La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo firmó este jueves, 19 de junio, dos acuerdos con las agencias de noticias estatales rusas Sputnik y RT en Español, que les permitirá transmitir en vivo en Nicaragua. Estos acuerdos fueron alcanzados en medio del silencio informativo y la censura impuesta en 10 departamentos del país.
Nota relacionada: Al menos 263 periodistas forzados a salir de Nicaragua desde 2018, según ONG
Los convenios fueron firmados por el coordinador de medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía de Nicaragua, Daniel Edmundo Ortega Murillo, con el jefe adjunto de la casa matriz de Sputnik, Serguéi Kochetkov, y la directora de RT Victoria Vorontsova durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, en Rusia.
Aunque los detalles sobre los convenios aún se desconocen, Ortega Murillo señaló que se trata de un manifiesto de intenciones para que la señal de estos medios de comunicación llegue al país.
Silencio informativo en Nicaragua
En un informe publicado en enero de 2025, la organización no gubernamental Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) alertó sobre el silencio informativo que por años ha impuesto el gobierno dictatorial en toda Nicaragua.
En el reporte anual Prensa Independiente en Nicaragua: 2024, resiliencia y valentía ante la represión estatal, alertó sobre el fenómeno conocido como «Desierto de Noticias», zonas donde no se ejerce periodismo independiente debido al hostigamiento gubernamental. Para 2024, el organismo contabilizó 10 departamentos en los que no hay medios de comunicación.
Persecución, exilio y censura total
Desde 2018, el periodismo independiente en Nicaragua ha sido víctima de una ofensiva sin parangón por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ha buscado aniquilar toda forma de expresión crítica, cerrar los espacios de debate público y eliminar a los medios como actores de fiscalización del poder.
La represión escaló tras las protestas masivas de abril de 2018, cuando decenas de periodistas fueron agredidos, detenidos y hasta se dio el asesinato de un comunicador: el director del Noticiero El Meridiano de Bluefields, Ángel Gahona.
La organización señala que desde 2018 hasta el año pasado, al menos, 289 periodistas se vieron forzados a marcharse de Nicaragua para escapar de la persecución de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El régimen ha cerrado redacciones, ocupado instalaciones y confiscado bienes sin proceso legal alguno, como ocurrió con los diarios La Prensa, Confidencial y 100% Noticias. Más antes, la dictadura forzó el cierre de El Nuevo Diario, Metro y Quiubo. Fled también señala en su página web que actualmente en Nicaragua no hay periódicos en circulación.
Entramado legal para perseguir a periodistas
En 2021 y 2022, la dictadura profundizó la represión legal mediante la aprobación de leyes como la «Ley de Ciberdelitos» y la «Ley de Agentes Extranjeros», utilizadas para judicializar el ejercicio periodístico, restringir el financiamiento independiente e imponer un clima de autocensura. Periodistas y directores de medios han sido acusados de conspiración, lavado de dinero y traición a la patria, sin pruebas ni garantías procesales.
En febrero de 2023, el régimen ejecutó un golpe devastador al periodismo al desnacionalizar y desterrar a 222 presos políticos, incluyendo a varios periodistas. Semanas después, otras 94 personas fueron despojadas de su nacionalidad nicaragüense, entre ellas reconocidos comunicadores, como Carlos Fernando Chamorro, Álvaro Navarro, Aníbal Toruño, Wilfredo Miranda Aburto, Jenniffer Ortiz y Lucía Pineda Ubau. Sus bienes fueron confiscados y sus derechos civiles cancelados de por vida.
Actualmente, el ecosistema mediático en Nicaragua está bajo un control absoluto del régimen, con todos los medios tradicionales comprados, cooptados o cerrados. Las radios comunitarias, muchas de ellas de orientación religiosa, han sido clausuradas. Las imprentas están vigiladas y los proveedores de servicios evitan colaborar con medios críticos por temor a represalias. A esto se suma una presión constante sobre el empresariado para que no financie, patrocine ni se anuncie en medios independientes, ni siquiera aquellos que operan desde el exilio.
