EE. UU. acusa a Rosario Murillo del encarcelamiento injusto de la activista y diputada miskita Nancy Henríquez
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU.) denunció el caso de la activista indígena miskita Nancy Henríquez James, presa política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según el Departamento de Estado, Henríquez enfrenta cargos falsos que buscan silenciar su voz como destacada líder indígena y defensora de los derechos de las mujeres miskitas.
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«La dictadura Murillo-Ortega ha detenido injustamente a la líder política Nancy Henríquez durante más de 650 días por cargos falsos destinados a silenciar voces disidentes», denunció públicamente el organismo este jueves, 4 de septiembre.
El mensaje del gobierno estadounidense apuntó directamente a la codictadora y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, sugiriendo que el miedo es la fuerza detrás de la represión. «Murillo parece tener miedo de cualquiera que no esté de acuerdo con ella. ¿De quién no tiene miedo Murillo?», se lee en el mensaje difundido en X.
Henríquez se destacó en el mundo del activismo por ser fundadora de la Asociación de Mujeres Indígenas de la Costa Caribe (AMICA) y la primera mujer alcaldesa de Puerto Cabezas (Bilwi) y representó a su partido político YATAMA en múltiples instancias, como la Asamblea Nacional y el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU.
Los falsos delitos de Nancy Henríquez
Nancy Henríquez, originaria de Bilwi, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, fue detenida el 1 de octubre de 2023 mediante una operación policial que la condujo al arresto sin previo aviso.
Bajo engaños, le informaron que podría visitar a Brooklyn Rivera, líder de YATAMA también detenido, con quien compartía la representación legal del partido indígena. Sin embargo, en lugar de llevarla a dicha visita, fue trasladada a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote, y luego al penal de mujeres «La Esperanza», donde permanece detenida hasta este momento.
En diciembre del mismo año, el régimen de Daniel Ortega la sentenció a ocho años de prisión bajo los cargos de «menoscabo a la integridad nacional» y «propagación de noticias falsas contra el Estado».
La audiencia se realizó dentro de la prisión, sin la presencia de su abogado defensor, lo cual fue criticado por organizaciones de derechos humanos como una violación grave al debido proceso legal.
73 presos políticos en Nicaragua
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, hasta el 30 de agosto de 2025, 73 personas permanecen en prisión por motivos políticos en Nicaragua.
De ellas, 33 se encuentran en condición de desaparición forzada, víctimas de un ocultamiento deliberado de su paradero por parte del régimen, entre ellas, Douglas Gamaliel Álvarez, Brooklyn Rivera, Eveling Carolina Matus, Lesbia Gutiérrez, Steadman Fagot y Carmen María Sáenz.
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