Ortega presenta «memorias» ante la Corte Internacional de Justicia contra Alemania mientras aplica su propio apartheid contra el pueblo nicaragüense

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo informó este 21 de julio que presentó su Memoria ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como parte del proceso abierto contra la República Federal de Alemania, a la que acusa de incumplir obligaciones internacionales relacionadas con el conflicto en Palestina, específicamente por su apoyo a Israel.

Según el comunicado oficial, la presentación fue realizada «en tiempo y forma» conforme a lo requerido por la Corte. En el documento, Nicaragua alega que Alemania ha violado el derecho internacional al brindar apoyo político, económico y militar a Israel, facilitando con ello —según el régimen— la continuidad de un «régimen de discriminación racial, segregación y apartheid» en los territorios palestinos ocupados.

«Nicaragua ha solicitado que Alemania cese su conducta violatoria, incluyendo la detención del suministro de equipo militar […] y la reparación para las víctimas palestinas», sostiene el régimen en la nota de prensa. También hace un llamado a otros países a detener lo que denomina genocidio, apartheid y crímenes de guerra.

Ortega exige respeto a los derechos humanos mientras los pisotea en Nicaragua

Aunque la dictadura se presenta en la Corte Internacional como defensora del derecho internacional humanitario, dentro de sus propias fronteras aplica políticas sistemáticas de represión, exclusión y castigo contra el pueblo nicaragüense, en lo que organismos internacionales han descrito como crímenes de lesa humanidad.

Desde 2018, al menos un millón de nicaragüenses han sido forzados al exilio, la mayoría por persecución política. Ortega ha impuesto un Estado policial, ha desterrado a miles de opositores, desnacionalizado formalmente a más de 450 ciudadanos, y confiscado sus bienes y propiedades.

Además, ha cerrado más de 5,600 organizaciones no gubernamentales, prohibido el ingreso al país a cientos de críticos, y aniquilado la libertad de prensa cerrando más de 60 medios de comunicación, entre ellos varios que fueron ocupados por la Policía. A ello se suma el exilio forzado de al menos 260 periodistas.

A todo esto se agrega que el régimen de Daniel Ortega ha sido acusado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua de cometer crímenes de lesa humanidad, señalando a al menos 54 funcionarios como responsables directos de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos arbitrarios, torturas y persecución por motivos políticos.

Organismos internacionales de derechos humanos han documentado la muerte de al menos 355 nicaragüenses desde 2018, como resultado de la represión estatal durante protestas pacíficas y acciones de castigo político. Estas violaciones han sido calificadas como parte de un patrón planificado de represión que busca aniquilar cualquier forma de disidencia dentro del país.

Pese a exigir a otros países el cumplimiento de normas internacionales, el régimen de Ortega ha construido un modelo de poder basado en la eliminación del pluralismo, la represión selectiva y el control absoluto del aparato estatal. La contradicción entre el discurso internacional del régimen y sus prácticas autoritarias ha sido calificada por observadores como un acto de cinismo diplomático.

La participación del régimen en este proceso ante la CIJ ha sido vista también como parte de su estrategia para ganar protagonismo en foros internacionales y alinearse con aliados como Irán, Rusia y Palestina, mientras Nicaragua continúa cada vez más aislada de las democracias occidentales.