La condena a 20 años de cárcel por traición a la patria impuesta contra el general en retiro Álvaro Baltodano ha sido interpretada como una señal de alarma para los mandos militares, tanto activos como retirados, en Nicaragua. Así lo plantea la comandante guerrillera y disidente sandinista Dora María Téllez, quien considera que el juicio contra Baltodano tiene un carácter político y revela el nivel de paranoia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo frente a cualquier figura con pasado de poder, incluso aquellas que en algún momento les fueron leales.
Téllez, líder del ilegalizado partido opositor Unión Democrática Renovadora (UNAMOS), advierte que esta condena podría tener un efecto contrario al que pretende la dictadura. En lugar de infundir temor y disciplina, podría despertar inquietud y hasta rebelión entre militares que se reconozcan como los próximos objetivos del régimen.
«Ortega y Murillo quieren mandar un mensaje a los militares retirados y en activo de que no “parpadeen” mucho, pero en realidad lo que copian los militares en activo y los retirados es lo contrario. Lo que ellos copian es que si no salimos de este régimen, todos ellos van a terminar pasando a La Modelo (la cárcel), en fila. Todos», valora la exguerrillera.
Téllez mencionó la muerte en manos de la dictadura del mismo Humberto Ortega, hermano de Daniel Ortega y cuñado de Rosario Murillo, como evidencia de que los tiranos sandinistas no perdonan a nadie en su afán de imponerse y preservar el poder.
«A Humberto Ortega lo llevaron a la muerte ahí, en prisión, de los Ortega y Murillo. Es decir, todos ellos (militares) van a ir desfilando porque aquí la incondicionalidad no sirve. Lo que los Ortega y Murillo muestran es que la incondicionalidad no paga. No importa cuánto se les arrodille alguien, qué rango tenga, qué haya hecho, cuán íntimo haya sido de ellos, ellos van a tirarle a matar cuando llegue el momento. Y les va a llegar el momento a todos porque la paranoia, el miedo, el terror que los Ortega y Murillo tienen, la intolerancia total al que parpadee algo que no parezca estar a favor de ellos y entonces funden (destruyen) a la gente», insiste la historiadora sandinista.
Y ese es el mensaje «que copian los militares y que copian los militares en retiro también y los militares en activo, de que hay una dictadura que los está poniendo en la fila a ellos también», interpreta la analista, con lo que concluye que esos militares activo o en retiro podrían decidirse a enfrentar a ese régimen, al menos para salvar su propia vida y su seguridad.
«Sicariato judicial» con jueces «siervos» y «sicarios»
La opositora también recalcó que el caso de Baltodano evidencia el carácter ilegítimo y represivo del sistema judicial bajo el mando directo de la pareja presidencial. «En este caso, como en todo el resto, toda operación de secuestro de personas en condición de ilegalidad, que no pueden ver a sus abogados, que no tienen derecho a un juicio público, que no tienen derecho a la defensa, pues eso es de naturaleza política. Es decir, son juicios espurios, ilegales e ilegítimos. Esa es la verdad. Toda persona que es capturada y a la que se le confisca el derecho a defenderse, no importa el crimen por el que se le acuse o no importa la condición por la que se le acuse o no importa el argumento por el que se le acuse, simplemente no tiene derecho a un juicio justo. Esos son actos de sicariato judicial», denunció.

Téllez señaló que los jueces que ejecutan estas condenas actúan como «siervos» del régimen, carentes de independencia y expuestos a ser desechados una vez que ya no son útiles al sistema. «Al sicariato judicial obedece que existe una dictadura, que en esa constitución que ellos publicaron en febrero, les deja al sistema judicial bajo las órdenes de la famosa copresidencia, pues de Daniel Ortega y Rosario Murillo, para decirlo en dos palabras. Entonces ellos pues ocultan información porque tienen una dictadura montada con un andamiaje constitucional y los jueces no son nada más que ejecutores. Son siervos, empleados, sicarios que tienen a su cargo el régimen de los Ortega Murillo y después los desechan también. El juez que me juzgó a mí, me condenó, ya está desechado. Ya lo desecharon, pues ya no les es útil. Le dan una patada y lo desechan. Y así van a desechar también a los que están condenando a todos estos presos políticos… Esos jueces van también a ser despachados».
La detención de Álvaro Baltodano, un militar que fue parte del círculo cercano del poder durante años y que ocupó cargos económicos estratégicos en el gobierno sandinista, marca un punto de quiebre. Según Téllez, «la dictadura está sembrando el temor no solo en la oposición civil, sino ahora también entre quienes hasta hace poco fueron parte de su aparato. Y eso —advierte— se les puede revertir».
La captura de Baltodano
El general en retiro Álvaro Baltodano fue capturado a inicios de mayo de 2024 por agentes de la Policía Nacional de Nicaragua, durante un operativo que llegó hasta su finca en el municipio de El Tuma, La Dalia, Matagalpa.
Solo se supo de la detención por una publicación del medio de comunicación Confidencial, y ayer martes, 10 de junio, también se conoció por el mismo medio de comunicación de que el exasesor presidencial habría sido condenado a 20 años de cárcel bajo el delito de «traición a la patria», la misma causa que la dictadura sandinista le impone a cualquier persona que lo ha criticado, con lo que de paso despojan de nacionalidad y confiscan los bienes, con lo que el régimen mata varios pájaros de un mismo tiro.
Baltodano no era un militar cualquiera. Fue una figura importante en el entramado económico del sandinismo durante casi dos décadas. Participó en la revolución de los años 80, se desempeñó como jefe militar de la región norte, y más adelante asumió funciones políticas y económicas de alto nivel. Entre 2007 y 2020, fue delegado presidencial para temas de inversión extranjera y tuvo fuerte influencia en el modelo de alianza público-privada promovido por Ortega con el gran capital.
También estuvo vinculado a la Agencia de Promoción de Inversiones ProNicaragua y fue representante del Ejecutivo en diversos foros empresariales nacionales e internacionales. Su rol fue fundamental en la articulación del poder económico del régimen durante los años de la «alianza corporativa» entre Ortega y los grandes empresarios.
Pese a su trayectoria leal al sandinismo, Baltodano fue apresado sin garantías procesales. Su juicio se realizó en secreto, sin acceso a defensa independiente ni observación pública, como ha sido la norma en los procesos políticos del régimen. Organismos de derechos humanos lo consideran preso político, y su caso ha generado alerta incluso entre círculos sandinistas y exmilitares, por el mensaje de que ni siquiera la lealtad histórica garantiza inmunidad frente a la represión del orteguismo.