Periodistas nicaragüenses desnacionalizados de facto lanzan llamado internacional desde Costa Rica
Un grupo de periodistas nicaragüenses en situación de exilio y desnacionalización de facto alzó la voz este martes en una conferencia de prensa convocada desde las oficinas del Colectivo de Defensores de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en San José, Costa Rica. Los comunicadores hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional y a los Estados democráticos para que les brinden protección y garantías legales ante la represión y el vacío jurídico que enfrentan, tras haber sido despojados arbitrariamente de sus documentos de identidad por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En un comunicado, los periodistas denunciaron que «el Estado nicaragüense ha intensificado sus ataques contra comunicadores que documentamos violaciones a los derechos humanos, utilizando el terrorismo de Estado para silenciar nuestras voces. Esta persecución ha implicado agresiones físicas, amenazas de detención, acoso sistemático, cierre y confiscación de medios de comunicación y la retención arbitraria de nuestros documentos de identidad, dejándonos en un vacío legal que vulnera nuestros derechos fundamentales».
Los reporteros denunciaron que la dictadura de Nicaragua los ha privado de pasaportes, cédulas de identidad y otros documentos esenciales, lo que los condena a una situación de muerte civil: «Nos somete a una exclusión social y jurídica extrema, impidiéndonos acceder a servicios de salud, empleo formal y educación». Además, recordaron que figuras del régimen han atacado públicamente al periodismo independiente: «La vicedictadora Rosario Murillo nos tacha de “malignos” y “terroristas de la comunicación”, mientras el jefe del Ejército Julio César Avilés nos acusa de ser “mercenarios de la información”, con lo que nos ponen en riesgo incluso fuera de Nicaragua».
El grupo de periodistas instó a organizaciones internacionales como el Comité para la Protección de los Periodistas, Reporteros sin Fronteras y la Red Centroamericana de Periodistas, así como a Estados como España, Argentina, Chile y México, a que «tomen medidas concretas para proteger a los periodistas nicaragüenses en el exilio que también estamos en una desnacionalización de facto».
Durante la conferencia, Gonzalo Carrión, abogado del Colectivo Nicaragua Nunca Más, respaldó el pronunciamiento: «El periodismo independiente destaca de manera extraordinaria en esta persecución brutal. Ustedes asumieron y siguen asumiendo el deber de contar la verdad, y eso es digno de admiración. Esta desnacionalización de facto es una forma sistemática de infligir daño, sin precedentes en el mundo, dejando a las personas en un limbo, sin patria», afirmó, compartiendo que él mismo fue despojado de su nacionalidad pero logró acogerse a la nacionalidad española, a diferencia de los periodistas que aún no tienen reconocimiento legal.
En la conferencia también compartieron testimonios algunos redactores y fotoperiodistas que están viviendo esa condición de «despojo de nacionalidad de facto». El reportero gráfico Oscar Navarrete relató que, tras solicitar la renovación de su pasaporte en Nicaragua, una oficial de Migración le perforó el documento y nunca se lo devolvió: «Venga la próxima semana, me decían. Así me tuvieron tres meses hasta que desistí y salí al exilio. Nunca me lo entregaron y el documento quedó inutilizado».
El periodista Gerald Chávez, de Nicaragua Actual, reveló: «No me renovaron el pasaporte, tengo comprobantes de pago y mensajes del consulado. Me dijeron que si quería el pasaporte, debía ir a Nicaragua. Para un periodista, eso significa cárcel o muerte. Es un caso claro de apatridia de facto».
Por su parte, la periodista Nayel Martínez expresó: «No poder regresar a tu país, donde dejaste tu vida, tu familia, tus mascotas, es muerte civil. No me atrevo a ir al consulado de Nicaragua en Costa Rica porque eso pondría en riesgo mi estatus de refugio aquí. Estoy atrapada en un limbo».
El comunicado concluyó agradeciendo la solidaridad de la Asociación de Prensa de Madrid, que se pronunció en respaldo a la situación de los periodistas nicaragüenses.
La dictadura y la criminalización del periodismo
La represión contra la prensa independiente en Nicaragua ha alcanzado niveles de terror, convirtiendo al país en uno de los más peligrosos de la región para el ejercicio del periodismo. Según reportes de organizaciones como la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), más de 50 medios de comunicación han sido cerrados, confiscados o forzados al exilio por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
A esta ofensiva se suma el exilio masivo de periodistas: se estima que más de 260 comunicadores nicaragüenses se encuentran fuera del país, ejerciendo su labor desde el extranjero para continuar informando sobre la crisis que atraviesa Nicaragua. Medios emblemáticos como La Prensa, Artículo 66, 100% Noticias, Despacho 505, Nicaragua Actual, Radio Darío, Nicaragua Investiga, Divergentes, Confidencial y La Mesa Redonda mantienen su trabajo desde el exilio, enfrentando además amenazas, campañas de difamación y restricciones para informar.
En las listas oficiales de desnacionalizados publicadas por el régimen en febrero de 2023 —tanto los 222 presos políticos liberados y expulsados el 9 de febrero, como los 94 opositores despojados de su nacionalidad el 15 de febrero— figuran al menos una veintena de periodistas y directores de medios de comunicación.
Aunque las «sentencias» judiciales de la dictadura para despojarlos de su nacionalidad son espurias, al menos con esos documentos, estos periodistas han podido acogerse a procesos de protección o a la concesión de nacionalidad por parte de países como España. Sin embargo, otros periodistas, activistas y defensores de derechos humanos que también han sido forzados al exilio y privados de documentos legales por el régimen, como estos siete hombres y mujeres de prensa que ahora solicitan protección al reino de España, se encuentran en una situación de apatridia de facto, sin contar con reconocimiento oficial de desnacionalización, lo que los coloca en un limbo jurídico aún más precario.
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