Nicaragua dejó de atraer nuevos inversionistas extranjeros en el inicio de 2025

Durante el primer trimestre de 2025, Nicaragua recibió menos inversión extranjera nueva en comparación con el año anterior. Según datos oficiales del Banco Central de Nicaragua (BCN), el dinero que ingresó al país proveniente de inversionistas del extranjero —ya sea para abrir nuevas empresas o ampliar operaciones existentes— fue de 707.3 millones de dólares, lo que representa una caída de casi 15 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

Este descenso indica que llegaron menos nuevos inversionistas al país, y que la economía se mantuvo gracias a las reinversiones hechas por empresas extranjeras que ya están instaladas en Nicaragua y que decidieron no retirar su capital.

De hecho, el informe muestra que el capital total que se quedó en el territorio, después de descontar las salidas, tuvo un leve aumento del 5.2 por ciento. Pero ese crecimiento no se debió a la llegada de nuevas inversiones, sino a que las empresas extranjeras existentes reinvirtieron sus utilidades o ampliaron operaciones con fondos ya presentes en el país. Es decir, Nicaragua no está atrayendo nuevos capitales frescos del exterior.

Los sectores que más recibieron inversión fueron la intermediación financiera, la industria, energía y minas, y comercio y servicios. Sin embargo, el informe del BCN no aclara cuánto de ese dinero fue realmente nuevo y cuánto fue reinvertido por empresas que ya estaban funcionando, lo que genera dudas sobre la verdadera capacidad del país para captar inversionistas foráneos.

Requisitos y controles podrían estar ahuyentando la inversión

Esta caída coincide con la aplicación de una nueva ley promovida por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que impone más trámites, requisitos y controles a los inversionistas extranjeros, tanto a los nuevos como a los que ya operan en el país.

Desde febrero y junio de 2025, entraron en vigencia la Ley 1240 de Inversión Extranjera y su reglamento, que establecen que toda inversión debe ser registrada y aprobada por una comisión dirigida por Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial. Esta comisión tiene la última palabra sobre qué inversiones se aceptan, qué empresas pueden operar y qué cambios societarios están permitidos.

Según hemos reportado aquí en Artículo 66, la nueva normativa obliga a los inversionistas a presentar documentos notariales, planes de negocio detallados, declaraciones fiscales, reportes trimestrales y firmar contratos con el Estado. Además, cualquier cambio en la estructura de una empresa —como cambiar de socios o expandir operaciones— debe ser aprobado por esta comisión.

Estas condiciones, sumadas al ambiente de inseguridad jurídica y control político sobre la economía, podrían estar frenando la llegada de nuevos inversionistas al país, aumentando la desconfianza y obligando a muchos empresarios a pensar dos veces antes de instalarse en Nicaragua.

Aunque el régimen intenta mostrar estabilidad económica, los datos oficiales demuestran que el capital nuevo no está llegando, y que la economía nacional sobrevive con las inversiones que ya existen.