Temor por represión transnacional: Organizaciones urgen a la CIDH mayor protección para nicaragüenses en el exilio

Representantes de organizaciones de la sociedad civil y activistas de derechos humanos, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el endurecimiento de la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las personas que se encuentran en el exilio y que han sido desterradas.

Durante una audiencia pública, las organizaciones pidieron a la CIDH medidas urgentes de protección para los más de 70.000 nicaragüenses en el exilio, quienes continúan siendo objeto de persecución, hostigamiento, vigilancia y castigos económicos fuera de las fronteras del país.

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Uno de los principales focos de la denuncia fue la política sistemática de desnacionalización y apatridia. Desde 2023, al menos, 452 personas han sido despojadas arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense, entre ellas, defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y figuras opositoras.

Muerte civil y desnacionalización masiva

Según la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH), la ley 1145 y la ley 1216, que fueron aprobadas en Nicaragua en 2023 y 2024 respectivamente, han sido utilizadas como base legal para provocar una muerte civil a quienes se oponen o piensan diferente al régimen sandinista.

«La privación arbitraria de la nacionalidad es una de las formas más severas e inéditas de represión en la región. A estas personas se les anula de todos los registros, se les expropia, se les congelan sus cuentas bancarias, se les prohíbe regresar y se les decreta la pérdida de todos los derechos civiles, políticos y sociales. Hay incluso casos donde sus nombres han sido eliminados de los documentos oficiales», denunció Natalia Yaya, representante de la FIDH.

Por su parte, la vocera del grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua, Ariela Peralta, explicó que el país vive una cuarta fase de represión que comenzó en 2018, esta nueva estapa está caracterizada por la vigilancia intensificada, la criminalización del exilio y una maquinaria estatal y paraestatal que actúa bajo una estructura de control político y social dentro y fuera de Nicaragua.

«Tenemos motivos razonables para afirmar que en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad con intención discriminatoria, incluyendo desapariciones forzadas, deportaciones, privación de nacionalidad y represión transnacional», afirmó.

Los voceros resaltaron que los casos más claros de la persecución y violencia transfronteriza son los seis asesinatos de nicaragüenses, ocurridos en Honduras y Costa Rica, siendo el último el homicidio del militar en condición de retiro, Roberto Samcam.

Peticiones ante la CIDH

Ante la escalada de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, las organizaciones y defensores presentaron una serie de demandas urgentes a la comunidad internacional.

Entre las principales solicitudes destaca un llamado al régimen de Nicaragua para que cese de inmediato la represión y libere a todos los presos políticos, garantizando sus derechos. Asimismo, exigieron la restitución de la nacionalidad a las más de 400 personas despojadas arbitrariamente de este derecho.

Las organizaciones también instaron a mantener el monitoreo constante de la situación en el país y a presionar a países de acogida para que investiguen con rigor las violaciones de derechos humanos que afectan a los nicaragüenses en su territorio.

También resaltaron la necesidad de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) demande la rendición de cuentas al Estado nicaragüense.

«Ante los nuevos patrones de represión, pedimos que la comunidad internacional exija al régimen responder por los crímenes de lesa humanidad y lo obligue a respetar las obligaciones que tiene. Es urgente una solución a lo relatado aquí, porque esto también tiene consecuencias regionales», expresó Adolfo Lara, del Instituto Raza e Igualdad.