Unab solicita a países democráticos una regularización migratoria para los nicaragüenses desnacionalizados por el régimen Ortega-Murillo
La Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) emitió un llamado urgente a la comunidad internacional, particularmente a los gobiernos democráticos de América y Europa, para que acojan y apoyen a los nicaragüenses que han sido arbitrariamente despojados de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En el comunicado titulado «A la comunidad internacional sobre la situación de los nicaragüenses despojados de su nacionalidad», la organización denuncia que «la dictadura de los Ortega Murillo, como parte de su amplio repertorio de acciones represivas, ha recurrido al despojo de la nacionalidad de cientos de nicaragüenses», una medida que ha sido acompañada por la confiscación de bienes y recursos de los afectados.
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El grupo opositor subrayó que estas acciones han generado una crisis de apatridia de facto, dejando a decenas de miles de nicaragüenses en una situación migratoria incierta y sin protección legal en diversos países. «Esta situación dificulta enormemente que estas víctimas de la dictadura puedan regularizar su situación migratoria en los países donde residen», advierten en el documento.
La Unab presenta como sustento las cifras oficiales de desnacionalizados. La dictadura sandinista entre febrero de 2023 y septiembre de 2024 despojó de su calidad de nacional a un total de 452 personas mediante «sentencias espurias». En este grupo hay políticos, religiosos, defensores de derechos humanos, empresarios, periodistas y líderes campesinos.
A ello se suman un número indeterminado de ciudadanos a quienes se les ha prohibido de facto el ingreso a Nicaragua o la renovación de sus pasaportes, lo que equivale a una forma indirecta de desnacionalización.
El comunicado también hace referencia al informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, publicado en febrero de 2025, el cual denuncia que «la privación arbitraria de la nacionalidad a cientos de personas, casi todas ellas ahora en el extranjero, ejemplifica una violación con consecuencias transnacionales directas y de gran alcance».
Dicho informe destaca que estas personas enfrentan una especie de “muerte civil” que afecta gravemente su acceso a derechos fundamentales como el empleo, la educación y la protección judicial. «Muchos se han convertido en apátridas y han perdido todos sus registros civiles», recalca la cita tomada por la Unidad Nacional.
La organización enfatizó que, frente a esta situación, resulta imperativo que los países democráticos actúen en consonancia con los principios de derechos humanos y el derecho internacional para ofrecer vías de regularización migratoria a las personas afectadas por esta política represiva del régimen Ortega-Murillo.
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«La Unidad Nacional, en atención a la grave situación de apátridas en la que se encuentran estos hermanos y hermanas nicaragüenses, hace un llamado a los gobiernos democráticos de América y Europa para que, en el marco de su legislación, permitan su regularización migratoria», reitera el comunicado.
El comunicado también expresa un reconocimiento explícito a aquellos gobiernos que ya han mostrado apertura y solidaridad con las víctimas de esta persecución política: «Nuestro reconocimiento a los gobiernos que, en consonancia con su respeto a los derechos humanos, han mostrado apertura para acoger a estas víctimas de la dictadura Ortega Murillo».
Este nuevo llamado de la Unidad Nacional se produce semanas después de un pronunciamiento de un grupo de periodistas afectados por la apatridia de facto que solicitan apoyo internacional para regularizar su estatus así sea acogido por otro país.
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