Dictadura formaliza reformas constitucionales para designar a jefes policiales y funcionarios públicos
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializó y puso en vigencia este lunes, 19 de enero, dos reformas parciales a la Constitución que, en la práctica, ya habían sido aplicadas desde meses atrás.
La publicación de las leyes 1270 y 1271 en La Gaceta, Diario Oficial, confirma cambios que refuerzan el control absoluto del Ejecutivo sobre la Policía Nacional y sobre la permanencia de funcionarios públicos en sus cargos.
La primera reforma modifica el inciso 10 del artículo 125 de la Constitución para facultar a la dictadura a nombrar a dos jefes de las Fuerzas Policiales, además de subdirectores, el inspector general y otros altos cargos.
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Aunque ahora entra en vigencia de forma oficial, esta disposición ya había sido ejecutada desde agosto de 2025, cuando Ortega y Murillo nombraron como cojefe policial al comisionado general Juan Victoriano Ruiz Urbina.
En ese momento, el régimen se adelantó al marco constitucional y legal, designando a Ruiz mediante un acuerdo presidencial, apenas días después de impulsar reformas exprés tanto a la Constitución como a la Ley 872, que regula a la Policía Nacional.
La reforma publicada ahora es la legalización retroactiva de una decisión ya impuesta por los dictadores.
Con ese nombramiento, Ruiz, quien hasta entonces dirigía la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) y la cárcel de El Chipote, pasó a compartir la jefatura policial con Francisco Díaz, consuegro de Ortega.
Organismos de derechos humanos han señalado a Ruiz como uno de los responsables de prácticas de represión, tortura y campañas de estigmatización contra presos políticos, lo que convierte su ascenso en una señal clara de continuidad del aparato represivo del régimen.
Una reforma para controlar a funcionarios públicos
La segunda reforma constitucional, aprobada mediante la Ley 1271, modifica el primer párrafo del artículo 118 y establece que todos los funcionarios públicos, electos o nombrados, deberán cumplir y defender los llamados «Principios Fundamentales» de la Constitución y garantizar una supuesta correcta administración de los bienes del Estado.
El texto añade que el incumplimiento será causal «inmediata y suficiente» para la remoción del cargo, sin perjuicio de responsabilidades adicionales.
Esta reforma abre la puerta a destituciones discrecionales, al quedar en manos del Ejecutivo la interpretación de esos principios.
Ambas reformas fueron aprobadas sin debate real en la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, y firmadas por Ortega y Murillo en su condición de «copresidentes», una figura también impuesta a través de una reforma constitucional.
Excelente articulo