La dictadura también avanzó en el desmantelamiento sistemático de la sociedad civil y la libertad de expresión. Más de 5.500 organizaciones no gubernamentales han sido clausuradas desde 2018, lo que representa cerca del 80 % de las ONG que operaban en el país. Al menos 58 medios de comunicación fueron cerrados y casi 300 periodistas se vieron forzados al exilio, configurando un apagón informativo sin precedentes en la región.
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