Responsable de doble femicidio en Villa Reconciliación estuvo preso por 15 días por amenazas a su pareja

Bayardo Jesús Morales Osorio estuvo preso durante 15 días antes de asesinar a su pareja Julia Montoya Chavarría y a su hija Julissa Montoya Chavarría, durante la noche de este domingo, 22 de junio. El doble femicidio y posterior suicidio ocurrió, en Villa Reconciliación, en la capital nicaragüense.

Según testimonios de algunos vecinos a TN8, el hombre había estado preso en la cárcel modelo de Tipitapa luego de que Montoya Chavarría lo denunciara por violencia doméstica, pero desde hace varios días, frecuentaba la casa donde Julia vivía con su hija, de 13 años.

«Ella ya no quería absolutamente nada con él; ahí había un cumpleaños cerca y el hombre aprovechó para asesinar a su exmujer y a la chavala», contó una de las residentes de la zona.

De acuerdo a una nota publicada en La Prensa de Nicaragua, un juez habría sido el responsable de dejarlo en libertad bajo un régimen de prueba que vencía el próximo mes de septiembre. Hasta ahora, la Policía Nacional de Nicaragua ha emitido un boletín oficial respecto al caso.

«Este crimen también lo cometió el Estado»

La socióloga y feminista María Teresa Blandón considera que este doble asesinato no puede verse como un hecho aislado ni como una tragedia individual, sino como un reflejo de un sistema que ha fallado gravemente.

«Este doble femicidio también es responsabilidad del Estado. Fue el Estado el que puso a la madre e hija en una situación de altísimo riesgo hasta que finalmente cobró dos vidas», sentenció. Para Blandón, la actuación del Poder Judicial «fue una acción de omisión y temeraria que costó la vida de estas dos mujeres».

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Blandón también advirtió que esta tragedia envía un mensaje brutal a todo el país: «Este hombre decidió no solo cuándo morir él, sino también cuándo debían morir su pareja y la hija. Eso es el reflejo de una cultura machista que cría a hombres creyéndose con derecho sobre la vida y la muerte de las mujeres de su entorno».

La activista insistió en que el sistema judicial debe rendir cuentas por este caso. «¿Habrá consecuencias para el juez que liberó a Morales Osorio?», cuestionó Blandón.

Sin prevención, sin protección, sin justicia

En lo que va de 2025, Nicaragua ha registrado 42 femicidios, según datos del Observatorio de Violencia de Católicas por el Derecho a Decidir. En 2024 fueron 72. Estas cifras reflejan una tendencia al alza alarmante en un país donde, según organizaciones feministas, no existe una política real de prevención de la violencia hacia las mujeres.

«La Policía recoge los cuerpos y, si se apura, detiene al responsable», denunció Blandón, quien sostiene que no hay una estrategia estatal para detectar ni intervenir en los ciclos de violencia antes de que culminen en femicidios. «No tenemos una ruta clara para que las mujeres denuncien, ni mecanismos que garanticen que sean protegidas de manera efectiva», sentenció.

La impunidad es la norma

La representante del Observatorio de Voces Contra la Violencia, Martha Flores, dice que el caso de Villa Reconciliación refleja la profunda desprotección, la impunidad y la falta de acceso a la justicia en la que viven las mujeres en Nicaragua. «Las autoridades priorizan la mediación rápida y, en muchos casos, por la tarde el agresor ya puede estar libre», afirmó. Para Flores, Bayardo Jesús Morales Osorio fue liberado bajo un régimen de convivencia familiar que, en la práctica, ha favorecido siempre a los «agresores, violadores y femicidas».

«Desde el año 2021 hasta 2024, hemos registrado, al menos, 500 liberaciones de hombres vinculados a casos de femicidio o violencia de género», puntualizó.

Flores considera que la Ley 779 contra la violencia hacia las mujeres es clara, pero que la falta de voluntad política impide su aplicación efectiva. «Tenemos una ley, abrieron más de 400 comisarías, prometieron cadena perpetua. ¿Y qué ha cambiado? Nada. El machismo sigue matando mujeres. Y los agresores siguen beneficiándose de leyes», señaló.

También alertó sobre los obstáculos que las mujeres nicaragüenses enfrentan al momento de buscar justicia y la acción de las autoridades. Además denunció la disolución por parte del régimen de Daniel Ortega de organismos idependientes defensores de los derechos de las mujeres, lo que deja aun más desprotegidas a las víctimas.

En mayo de 2024, Ortega nombró como nueva ministra de la Mujer a Tamara Vanessa Martínez Sarantez, una semana después de que el Ejecutivo exhortara a detener la “violencia machista”. Ese mismo año, anunció la creación del Consejo Nacional de Derechos de Mujer, que está coordinado por la presidencia de la República e integrado por diversos poderes del Estado.

Un año después, en Nicaragua asesinan, al menos, 6 mujeres cada mes.